Una alianza de guerrillas en Myanmar gana terreno al ejército de la junta golpista en varios puntos del país

En las últimas semanas y en diversos puntos de Myanmar, la ofensiva lanzada por una alianza de guerrillas de minorías étnicas, a la que también se han unido milicias prodemocracia, ha deteriorado la superioridad militar del ejército birmano. Esta ofensiva, bautizada como Operación 1027 — por el 27 de octubre, cuando fue lanzada—, es descrita por varios analistas internacionales como la principal amenaza para las Fuerzas Armadas desde ...

En las últimas semanas y en diversos puntos de Myanmar, la ofensiva lanzada por una alianza de guerrillas de minorías étnicas, a la que también se han unido milicias prodemocracia, ha deteriorado la superioridad militar del ejército birmano. Esta ofensiva, bautizada como Operación 1027 — por el 27 de octubre, cuando fue lanzada—, es descrita por varios analistas internacionales como la principal amenaza para las Fuerzas Armadas desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021. Con aquel golpe los militares pusieron fin a los intentos de transición democrática iniciados una década antes. La tensión aumenta por momentos: la junta militar en el poder ha admitido que se han producido “fuertes ataques de un número significativo de rebeldes armados” en el norte, este y oeste de la antigua Birmania, y ha pedido que todos aquellos con formación militar básica estén listos para ser llamados a filas en caso de emergencia.

Myanmar lleva casi tres años sumida en el más profundo caos político, económico y social. Pero el conflicto interno se ha recrudecido desde el pasado 27 de octubre, cuando la Alianza de las Tres Hermandades, una coalición integrada por varios de los grupos étnicos armados más poderosos del país (el Ejército de Arakán, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang y el Ejército para la Alianza Democrática de Birmania) lanzó un ataque coordinado sin precedentes contra varios puestos militares del estado nororiental de Shan, limítrofe con China. La Operación 1027 pretende “defender la región de las incursiones militares de la junta” y erradicar “la opresiva dictadura castrense”, afirman sus organizadores, después de que, desde julio, el ejército intensificase los ataques contra algunas de las guerrillas. De momento, la alianza ha logrado tomar el control de al menos cuatro ciudades clave en la frontera con el gigante asiático y casi 150 puestos de vigilancia.

A la ofensiva se han sumado las fuerzas populares de defensa, constituidas principalmente por jóvenes sin experiencia bélica previa que tomaron las armas tras la agresiva campaña de represión que la junta inició contra la oposición en 2021. Ahora se han convertido en el brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés), organización que opera en la semiclandestinidad y se declara una autoridad legítima del país. El NUG está formado por muchos exdiputados del Ejecutivo depuesto de la Premio Nobel de la Paz de 1991, Aung San Suu Kyi, quien permanece bajo arresto domiciliario desde la sublevación. Grupos democráticos han iniciado una campaña denominada La ruta hacia Naipyidó, con la que aspiran tomar la capital, recoge Reuters.

En las últimas dos semanas, más de 90.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a la intensificación del conflicto en Shan (este) y las regiones vecinas de Mandalay (centro) y Kachin (noreste), según Naciones Unidas, que cifra en más de dos millones el número de birmanos que se han desplazado desde la asonada de 2021.

En medio de la espiral de violencia de los últimos días, los combates se han extendido hacia el extremo occidental del país. En el estado de Chin (noroeste), los rebeldes han capturado dos campamentos militares y aspiran a consolidar su poder a lo largo de la frontera con India, donde el Ejército birmano controla dos bases más. En el vecino Rakáin (oeste), la junta militar ha impuesto el toque de queda en la capital regional y bloqueado las principales carreteras de acceso, después de que el Ejército de Arakán lograse ocupar dos puestos de vigilancia en los límites con India. El grupo opositor asegura que casi medio centenar de agentes del régimen ha claudicado ante el avance de sus fuerzas, y la policía india ha confirmado que al menos 72 soldados birmanos se han refugiado en su país. Tropas heridas de la junta también se han rendido a los insurgentes en el estado oriental de Kayah, según ha verificado Reuters.

El portavoz de la junta militar, Zaw Min Tun, acusó el martes a los grupos rebeldes de “destruir el país entero” y el jueves aseguró que están implementando “medidas urgentes para protegernos de los graves ataques” en los Estados de Shan, Kayah y Rakáin. La semana pasada, el presidente en funciones birmano, Myint Swe, ya advirtió que la nación corría el riesgo de “quedar dividida en varias partes” si el gobierno “no gestiona eficazmente los incidentes que se están produciendo en zonas fronterizas”.

Pekín vigila de cerca la situación en el noreste

Aunque China ha respaldado a la junta castrense en la escena internacional desde la asonada y, junto a Rusia, es el principal proveedor de armas del Ejército birmano, su relación con los militares es compleja, pues mantiene con algunas guerrillas una larga historia de alianza étnica, económica y militar. Pekín, que ha pedido en varias ocasiones un alto el fuego, ha reiterado esta semana su “profunda preocupación por el conflicto en el norte de Myanmar” e instado a “tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad y la estabilidad en la frontera”.

Varios grupos étnicos armados llevan años disputándose los territorios que la alianza ha conquistado recientemente en el estado de Shan. Hasta la semana pasada, milicias leales a la junta controlaban puestos comerciales clave en el corredor económico China-Myanmar, que incluye oleoductos y gaseoductos que atraviesan el país desde el golfo de Bengala hasta el lugar donde la alianza lanzó su ofensiva, además de una autopista y una vía férrea por las que transitan cientos de millones de dólares en mercancías hacia China.

En la región también se localizan varios de los centros controlados por mafias chinas en los que miles de trabajadores del sudeste asiático (120.000, según Naciones Unidas) han sido engañados y obligados a realizar ciberestafas. Pekín lleva meses presionando al ejército para que reprima la delincuencia en la zona y, desde agosto, ha lanzado varias campañas para desmontar algunas de estas redes de trata. Algunos analistas consideran que la operación china, que según medios oficialistas ha reducido la criminalidad en un 24% en apenas tres meses, ha desencadenado una reacción en cadena que ha reconfigurado el poder en la zona fronteriza.

Con la Operación 1027, la resistencia ha arrebatado el control a la junta militar de un tramo de tierra por el que pasa el 40% del comercio fronterizo con China, en un momento en el que Myanmar depende más que nunca de su vecino. El resto discurre por otras zonas del extremo septentrional del país, controladas o disputadas por otros grupos rebeldes, entre los que se incluye el Ejército de Independencia Kachin.

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