Portugal da un giro a su política y endurece la norma para regularizar inmigrantes
El Gobierno exigirá a los extranjeros que obtengan un permiso de trabajo en los consulados del país de origen y dará prioridad a la llegada de universitarios y ciudadanos lusófonos
Portugal ha sido hasta ahora uno de los países comunitarios más abiertos a la llegada de inmigrantes. Desde 2017 estaba en vigor una ley de extranjería, aprobada por el Gobierno socialista de António Costa, que permitía la regularización de aquellas personas llegadas sin permiso de trabajo con la simple presentación de una declaración de interés. Luís Montenegro, primer ministro de la coalición conservadora Alianza Democrática, defendió esta tarde el giro en la polí...
Portugal ha sido hasta ahora uno de los países comunitarios más abiertos a la llegada de inmigrantes. Desde 2017 estaba en vigor una ley de extranjería, aprobada por el Gobierno socialista de António Costa, que permitía la regularización de aquellas personas llegadas sin permiso de trabajo con la simple presentación de una declaración de interés. Luís Montenegro, primer ministro de la coalición conservadora Alianza Democrática, defendió esta tarde el giro en la política migratoria del país para “acabar con algunos mecanismos que se han transformado en un abuso excesivo de nuestra capacidad para acoger inmigrantes”.
“Es necesario regular la inmigración para dar dignidad a las personas. Portugal no debe estar ni va a estar de puertas cerradas a quienes buscan oportunidades, que tienen cualificación y que nos hacen falta, pero no podemos ir al extremo de abrir puertas de par en par sin control ni acompañamiento”, planteó el primer ministro. El endurecimiento de la política migratoria, en línea con los vientos que soplan de la mayoría de países europeos, se desmarca de la línea aperturista que había distinguido al anterior ejecutivo de António Costa que, entre otras medidas, en plena pandemia decretó una regularización exprés de todos los inmigrantes que estaban pendientes de la autorización de residencia para permitir que tuviesen acceso a los servicios sanitarios y a la prestación por desempleo en caso de despido.
El Plan de Acción para las Migraciones, presentado esta tarde en Lisboa tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, certifica el final de este régimen excepcional al que describe como “puerta abierta y fuente de gran parte de los conflictos”. Montenegro aseguró que la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA) no está funcionando bien. Este organismo sustituyó al antiguo Servicio de Extranjeros en Fronteras (SEF), disuelto tras la muerte de un ucranio que fue agredido por agentes en el aeropuerto de Lisboa en 2020. La agencia regularizó la situación de 180.000 inmigrantes en 2023, pero acumula una larga lista de peticiones sin atender, que rondan las 400.000. Los cambios legales no afectarán a las personas que ya tienen en marcha su proceso administrativo.
La política migratoria es una de las principales bazas usadas en todas las campañas electorales por Chega, el partido de ultraderecha que lidera André Ventura. Esta tarde, Montenegro trató de desmarcarse del discurso populista que vincula inmigración e inseguridad ciudadana. “No hay ninguna relación directa entre la capacidad de recibir y acoger inmigrantes y la inseguridad. Hay delitos cometidos por nacionales y extranjeros”, indicó.
La nueva norma, que tendrá que ser aprobada por la Presidencia de la República antes de entrar en vigor, da prioridad a los ciudadanos procedentes de países lusófonos, además de los perfiles seleccionados por el Gobierno portugués para atraer mano de obra cualificada y estudiantes universitarios extranjeros. El control de fronteras pasará a estar en manos de la Unidad de Extranjeros y Fronteras, de nueva creación e integrada en la Policía de Seguridad Pública. Se prevé también reforzar la Agencia para la Integración, las Migraciones y el Asilo con más personal para tratar de agilizar los procesos pendientes.
Entre las 41 medidas del Plan de Acción para las Migraciones figura también la creación de un permiso de residencia por inversiones sociales en infraestructuras de acogida y proyectos de integración de inmigrantes, una variante de los visados dorados que antes facilitaban la residencia a cambio de compras inmobiliarias. Asimismo, el Gobierno portugués anuncia la apertura en Lisboa de un centro de acogida de emergencia con capacidad para 200 plazas, que permita albergar a inmigrantes recién llegados que carecen de alojamiento y duermen en la calle.
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