Protestas en Canadá por la negativa oficial a buscar los restos de mujeres indígenas en un basurero

Activistas indígenas protestan desde el pasado martes a un costado del Museo canadiense de Derechos Humanos ubicado en Winnipeg, en la provincia de Manitoba, en centro del país. Decidieron trasladarse a ese lugar tras haber sido desalojados de uno de los accesos al principal basurero de la ciudad, donde habían instalado un campamento. Su protesta se debe a la negativa del Gobierno provincial a buscar los restos de...

Activistas indígenas protestan desde el pasado martes a un costado del Museo canadiense de Derechos Humanos ubicado en Winnipeg, en la provincia de Manitoba, en centro del país. Decidieron trasladarse a ese lugar tras haber sido desalojados de uno de los accesos al principal basurero de la ciudad, donde habían instalado un campamento. Su protesta se debe a la negativa del Gobierno provincial a buscar los restos de tres mujeres autóctonas en otro vertedero, víctimas de un supuesto asesino en serie.

La policía de Winnipeg arrestó en mayo de 2022 a Jeremy Skibicki, un individuo de 35 años de edad con un largo historial delictivo de agresiones sexuales, amenazas y lesiones. Fue acusado de la muerte de Rebecca Contois, una mujer indígena de 24 años cuyos restos fueron hallados en una zona del basurero Brady. En diciembre, Skibicki fue acusado del homicidio de otras tres mujeres autóctonas: Morgan Harris (39 años), Marcedes Myran (26 años) y una tercera víctima que aún no ha sido identificada por las autoridades. La policía sospecha que los restos de estas mujeres podrían estar en el vertedero de Prairie Green.

El Gobierno provincial anunció a principios de mes que no financiará la búsqueda de los cuerpos en dicho basurero, luego de analizar un informe presentado en mayo. El documento señalaba que las pesquisas podrían tardar hasta tres años y representar una factura máxima de 184 millones de dólares canadienses (unos 140 millones estadounidenses). Sin embargo, Heather Stefanson, primera ministra de Manitoba, subrayó que la decisión obedecía a que no podía arriesgar la salud y la seguridad de los trabajadores encargados de las tareas “por una investigación cuyo resultado no estaba garantizado”.

Dos días después, un grupo de activistas indígenas decidió bloquear como protesta el acceso al basurero Brady, ubicado en el sur de la ciudad. El desalojo se produjo la mañana del martes, tras la orden de un juez. Los inconformes decidieron mudar su campamento a unos metros del Museo canadiense de Derechos Humanos. Jorden Myran, hermana de una de las víctimas, declaró a la cadena CBC que piensan “mantener abierto el campamento y protestar hasta que acabe la búsqueda en el basurero”.

Marc Miller, ministro federal de Relaciones Indígenas, lamentó el 12 de julio la decisión del Gobierno de Manitoba, calificándola de “cruel”. En respuesta, la primera ministra Stefanson dijo que los comentarios de Miller eran “desafortunados” y pidió no politizar este asunto. Este lunes, la Asamblea de jefes indígenas de Manitoba solicitó al Gobierno provincial reconsiderar su decisión, afirmando que los expertos creen que hay maneras de proteger a los trabajadores de los residuos tóxicos del basurero.

Estas muertes y sus respectivas indagatorias vuelven a poner sobre la mesa asuntos espinosos en Canadá. Un informe del Gobierno federal publicado en 2019 estimaba que las mujeres indígenas del país tienen hasta 12 veces más probabilidades de ser víctimas de asesinatos y desapariciones. Asimismo, la Real Policía Montada de Canadá y otros cuerpos de seguridad han reconocido que varias de sus acciones han sido condicionadas por el racismo y la discriminación, particularmente hacia las comunidades autóctonas. El juicio de Jeremy Skibicki, el supuesto asesino en serie, comenzará en abril.

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