Erdogan ordena la expulsión de 10 embajadores occidentales por pedir la liberación de un activista

Las embajadas de los 10 países, entre ellos Estados Unidos, publicaron un comunicado conjunto en el que exigían la puesta en libertad del también empresario Osman Kavala

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en Sochi (Rusia), en septiembre.SPUTNIK (Reuters)

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ordenado declarar persona non grata a los representantes diplomáticos de 10 países, entre ellos Estados Unidos, Francia y Alemania, por haber exigido la liberación del empresario y activista Osman Kavala, detenido desde hace cuatro años pese a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordena su excarcelación. Se trata del último de una serie de choques de Turquía —también uno de los más graves— con sus aliados occident...

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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ordenado declarar persona non grata a los representantes diplomáticos de 10 países, entre ellos Estados Unidos, Francia y Alemania, por haber exigido la liberación del empresario y activista Osman Kavala, detenido desde hace cuatro años pese a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordena su excarcelación. Se trata del último de una serie de choques de Turquía —también uno de los más graves— con sus aliados occidentales, que son también sus principales socios económicos, a los que Ankara acusa de financiar a organizaciones terroristas que atentan contra el país.

“Estos 10 embajadores vienen a dar órdenes al Ministerio de Exteriores. ¿Qué desvergüenza es esta? ¿Dónde os creéis que estáis? ¡Esto es Turquía! Yo también he dado órdenes al Ministerio de Exteriores: ‘Que estos 10 embajadores sean inmediatamente declarados persona non grata’. Así entenderán, sabrán lo que es Turquía”, ha dicho este sábado Erdogan en un mitin en la ciudad turca de Eskisehir.

El pasado día 18, las embajadas en Turquía de Francia, Alemania, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos publicaron un comunicado conjunto en el que exigían la liberación de Kavala cuando se cumplían cuatro años de su encarcelamiento. Este empresario, involucrado en el activismo social —especialmente en cuestiones relacionadas con la convivencia y las minorías étnicas y religiosas de Turquía—, fue detenido en 2017 y acusado de ser el organizador de las protestas de Gezi, que sacudieron el país en la primavera de 2013 y fueron percibidas por Erdogan como un intento de derrocarlo. En febrero de 2020, la justicia absolvió a Kavala y otros acusados —si bien la apelación fue aceptada y el juicio deberá repetirse—, pero el mismo día en que el empresario fue liberado otro tribunal ordenó su detención nuevamente, en este caso bajo la acusación de haber participado en el intento de golpe de Estado de julio de 2016.

El Tribunal de Estrasburgo dictaminó en 2019 que se habían violado los derechos procesales de Kavala y ordenó su puesta en libertad, a lo que Turquía se negó, pese a que tiene obligación de acatar las sentencias al ser miembro del Consejo de Europa. Ankara alega que ahora Kavala está encarcelado por un delito diferente. Tanto la Unión Europea, de la que Turquía es candidato a la adhesión desde 2005, como el Consejo de Europa han criticado en repetidas ocasiones el encarcelamiento de Kavala y esta última organización decidirá en noviembre si inicia un proceso de infracción contra Turquía que podría culminar en su pérdida del derecho a voto.

El propio empresario anunció la semana pasada a través de sus abogados que no comparecerá en más juicios por considerar que se trata de un proceso “político”. De hecho, Erdogan lo ha calificado de “bandido”, “terrorista” y “representante del judío George Soros” (el especulador financiero de origen húngaro que se ha convertido en objeto de todos los dardos de la nueva derecha populista desde que se transformó en filántropo y promotor de la democracia liberal a través de su organización Open Society).

Los embajadores que salieron en defensa de Kavala fueron convocados esta semana al Ministerio de Exteriores, lo que suele ser habitual en los casos en que Turquía considera una declaración determinada una “injerencia en los asuntos internos” del país. En cambio, la declaración de persona non grata es un paso mucho más grave. Según el artículo 9 de la Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas entre Estados, si un miembro de una legación diplomática es declarado persona non grata debe abandonar el país, o en caso contrario se le retirarán las credenciales que lo acreditan como representante del país de origen.

Fuentes diplomáticas explicaron que, con todo, la decisión no ha sido comunicada todavía por el Ministerio de Exteriores a las embajadas implicadas, lo que probablemente no ocurrirá hasta el inicio de la próxima semana. Lo habitual en estos casos es que el país afectado reaccione con medidas similares, lo que significaría que Turquía se quede sin embajadores en 10 países, la mayoría de los cuales son también socios suyos en la OTAN e importantes compradores de productos turcos.

De hecho, hay pocos precedentes de un país que haya expulsado a tantos embajadores de una sola vez. Habría que remontarse a 1971, cuando el Reino Unido expulsó a un centenar de diplomáticos soviéticos acusados de espionaje.

Kemal Kilicdaroglu, líder de la principal formación de oposición en Turquía, el centroizquierdista CHP, reaccionó con dureza a la decisión de Erdogan. “Este individuo que empuja al país con rapidez hacia el precipicio ha dado la orden de declarar persona non grata a 10 embajadores. Lo digo claramente: esta medida no se dirige a proteger los intereses nacionales, sino a crear conflictos artificiales para enmascarar la mala situación económica que ha creado”, dijo el político socialdemócrata en Twitter.

La lira turca lleva una semana marcando mínimos históricos tras la decisión del banco central de rebajar los intereses a instancias de Erdogan. Una medida que ha provocado un nuevo encarecimiento de los productos que deben importar la industria y la agricultura turcas para producir y que dificulta luchar contra la persistente inflación con la que tiene que lidiar una población turca que ha visto tremendamente mermada su capacidad adquisitiva en los últimos años.

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