La policía peruana entra en la principal universidad de Lima para detener a los manifestantes acampados

Un contingente policial ingresó este sábado por la mañana a la fuerza en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la principal de Perú, con el encargo de desalojar del lugar a los cientos de manifestantes de las regiones del sur del país días después de que el recinto fuera tomado por el gremio estudiantil para servir de refugio a los llegados a la capital para protestar contra el Gobierno.

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Un contingente policial ingresó este sábado por la mañana a la fuerza en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la principal de Perú, con el encargo de desalojar del lugar a los cientos de manifestantes de las regiones del sur del país días después de que el recinto fuera tomado por el gremio estudiantil para servir de refugio a los llegados a la capital para protestar contra el Gobierno.

Con la ayuda de blindados, una andanada de bombas lacrimógenas y amparándose en el estado de emergencia, las fuerzas de seguridad derribaron las rejas del campus universitario e ingresaron para detener a los ciudadanos que durante dos días seguidos han marchado en el Centro Histórico de Lima en contra del Gobierno de Dina Boluarte, quien sucedió a Pedro Castillo el 7 de diciembre tras su autogolpe fallido.

Durante la operación han sido detenidas unas 150 personas. Al mediodía, un grupo de fiscales de prevención del delito se personó en el campus de la Universidad de san Marcos para asegurarse de que las detenciones se realizaran con el debido proceso. El despliegue policial ha incluido numerosos vehículos y un helicóptero de apoyo que ha sobrevolado el campus durante todo el operativo.

El viernes por la noche las autoridades de la Universidad San Marcos emitieron un comunicado donde denunciaban diversos incidentes supuestamente cometidos por los manifestantes acampados en la ciudad universitaria: agresión a los agentes de seguridad para “sustraerles sus equipos y chalecos” y “robo de siete aparatos electrónicos de seguridad”. La rectora de la universidad decana de América, Jeri Ramón, había expresado su rechazo hacia la toma de los estudiantes y advirtió de que los manifestantes antigobierno solo podían quedarse una noche, según acuerdo del Consejo Universitario.

Un grupo de universitarios que se dirigió hacia la sede del ministerio público para elevar sus reclamos por el operativo declaró: “Nos han tratado como si fuésemos delincuentes”.

“La Policía no deja ingresar a asesores de mi despacho para verificar que no se vulneren los derechos de los estudiantes ni de los ciudadanos dentro de la universidad San Marcos ni que no se realicen detenciones arbitrarias”, se quejó la congresista Isabel Cortez. Diversos actores políticos han denunciado que el operativo se realizó sin la presencia de fiscales y que durante las primeras horas se prohibió el ingreso de periodistas, abogados y personal de salud.

Diversos vídeos del operativo en la universidad muestran a personas tumbadas boca abajo, con las manos en la espalda, así como a los agentes del orden revisando sus pertenencias y requisando las donaciones.

Desde el miércoles empezaron a llegar a esta universidad cientos de personas de Puno, Arequipa y Cuzco, entre otros puntos del país, que venían a la capital peruana para participar en las grandes marchas convocadas que piden la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y el adelanto de elecciones.

Estudiantes de la Universidad San Marcos mostraron esta semana su apoyo a los manifestantes y organizaron colectas y cadenas de donaciones de agua, alimentos, mantas o colchones para ellos.

Mientras, el principal atractivo turístico de Perú suspende las visitas, informa Efe. La ciudadela del Machu Picchu y el camino inca permanecerán cerrados desde este sábado y por tiempo indefinido debido a las protestas antigubernamentales. La medida responde, según el comunicado, al interés por “salvaguardar la seguridad de los turistas y la población en general” en vista de “la actual coyuntura social en la que se encuentra nuestra región y el país”.

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