La jueza rechaza la inmunidad presidencial de Trump en el caso electoral de Washington

La jueza federal Tanya Chutkan ha rechazado el pasado viernes en una resolución la petición del expresidente Donald Trump de que se archivase el caso electoral por el que está imputado en Washington, alegando que gozaba de inmunidad absoluta por su condición de presidente porque la imputación se basaba en acciones que llevó...

La jueza federal Tanya Chutkan ha rechazado el pasado viernes en una resolución la petición del expresidente Donald Trump de que se archivase el caso electoral por el que está imputado en Washington, alegando que gozaba de inmunidad absoluta por su condición de presidente porque la imputación se basaba en acciones que llevó a cabo mientras estaba en el cargo. Trump está imputado en este caso por cuatro delitos por su injerencia electoral para intentar robar las elecciones de 2020, que perdió contra Joe Biden.

La desestimación de esa petición no ha supuesto ninguna sorpresa, pero los abogados de Trump pueden ahora recurrir al tribunal de apelaciones y, en última instancia, al Tribunal Supremo. Eso permitiría a Trump, como mínimo, dilatar el proceso, de modo que el juicio no empiece a principios de marzo, como está previsto. Con su estrategia dilatoria, puede incluso retrasarse a después de las elecciones presidenciales de noviembre. Si Trump ganase esas elecciones, podría maniobrar para que el Departamento de Justicia abandonase sus acusaciones. En un caso extremo podría incluso autoindultarse.

De momento, la jueza Chutkan rechaza la inmunidad casi absoluta a la que pretendía aferrarse Trump. En la argumentación de su fallo, que se extiende en 48 páginas, el apellido Nixon aparece 24 veces. El caso Watergate, que provocó la dimisión de Richard Nixon como presidente en 1974, vino seguido de un indulto preventivo por parte de su sucesor en la Casa Blanca, pero el episodio demuestra que los antecesores de Trump no compartían su tesis de la inmunidad absoluta, que la jueza rechaza.

“El texto, la estructura y la historia de la Constitución no apoyan ese argumento. Ningún tribunal, ni ningún otro poder del Estado, lo ha aceptado nunca. Y este tribunal no lo hará. Cualesquiera que sean las inmunidades de que pueda disfrutar un presidente en ejercicio, Estados Unidos solo tiene un jefe del Ejecutivo a la vez, y ese cargo no confiere un salvoconducto de por vida para salir de la cárcel”, indica Chutkan.

“Los expresidentes no disfrutan de condiciones especiales en cuanto a su responsabilidad penal federal”, dice el texto con los fundamentos de derecho de la jueza. “El acusado puede estar sujeto a investigación federal, acusación, procesamiento, condena y castigo por cualquier acto criminal realizado mientras ocupaba el cargo”. Chutkan, nombrada por Barack Obama durante su mandato, argumenta que es probable que un presidente que sepa que sus actos pueden ser objeto de responsabilidad penal algún día se sienta motivado para velar más por el cumplimiento de las leyes.

La moción presentada en octubre por Trump ante el juzgado de Washington, de 52 páginas, empezaba señalando que el presidente de Estados Unidos es el núcleo del sistema de Gobierno, el líder de la nación, el jefe del Estado y el jefe de Gobierno. “Para garantizar que el presidente pueda ejercer su cargo sin vacilaciones, sin temor a que sus oponentes políticos por decisiones que no les gusten, la ley establece la inmunidad absoluta “para actos dentro del ‘perímetro exterior’ de la responsabilidad oficial [del presidente]”, alegaba, citando varios precedentes del Tribunal Supremo, que eventualmente podría estar llamado a decidir también en este caso.

El escrito que ahora Chutkan desmonta argumentaba: “Rompiendo 234 años de precedentes, la Administración en funciones ha acusado al presidente Trump por actos que se sitúan no solo en el ‘perímetro exterior’, sino en el núcleo de sus responsabilidades oficiales como presidente. Al hacerlo, la acusación no argumenta, ni puede argumentar, que los esfuerzos del presidente Trump por garantizar la integridad de las elecciones y abogar por ella estaban fuera del ámbito de sus funciones”.

Chutkan también rechaza las alegaciones de Trump de que la acusación viola la libertad de expresión del expresidente, como esgrimía su defensa. La jueza indica que “está bien establecido que la Primera Enmienda [que consagra la libertad de expresión] no protege el discurso que se utiliza como instrumento de un delito”.

“El acusado no está siendo procesado simplemente por hacer declaraciones falsas, sino más bien por hacer declaraciones falsas a sabiendas para promover una conspiración criminal y obstruir el proceso electoral”, sostiene, concediendo que si los fiscales no pueden probar más allá de toda duda razonable en el juicio que el acusado hizo declaraciones falsas a sabiendas, no será condenado.

Este fallo se produjo el mismo día en que el tribunal federal de apelaciones de Washington dictaminó en otro caso que las demandas que acusan a Trump de incitar a los disturbios del 6 de enero de 2021 pueden seguir adelante.

El tribunal de apelaciones ha rechazado los argumentos de Trump de que la inmunidad presidencial le exime de responsabilidad en las demandas presentadas por legisladores demócratas y agentes de policía. Pero los tres jueces dejan abierta la puerta a que Trump pueda alegar y demostrar más adelante, a medida que avanzan los casos, que sus acciones fueron tomadas en ejercicio de su cargo de presidente.

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