La Asamblea de Ecuador decide sobre el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso
El informe de juicio político contra el mandatario no pasó el filtro de la comisión de fiscalización y ahora va a manos de los 137 asambleístas
El informe de la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional, que analizó las más de 100 pruebas que se entregaron en el proceso de juicio político al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por el delito de peculado, no alcanzó los votos para aprobar el documento que recomienda que no se dé el enjuiciamiento del mandatario.
“No existen elementos para establecer responsabilidad política alguna por el delito de peculado”, estipul...
El informe de la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional, que analizó las más de 100 pruebas que se entregaron en el proceso de juicio político al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por el delito de peculado, no alcanzó los votos para aprobar el documento que recomienda que no se dé el enjuiciamiento del mandatario.
“No existen elementos para establecer responsabilidad política alguna por el delito de peculado”, estipula una de las conclusiones que se leyó en la sesión que se realizó el sábado pasado, que se extendió por cerca de siete horas y donde solo estuvo presente una de las cuatro proponentes del juicio político.
El informe de la comisión no es vinculante, por lo tanto, como parte del procedimiento fue enviado al presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, para que en máximo 48 horas lo ponga en conocimiento de los asambleístas, quienes serán convocados a una sesión donde tendrá que comparecer el presidente Lasso.
En esa sesión, los 137 asambleístas debatirán si el mandatario tiene responsabilidad política o no y tendrán unos días más para convocar nuevamente y votar. Se requiere la aprobación de 92 legisladores para censurar y destituir al presidente según la normativa de Ecuador.
Los legisladores interpelantes de la bancada de UNES acusan a Lasso de haber permitido que se mantenga un contrato millonario entre la empresa estatal de transporte de petróleo, Flopec, y la empresa offshore Amazonas Tanker Pool.
La solicitud de juicio político, que se inició formalmente el 16 de marzo con el apoyo de 59 legisladores, podría tener un desenlace en un momento político clave, cuando Ecuador tendrá cambios de autoridades locales, de alcaldes y prefectos, y dentro de la Asamblea se reasignarán a los miembros de las comisiones y a la máxima autoridad del Legislativo por los próximos dos años.
El presidente Lasso tiene también la opción de decretar la muerte cruzada, una figura que está en la Constitución ecuatoriana que le da el poder de disolver la Asamblea y convocar a elecciones anticipadas. El mandatario ya ha dicho que usará este mecanismo en caso de que prospere el impeachment en su contra.
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