Un asesino liberado por un juez en Bolivia mata al menos a dos mujeres y comete decenas de violaciones

Bolivia asiste conmocionada al caso de Richard Choque Flores, del que cada día se conocen nuevos detalles. Choque confesó haber matado a por lo menos tres mujeres y haber violado a más de 70 tras ser detenido la semana pasada. Su captura ha sacado a la luz, además, una red de corrupción que supuestamente afecta a jueces por dejar en libertad a asesinos. En noviembre de 2015, Choque fue condenado a 30 años de prisión, la máxima pena boliviana, por el secuestro y el asesinato de una mujer de 20 años. Cuatro...

Bolivia asiste conmocionada al caso de Richard Choque Flores, del que cada día se conocen nuevos detalles. Choque confesó haber matado a por lo menos tres mujeres y haber violado a más de 70 tras ser detenido la semana pasada. Su captura ha sacado a la luz, además, una red de corrupción que supuestamente afecta a jueces por dejar en libertad a asesinos. En noviembre de 2015, Choque fue condenado a 30 años de prisión, la máxima pena boliviana, por el secuestro y el asesinato de una mujer de 20 años. Cuatro años después, en diciembre de 2019, el juez Rafael Alcón le permitió la detención domiciliaria por un procedimiento exprés por, supuestamente, padecer una enfermedad terminal, lo que resultó ser falso.

Una vez fuera de prisión, Choque volvió a su vida delictiva. A través de las redes sociales contactó con decenas de mujeres, a las que violó. Cuando finalmente fue recapturado, el pasado 24 de enero, confesó que había dos cadáveres enterrados en una habitación abandonada de su casa en el barrio Ballivián de la ciudad de El Alto. Este jueves se localizó un tercer cadáver en la vivienda, que se cree que corresponde a un joven de 21 años que estaba desaparecido desde 2009.

La historia causó un profundo impacto en los vecinos de esta ciudad, colindante con La Paz, la capital administrativa de Bolivia. Un grupo de ellos, indignados porque la madre y la hermana de Choque siguieran viviendo en la casa, pues la Fiscalía no había precintado la vivienda, provocaron un incendio en la puerta para obligarlas a salir por el humo. Tras la intervención de los bomberos, las parientes del acusado lograron escapar. La policía tampoco precintó la casa entonces, por lo que algunos vecinos entraron y sacaron de allí pruebas potenciales, como ropa interior de mujer y joyas.

Durante cuatro días, la casa fue visitada por curiosos y familiares de mujeres desaparecidas, que buscaban alguna prueba para encontrar a sus seres queridos. Los vecinos tuvieron que organizarse para proteger la casa de ataques vandálicos, pero cuando lo hicieron ya era tarde. Las paredes se habían llenado de grafitis y todo estaba desordenado y medio quemado cuando finalmente la Fiscalía entró en la escena del crimen.

Los políticos se sumaron al desconcierto. La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, llevó maquinaria pesada al lugar para demoler la casa, pretendidamente para encontrar más cadáveres, pero las autoridades judiciales la disuadieron, pues creen que ya no hay más cuerpos allí y porque “se deben proteger las evidencias”.

Lo que ha causado mayor indignación ha sido la corrupción judicial que permitió que un reo de 36 años, con una condena por asesinato, saliera de prisión solamente presentando un certificado médico falso. La ley permite que los enfermos terminales sean excarcelados, pero para ello deben tener más de 60 años y seguir un procedimiento que es muy engorroso. El juez Alcón lo permitió durante sus vacaciones y apenas tres días después de que el interno hiciera su solicitud, lo que ha sido calificada como una “liberación exprés”. Además, no se lo notificó a la familia de la víctima, lo que es obligatorio.

Alcón fue arrestado por exigencia del Gobierno, que considera que ha actuado varias veces de la misma manera, concediendo excarcelaciones a cambio de dinero. Se supone que gozó de impunidad porque su hermano era el jefe del organismo encargado del control de la integridad judicial, cargo del que fue destituido hace algunos meses. Una denuncia sostiene que en el Juzgado de Ejecución Penal Primero de La Paz, donde Alcón trabajaba, opera una red de jueces y funcionarios administrativos que habrían liberado a más de una decena de asesinos de mujeres y otros criminales peligrosos. Se está a la espera más acusaciones y detenciones.

Richard Choque atraía a sus víctimas a través de Facebook. Les ofrecía dinero a cambio de trabajos sexuales o, en otros casos, de mensajería. Así lograba meterlas en hoteles, donde las drogaba y luego, haciéndose pasar por policía, las amenazaba con detenerlas si no tenían relaciones sexuales con él. Una de estas mujeres fue la que lo denunció y condujo a su captura. Después de aprehenderlo, la policía revisó su móvil y encontró allí mensajes relacionados con dos mujeres desaparecidas. Choque confesó que las había matado y que sus cuerpos estaban enterrados en su casa.

Lucy, de 17 años, había sido declarada desaparecida en mayo del año pasado. Choque la había secuestrado. Durante semanas mandó mensajes a la familia de la adolescente para tratar de obtener 70.000 dólares. No se sabe si ella seguía con vida o no entonces. Según reporta la prensa, Choque envió el siguiente mensaje a la familia de Iris: “Le dejo unas fotos de personas que incumplieron nuestras reglas. Si van a la Policía con este mensaje, tomaremos otras medidas. Cumplan con lo pactado para tener a su ser querido de retorno”, escribió en un mensaje que acompañaba con fotos de cadáveres desmembrados. Según la madre de Lucy, la policía no hizo mucho para encontrarla.

Lo mismo pasó con Iris, de 15 años, que desapareció en agosto de 2021. Las fotos, sin embargo, fueron distintas esta vez. Mostraba a la adolescente con vida y atada en una cama. Tampoco se hicieron pesquisas suficientes para encontrar al secuestrador. Las dos jóvenes provenían de familias de bajos recursos, así que la policía no cree que la motivación de los crímenes fuera económica.

La famosa feminista boliviana María Galindo declaró que la justicia tiende a permitir que los asesinos de mujeres salgan pronto de prisión, como si considerara que tales crímenes son menores. Este lunes, se celebraron marchas de grupos feministas para protestar por la violencia contra las mujeres y los niños. Las denuncias por estos delitos son casi la mitad de todas las que se hacen a la policía cada año. Según una encuesta oficial, el 50% de las mujeres solteras y el 70% de las casadas ha sufrido alguna clase de violencia de sus parejas a lo largo de su vida.

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