El Reino Unido acusa a Rusia del ‘hackeo’ a cientos de diputados, funcionarios y periodistas

El Gobierno británico está convencido de que los servicios de espionaje rusos han pirateado durante años las comunicaciones digitales de cientos de diputados, altos funcionarios y periodistas, y que retienen en su poder conversaciones privadas de todas las víctimas de sus ciberataques. El ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, ha convocado al embajador ruso en Londres, Andréi Kelin, para transmitirle la irritación del Ejecutivo británico ante lo que define como un “inte...

El Gobierno británico está convencido de que los servicios de espionaje rusos han pirateado durante años las comunicaciones digitales de cientos de diputados, altos funcionarios y periodistas, y que retienen en su poder conversaciones privadas de todas las víctimas de sus ciberataques. El ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, ha convocado al embajador ruso en Londres, Andréi Kelin, para transmitirle la irritación del Ejecutivo británico ante lo que define como un “intento de usar la información obtenida para interferir en los procesos democráticos y políticos del Reino Unido”.

Las autoridades británicas atribuyen el control de la operación a Centro 18, una unidad perteneciente al FSB, el servicio de inteligencia ruso (antes KGB). Los diversos ciberataques fueron llevados a cabo en la práctica por Star Blizzard, un grupo operativo dependiente de Centro 18 al que se conoce también por otros nombres como Callisto Group, SEABORGIUM o COLDDRIVER, según el Centro Nacional de Ciberseguridad británico.

Las autoridades del Reino Unido acusan a estos operativos rusos de llevar a cabo prácticas de spear-phishing, un ciberataque por el que se intenta engañar a personalidades relevantes de una organización para que divulguen de manera involuntaria información falsa o permitan el acceso de malware a las redes del grupo. Las víctimas habrían sido diputados de diversos partidos, y habrían sufrido estos ataques al menos desde 2015.

Uno de los ataques más divulgados en su momento fue la filtración de documentos intercambiados entres los Gobiernos británico y estadounidense respecto a la futura negociación de un tratado de libre comercio. Fue en 2019, justo antes de las elecciones generales en las que Boris Johnson arrasó con su promesa de hacer realidad el Brexit —Get Brexit Done—. Se discutía entonces la posibilidad de compensar los perjuicios de la salida de la UE con una nueva relación económica con Washington. El Gobierno atribuyó entonces la filtración al “Estado ruso”.

Los ciberataques y pirateos informáticos incluyeron también a universidades, periodistas, altos funcionarios, organizaciones no gubernamentales e instituciones de la sociedad civil. El espionaje ruso, según las autoridades británicas, estaría detrás del hackeo al Instituto del Buen Gobierno, un centro de pensamiento dedicado a impulsar iniciativas para la defensa de la democracia frente a intentos de desinformación.

Después de hacer públicos los resultados de su investigación y de haber convocado al embajador ruso, el Gobierno de Sunak ha anunciado una serie de sanciones contra dos individuos concretos. Se trataría de Ruslan Alexandrovich Peretiatko y Andréi Stanislovich Korinets, ambos vinculados al operativo Star Blizzard.

“Al sancionar a ambos responsables y convocar hoy al embajador ruso, estamos exponiendo públicamente todos los intentos maliciosos de injerencia, y arrojamos nueva luz sobre el modo en que Rusia opera en la escena geopolítica global”, ha dicho el ministro Cameron.

El Gobierno británico asegura que, a pesar del alcance de los ciberataques y de los intentos sostenidos durante muchos años por llevarlos a cabo, la pretensión de injerencia “en la política del Reino Unido y en sus procesos democráticos” no ha tenido éxito. “Sin embargo, cabe esperar que Moscú siga usando estos métodos para influir en la política británica y en la de otros países aliados”, según ha denunciado en la Cámara de los Comunes el secretario de Estado para Europa, Leo Docherty. El Centro Nacional de Ciberseguridad se ha comprometido a publicar normas y recomendaciones para que las personas consideradas “de alto riesgo” frente a estos ataques sepan como prevenirlos o combatirlos.

“Un ataque contra nuestras instituciones democráticas es un ataque contras los valores y libertades fundamentales del Reino Unido. No toleraremos injerencia extranjera. A través de la Ley de Seguridad Nacional estamos logrando que nuestro país tenga un entorno operativo duro y resistente frente a aquellos que persiguen interferir en nuestras instituciones democráticas”, ha dicho el ministro británico del Interior, James Cleverly.

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