Justicia incompleta: los infanticidios cometidos por la enfermera Lucy Letby abren dudas y preguntas en el Reino Unido

Cuando el doctor Stephen Brearey, jefe de la unidad neonatal de cuidados intensivos del Hospital Condesa de Chester, puso en una misma hoja de Excel las causas y circunstancias de las extrañas muertes súbitas de bebés prematuros ocurridas en los últimos nueve meses —era el 15 de febrero de 2016—, solo había un factor común en todos los casos: la enfermera presente era la misma. “Fue la primera vez que comencé a preocuparme por la naturaleza poco habitual de todos estos fallecimientos. Escribí al equipo directivo para abordar ...

Cuando el doctor Stephen Brearey, jefe de la unidad neonatal de cuidados intensivos del Hospital Condesa de Chester, puso en una misma hoja de Excel las causas y circunstancias de las extrañas muertes súbitas de bebés prematuros ocurridas en los últimos nueve meses —era el 15 de febrero de 2016—, solo había un factor común en todos los casos: la enfermera presente era la misma. “Fue la primera vez que comencé a preocuparme por la naturaleza poco habitual de todos estos fallecimientos. Escribí al equipo directivo para abordar la relación de Lucy con lo sucedido”, contó el médico al comparecer en el juicio, y más tarde en la BBC. El hospital tardó hasta tres meses en convocar esa reunión. Y mucho más en acabar trasladando el asunto a la policía. En medio de ese tiempo, el equipo gestor trató incluso de proteger a la sanitaria acusada por sus compañeros, y forzó una disculpa por escrito de los médicos que habían planteado sus sospechas.

Ante el horror desatado por la enfermera Lucy Letby (Hereford, Reino Unido, 33 años), condenada este lunes a cadena perpetua sin remisión por el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros seis, la pregunta que atormentará a los padres de las víctimas el resto de sus vidas es por qué lo hizo. Y lo más probable es que nunca obtengan una respuesta. Pero la segunda pregunta más acuciante es por qué tardaron tanto en actuar los superiores de la sanitaria.

“No forma parte de mis funciones llegar a una conclusión sobre la razón íntima o las razones para tus actos. Ni siquiera podría, porque solo tú las conoces”, admitía el juez James Goss al leer su sentencia a una Letby que había elegido no estar presente en la sala de Manchester, para irritación de gran parte de la opinión pública. “Lo único que puedo hacer es dictar la sentencia apropiada conforme a la ley, que tenga en cuenta la gravedad de tus delitos”, concluía el magistrado. Por cuarta vez en la historia del Reino Unido, una mujer ha sido condenada a “pasar el resto de su vida en la cárcel”, como pago a una “campaña cruel, calculada y cínica de infanticidios”, dice el texto condenatorio.

“Soy malvada y yo hice esto”

El fiscal Nick Johnson llegó a plantear, durante los nueve meses que duró el juicio, hasta cinco motivos que permitieran entender qué fue lo que impulsó a Letby a inyectar aire en las venas de los bebés prematuros, envenenarlos con insulina o provocar su muerte con sobrealimentación. Quizás le gustaba jugar a ser Dios (playing God, en la expresión inglesa), y ser la primera en alertar a sus compañeros después de haber provocado la tragedia; o excitaba su adrenalina la tensión que surgía en la unidad de cuidados intensivos cada vez que un bebé fallecía; la acusación llegó a sugerir que Letby buscaba, con cada maniobra asesina, reclamar la atención de un médico internista del que estaba enamorada; o simplemente, se aburría; o ella misma escarbó en su interior la semilla de su propia maldad: “Los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para poder cuidar de ellos. SOY MALVADA Y YO HICE ESTO”, decía el post-it amarillo que la policía encontró entre las páginas del diario de Letby.

“[Esas notas] nos han permitido ver un pequeño destello dentro de su cabeza”, asegura Sohom Das, uno de los psiquiatras que ha seguido al detalle el juicio contra Letby. “Una pequeña parte de ella sentía cierto remordimiento o vergüenza, aunque no resultó suficiente como para impedir que llevara adelante sus atroces asesinatos, ni para que fuera capaz de admitir la verdad durante la vista”, concluye Das.

La enfermera ha negado hasta el final todas las acusaciones, aunque a medida que se acumulaban las pruebas en su contra, sus respuestas eran más breves y esquivas.

El “deber de honestidad” profesional

Los padres de los bebés asesinados o lesionados de por vida —la “Bebé G”, como se la llamó durante el juicio, sufre parálisis cerebral tetrapléjica, después de que Letby le inyectara dosis excesivas de leche— respiran más tranquilos con la sentencia. Pero para obtener un alivio moral completo, y la sensación de justicia, necesitan saber por qué el equipo directivo del Hospital Condesa de Chester, en cuya unidad de neonatos ocurrieron los asesinatos, tardó tanto en actuar. No basta con la responsabilidad individual de la enfermera. Alguien falló en su deber de vigilancia. Y el “deber de honestidad”, que obliga a decir la verdad a los pacientes y sus familiares, no queda completamente asumido por parte del hospital si simplemente ofrece sus disculpas después de conocer el contenido de la sentencia.

El Gobierno de Rishi Sunak ofreció en un principio la puesta en marcha de una comisión de investigación “no reglamentaria”, con el argumento de que la flexibilidad de este tipo de indagaciones independientes permitiría dar a los familiares una respuesta rápida a sus dudas y angustias. Las víctimas, sin embargo, reclaman una comisión de investigación reglamentaria y pública, que otorgue al magistrado que se ponga al frente poderes legales para obligar a comparecer a cualquier testigo o reclamar de las autoridades los documentos que estime necesarios para sus pesquisas. Es un procedimiento más garantista y, por lo tanto, más lento. Algunas comisiones, como la que investigó el incendio trágico de la torre Grenfell de Londres, se han demorado hasta siete años. Pero otras, como la encargada de evaluar la gestión de la pandemia, tiene previsto alcanzar sus conclusiones en tres años.

Los abogados del bufete Slater & Gordon, que representa a dos de las familias, aseguran en un comunicado: “Los errores cometidos en este caso son muy serios. Cualquier investigación necesita tener una base legal para hincar realmente el diente en lo sucedido”. Y añaden: “No creemos que el ‘deber de honestidad’ sea un sustituto adecuado de un informe obligatorio y formal. Cualquier investigación necesita examinar lo ocurrido de modo correcto, para que no suceda algo similar en cualquier otro departamento del Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés)”.

A lo largo del juicio, y por informaciones publicadas durante los últimos meses en medios británicos diversos, se han conocido presuntas negligencias administrativas de difícil justificación. El pediatra y jefe de la unidad de neonatos, Brearey, expresó en varias ocasiones a la dirección del centro sus sospechas de Letby, sin que nadie le hiciera caso. “Lo razonable habría sido que hubieran acudido en ese momento a la policía. De haberlo hecho, es admisible concluir que al menos dos de los trillizos [O y P, en el juicio] estarían hoy vivos”, acusa el médico. Se acumularon las torpezas y negligencias. Brearey tardó dos años en conocer los análisis de laboratorio que señalaban una cantidad inexplicable de insulina en la sangre de uno de los bebés asesinados. Una revisión posterior mostró el mismo fenómeno en los resultados de otro de los prematuros fallecido. “En un mundo ideal, uno esperaría que el laboratorio hiciera sonar la alarma, pero no fue así. Para mí está claro que esta es la prueba evidente del caso, y no tengo la menor duda de que Letby quiso hacer daño a estos bebés”, señala.

Algunos padres aseguran que, al expresar sus dudas y recelos al director médico del hospital, Ian Harvey, no recibieron nunca una respuesta. Y personal sanitario del centro, que ha decidido mantenerse en el anonimato, asegura que la dirección hospitalaria estaba más preocupada por proteger su reputación que por vigilar a Letby. Llegaron incluso a plantearse que regresara a la unidad de neonatos después de haberla retirado de manera preventiva durante un tiempo a un departamento administrativo, donde la enfermera entró en un estado depresivo.

El Hospital Condesa de Chester funciona como un trust (fundación) del NHS, lo que le permite tener mayor autonomía de gestión y capacidad de recaudar fondos propios. De ahí la presunta obsesión de la dirección del centro por preservar su buena imagen. Su director ejecutivo, Tony Chambers, se retiró poco después del arresto de Letby, en 2018. Ganaba 187.000 euros al año. El director médico, Harvey, vive en una finca de la Provenza francesa después de cobrar 2,1 millones de euros provenientes de un fondo de pensiones.

Ambos se han comprometido a colaborar en la investigación de la comisión, al margen de que sea o no reglamentada.

Ante la presión de la opinión pública, el Gobierno de Sunak se inclina cada vez más por otorgar poderes completos al juez que se ponga al frente del proyecto. Lucy Letby puso en marcha un plan diabólico del que nunca se conocerán sus impulsos ocultos, pero la idea de que algo tan terrible ocurriera a los seres humanos más vulnerables, los bebés prematuros, hace inevitable una revisión a fondo de los procedimientos y métodos de una institución pública como el NHS, que durante décadas fue el depositario incondicional de la confianza de los ciudadanos británicos.

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