El Gobierno de Ecuador ordena a los militares actuar contra las amenazas terroristas del narco
Varios analistas sostienen la medida se abre la puerta al uso excesivo de la fuerza
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ordenó a través de un decreto a las Fuerzas Armadas de Ecuador “iniciar, de manera inmediata, las acciones para reprimir la amenaza terrorista”. Esto ocurre después de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado declarara al terrorismo como amenaza, el pasado 27 de abril, y recomendara al presidente aprobar el uso de armas letales en contra de las bandas narcodelictivas, a los que responsabiliza de la grave si...
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ordenó a través de un decreto a las Fuerzas Armadas de Ecuador “iniciar, de manera inmediata, las acciones para reprimir la amenaza terrorista”. Esto ocurre después de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado declarara al terrorismo como amenaza, el pasado 27 de abril, y recomendara al presidente aprobar el uso de armas letales en contra de las bandas narcodelictivas, a los que responsabiliza de la grave situación de inseguridad que vive el país sudamericano. En los primeros cinco meses del año, se registran 2.230 muertes violentas.
El decreto tiene cinco artículos en los que ordena coordinar las tareas antiterroristas con la Policía Nacional e incluso dispone al Ministerio de Finanzas para que entregue los recursos económicos para ese fin. Daniel Pontón, investigador en seguridad y defensa, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, sostiene que el documento no es claro. “Es ambigüo y no está resolviendo nada, más bien se está interpretando que se hará uso excesivo de la fuerza”, añade.
Se refiere al tercer artículo del decreto que pide al SNAI, el organismo que tiene la responsabilidad de manejar el sistema de cárceles, “tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que, como resultado de las operaciones militares y policiales antiterroristas, sean sometidos a procesos judiciales penales, con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de libertad”.
“Da la impresión de que se está anunciando que va a entrar a aplicar la fuerza de manera indiscriminada, del todo por el todo”, dice Pontón. Con él coincide el abogado penalista Nino Casanello: “Es una forma de arreglar celdas especiales para los militares”. Se va a “generar una euforia donde vamos a ver cada vez más balaceras protagonizadas por las fuerzas armadas”, dice Casanello.
Ecuador ha vivido en el último mes episodios de extrema violencia, una masacre a nueve pescadores y vendedores de mariscos en el puerto pesquero de la ciudad de Esmeraldas, que está al norte del país. Y la última masacre perpetrada por sicarios en la avenida Gómez Rendón, un populoso sector de Guayaquil, donde el pasado sábado asesinaron a 10 hombres y dejaron a tres personas heridas, entre ellas una niña de tres años.
Según Pontón, las acciones tomadas por el Gobierno de Lasso para controlar el acelerado aumento de crímenes no apunta en “trabajar con la justicia, en la lucha contra la impunidad y evitar que nueva gente se siga reclutando”. Tampoco se han tomado medidas para “cortar el abastecimiento económico de las estructuras delictivas, la guerra debe ser en lo económico, que es donde les duele”, añade Casanello.
El 3 de mayo, un operativo que se ejecutó en 10 países europeos develó los nexos de la mafia Ndrangheta que lavaba grandes cantidades de dinero en países sudamericanos, incluido Ecuador. La Europol informó que descubrieron que la red estaba trabajando en asociación con la mafia albanesa que opera en el país.
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