Ecuador responde al año más sangriento contra las mujeres con un presupuesto mínimo
Las 245 muertes hasta agosto superan a todas las de 2021, pero el Gobierno utiliza solo el 5% de los fondos contra la violencia machista
Las cifras oficiales están en contra de las mujeres ecuatorianas. El número de asesinatos y el dinero utilizado para los programas de lucha contra la violencia de género resultan en una dualidad fatal. Los femincidios y muertes violentas por razón de género son los más altos desde que Ecuador empezó a contarlos oficialmente en 2014 y llegaron a 245 en agosto. Es una realidad que desborda ya a la de 2021, que era hasta ahora el año más sangriento para ellas con 227 mujeres muertas. Pese al aumento de...
Las cifras oficiales están en contra de las mujeres ecuatorianas. El número de asesinatos y el dinero utilizado para los programas de lucha contra la violencia de género resultan en una dualidad fatal. Los femincidios y muertes violentas por razón de género son los más altos desde que Ecuador empezó a contarlos oficialmente en 2014 y llegaron a 245 en agosto. Es una realidad que desborda ya a la de 2021, que era hasta ahora el año más sangriento para ellas con 227 mujeres muertas. Pese al aumento de la violencia machista, el Gobierno ecuatoriano solo ha ejecutado un 5% de los fondos presupuestados para este año para la erradicación y prevención de este problema enraizado en la cultura y la educación.
De los tres millones de dólares disponibles, solo se han usado 124.269. Esos fondos forman parte de los 13 millones de dólares asignados a la Secretaría de Derechos Humanos, que lidera la política contra la violencia contra las mujeres y financia los llamados centros violeta. Esa cartera ministerial solo ha ejecutado 1,13 millones de dólares en lo que va de año, o sea, un 15% de lo que podría haber hecho con ese presupuesto. Y, en paralelo, el Consejo Nacional de Igualdad lleva en su registro contable de septiembre 780.000 dólares en circulación. EL PAÍS solicitó sin éxito una entrevista con la ministra responsable, Paola Flores, para conocer las razones de la lentitud de ejecución de los planes contra la violencia machista.
La directora de la Red Nacional de Casas de Acogida, Geraldina Guerra, achaca esta doble realidad -el aumento de muertes y el recorte de fondos- a la falta de implicación gubernamental en el problema. “No se trata solo de anunciar una política pública, sino de ponerla en operación”, reprocha. “Hacen falta fondos suficientes, pero también eficientes. No basta con firmar un decreto y listo. ¿Quién vigila que se cumpla lo prometido?”, añade con indignación. El resultado, razona Guerra, es que “queda un mensaje permanente de impunidad en la sociedad” y ese es el trasfondo para que las cifras de muertes y de agresiones a mujeres siga en ascenso en lugar de retroceder.
La directora de la red, que está integrada por una decena de casas de acogida, recuerda que ONU Mujeres ha reconocido que estos centros deben ser considerados un servicio esencial por los países. “Aquí nos han reducido los fondos al retirarnos a personal: ya no hay educadora y solo han dejado una facilitadora, que es la persona que está en el centro todo el día con las mujeres y con sus hijos”, precisa Guerra. Las casas de acogida se financian con fondos públicos, que cubren principalmente los salarios de las que hasta ahora eran siete personas encargadas de la alimentación, educación, coordinación, atención psicológica y jurídica, y con fondos de organizaciones civiles que sustentan los demás gastos. Ya en diciembre de 2021 se lanzó una alerta por los recortes a los algo más de 125.000 dólares que pone el Estado anualmente.
“Ecuador es un país altamente violento para las mujeres”, remata la representante, “en el que la política pública desoye sus propios datos de muertes”. Ya en el Gobierno de Lenín Moreno, predecesor del actual, la asignación presupuestaria redujo casi hasta la desaparición los fondos contra violencia machista, pese a que lanzó una campaña bajo el eslogan de “ni una menos” que reconocía el asesinato de una mujer cada tres días y pese a que envió a la Asamblea una ley de lucha contra la violencia. El Ejecutivo de Guillermo Lasso, que gobierna desde mayo del año pasado, ha continuado esa estela de prometer contundencia con la palabra, pero perder esa convicción en la asignación de recursos.
El presidente ofreció en marzo agilizar el trámite para repartir bonos a los niños que hayan quedado huérfanos como consecuencia de los asesinatos de sus madres. En ese momento, se requería que hubiera sentencia condenatoria para que los menores accedieran a la ayuda, pero con el decreto presidencial bastaba con que haya una investigación fiscal. Lo que hoy denuncian las organizaciones de mujeres es que los requerimientos de información y documentación a las familias ya de por sí afectadas por la pérdida de la mujer siguen obstaculizando el reparto de ayudas. De las 1.539 mujeres asesinadas desde 2014, 821 tenían hijos y 37 estaban embarazadas. En 145 casos, el agresor terminó suicidándose y en otros 135, se dio a la fuga.
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