Londres retrasa las elecciones en Irlanda del Norte para apurar la negociación con Bruselas

El Gobierno conservador del Reino Unido sabe que, aunque la ley obligue a convocar nuevas elecciones en Irlanda del Norte, ninguno de los partidos de la región autónoma desea volver a las urnas. El ministro Chris Heaton-Harris, responsable de supervisar el funcionamiento de las instituciones de ese territorio autónomo, ha anunciado este miércoles en la Cámara de los Comunes que ampliará seis semanas, prorrogables hasta...

El Gobierno conservador del Reino Unido sabe que, aunque la ley obligue a convocar nuevas elecciones en Irlanda del Norte, ninguno de los partidos de la región autónoma desea volver a las urnas. El ministro Chris Heaton-Harris, responsable de supervisar el funcionamiento de las instituciones de ese territorio autónomo, ha anunciado este miércoles en la Cámara de los Comunes que ampliará seis semanas, prorrogables hasta doce, el plazo automático para imponer nuevos comicios. Con el nuevo calendario, la convocatoria podría retrasarse hasta abril.

El pasado 28 de octubre se cumplió el límite de seis meses desde las elecciones celebradas en mayo, en las que el Sinn Féin —el partido que un día fue el brazo político de la organización terrorista IRA— obtuvo una victoria histórica. A su candidata, Michelle O´Neill, le correspondía ocupar el puesto de ministra principal. Pero el Acuerdo de Viernes Santo, que trajo la paz a ese rincón de Europa castigado por décadas de violencia sectaria, estableció unas reglas de juego muy claras: el poder debería ser siempre compartido entre los dos principales partidos —unionista y republicano— tanto en el Gobierno autónomo como en el resto de instituciones.

La formación protestante con mayores apoyos, el Partido Democrático Unionista (DUP, en sus siglas en inglés), se ha negado, desde su derrota en las urnas, a volver al Ejecutivo. Ni siquiera quiso participar en la elección de un nuevo presidente de la Asamblea Autónoma de Stormont, el primer paso para recuperar el funcionamiento normal de las instituciones. El DUP considera que el Protocolo de Irlanda del Norte, el delicado encaje de la región en la nueva era que abrió el Brexit, fue una traición a la comunidad protestante. Al acordar que la región quedara dentro del mercado interior de la UE y de su espacio aduanero, el entonces Gobierno de Boris Johnson estableció de facto una frontera en el mar de Irlanda, entre la isla Gran Bretaña y el territorio norirlandés. Los unionistas exigen la anulación completa del protocolo antes de su vuelta al Gobierno compartido.

“Nuestro objetivo es lograr el tiempo y el espacio necesarios para que avancen las negociaciones entre el Reino Unido y la UE, y para que los partidos de Irlanda del Norte trabajen juntos para restaurar cuanto antes las instituciones autonómicas”, ha dicho Heaton-Harris.

Ante las numerosas fricciones creadas en el comercio entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con los nuevos controles impuestos por el protocolo, pero sobre todo ante la tensión sectaria provocada por los protestantes por su rechazo al acuerdo —con una violencia callejera resucitada— Londres decidió anular de modo unilateral el protocolo. El Gobierno de Johnson impulsó una ley que acababa con disposiciones fundamentales del texto, cuyo trámite parlamentario se encuentra ya en la última fase. Bruselas ha respondido con medidas legales y sobrevuela la amenaza de una guerra comercial entre ambos bloques. En un momento delicado de la economía británica, el nuevo primer ministro, Rishi Sunak, desea evitar mayores tensiones con la Unión Europea.

Rebaja del sueldo de los diputados

El Gobierno de Sunak entiende que nada aviva más el deseo de negociar y acordar de los partidos norirlandeses que tomar medidas que afecten a los bolsillos de sus diputados. El ministro Heaton-Harris ha anunciado que rebajará por ley un 27,5% del sueldo de los parlamentarios, mientras permanecen cruzados de brazos. Sabe Downing Street que cuenta, al menos a corto plazo, con la complicidad de una ciudadanía que sufre ya la crisis del coste de la vida, mientras ve cómo sus políticos son incapaces de entenderse entre ellos. “La gente de Irlanda del Norte está frustrada ante la idea de que sus parlamentarios se lleven su sueldo íntegro sin cumplir a cambio las tareas y deberes para las que han sido elegidos”, ha asegurado el ministro.

La respuesta del DUP, que vincula su futuro político a la desaparición del Protocolo de Irlanda del Norte, ha expresado ya su indiferencia ante el recorte de sueldos: “Nuestra oposición al protocolo no depende de los salarios. Cuanto antes aborde Londres este asunto, antes se restablecerán las instituciones autonómicas”, ha dicho el diputado unionista Edwin Poots.

Los líderes del Sinn Féin han reprochado a Downing Street que la rebaja de salarios sea indiscriminada, y no se centre, en cambio, en los diputados del DUP, responsables del boicot. O´Neill ha acusado al Gobierno de Sunak de generar más incertidumbre: “Se han limitado a poner nuevos plazos, sin aclarar si habrá o no nuevas elecciones. ¿Qué piensa hacer el Gobierno británico para alcanzar un acuerdo respecto al protocolo?”, ha preguntado la política republicana.

La prórroga, sin embargo, ha sido muy bien acogida por el Gobierno irlandés, corresponsable con Londres de supervisar el funcionamiento del Acuerdo de Viernes Santo. “Ruego encarecidamente a las autoridades del Reino Unido que usen esta oportunidad renovada para involucrarse de un modo positivo, y con una urgencia real, bajo el conocimiento de que la Comisión Europea ha escuchado con atención las preocupaciones de los ciudadanos norirlandeses, especialmente de los unionistas”, ha dicho el ministro irlandés de Exteriores, Simon Coveney, después del anuncio de la prórroga electoral.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, encargado de la negociación con Londres, ha visitado Irlanda del Norte, y puso sobre la mesa una oferta que rebajaba hasta en un 80% los controles aduaneros entre Gran Bretaña y el territorio británico norirlandés. La respuesta de Londres fue imponer nuevas exigencias que resultaron imposibles para Bruselas, como la desaparición de la tarea supervisora del Tribunal de Justicia Europeo en la región, para velar por el buen funcionamiento del mercado interior.

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