Exmilitares colombianos, mano de obra del mercado mercenario

El magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, es un rompecabezas al que le faltan piezas y tendrá que armarse a pedazos entre Haití y Colombia retrocediendo al menos tres meses, cuando aparecieron las primeras ofertas de reclutamiento a los exmilitares colombianos.

El miércoles 7 de julio, mientras en Puerto Príncipe imperaba el caos tras el asesinato del presidente, uno de los sospechosos, el exmilitar colombiano, ...

El magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, es un rompecabezas al que le faltan piezas y tendrá que armarse a pedazos entre Haití y Colombia retrocediendo al menos tres meses, cuando aparecieron las primeras ofertas de reclutamiento a los exmilitares colombianos.

El miércoles 7 de julio, mientras en Puerto Príncipe imperaba el caos tras el asesinato del presidente, uno de los sospechosos, el exmilitar colombiano, Duberney Capador, se comunicaba con su familia. A las 11.30 de la mañana habló con su hermana Yenny para decirle que estaba acorralado. “Me dijo que habían llegado tarde para la persona que tenía que cuidar, que les estaban disparando y que iban a negociar la salida”, dice por teléfono a EL PAÍS Yenny Capador, desde Quindío en Colombia.

Su última comunicación- relata- fue a las 17.31 de ese día, cuando le aseguró que estaba bien y preguntó si habían visto las noticias, y aunque ella le escribió el jueves a la madrugada ya no encontró respuesta. “En Semana Santa (abril) lo llamaron para contratarlo de una empresa de seguridad muy buena e importante para irse a Haití”, dice la mujer que por la televisión supo que su hermano, junto al sargento primero Mauricio Romero Medina, era uno de los muertos. Ella le pide al Gobierno colombiano que le ayude a repatriar el cadáver. Hasta ahora la Policía haitiana señala a 28 involucrados, 26 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano. De los exmilitares colombianos han detenido a 20, fallecieron tres y el resto, siguen fugitivos.

La historia de Capador es similar a la que narran otros familiares de los capturados por la policía haitiana señalados por el magnicidio. De una agencia de seguridad les ofrecieron 2.700 dólares al mes para cuidar personalidades importantes, no les daban información acerca del lugar al que serían asignados, estaban siendo entrenados y hospedados en una casa campestre en Haití. La Policía de Colombia ha identificado a cuatro empresas que pagaron los billetes aéreos y estadía en la isla, pero no han revelado más detalles ni es claro si había un contrato firmado que pruebe lo dicho por los parientes de los militares.

El peril de los señalados

Lo único claro es el perfil de los colombianos señalados del magnicidio: eran todos militares con mucha experiencia como fuerzas especiales y entrenamiento incluso en Estados Unidos. Recién retirados del servicio- entre el 2018 y el 2020 dejaron de estar activos en el Ejército- tenían entre 40 y 45 años y habrían recibido una oferta de trabajo del extranjero.

Según varios de sus familiares, harían lo que es común para los militares retirados con ese perfil: integrarse a empresas de seguridad en el extranjero, trabajar durante dos años y volver al país para vivir con algo más del dinero que les da su pensión. En otras palabras, sumarse a las empresas de mercenarios que se nutre de las filas de soldados entrenados que salen del Ejército de Colombia. En las últimas décadas, los destinos más comunes han sido Irak, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

“El reclutamiento de exmilitares para ir a otras zonas del mundo como mercenarios es un tema de tiempo atrás, pero no hay ninguna norma que lo prohíba o impida”, asegura el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares. “Hay una cantidad importante de exmilitares colombianos en Dubai”, agrega. Navarro asegura que tienen un programa interno para motivar a que esos exmilitares se queden en Colombia porque saben que “al traspasar las fronteras en ese tipo de actividades” pueden terminar inmersos en situaciones como la de Haití.

Tras varias décadas de conflicto armado, los militares colombianos han sido altamente entrenados y se convierten en un producto apetecido en el mercado de mercenarios. Al año, según la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), salen del Ejército entre 10.000 y 15.000 soldados que prestan el servicio militar obligatorio. Mientras la Asociación Colombiana de Soldados e Infantes de Marina Profesionales en retiro y pensión de las Fuerzas Militares, dice que son 6.000 los soldados profesionales que se retiran anualmente. No hay cifras sobre cuántos trabajan en empresas de seguridad en el exterior.

En el caso de Haití hay desde suboficiales hasta soldados profesionales. El de mayor rango es el teniente coronel Carlos Giovanny Guerrero, quien en 2016 llegó a ser comandante del batallón de Infantería Mariscal Antonio José de Sucre, de Chiquinquirá (Boyacá). En el cuadro que presentó la Policía de Colombia aparece con un golpe en el rostro.

Por Boyacá, un departamento del centro de Colombia, pasó también el sargento Capador y podría ser el lugar donde se dio el reclutamiento de varios de los exmilitares. La esposa de Francisco Eladio Uribe, soldado profesional capturado en Haití, aseguró que fue el sargento quien le hizo la oferta. “Mi esposo trabajó en el batallón en Chiquinquirá antes de pensionarse en 2019, él aceptó la oferta porque venía de gente de confianza”, dijo a la radio local. Uribe es investigado por una ejecución extrajudicial ocurrida en 2008.

Aunque ya se sabe la ruta que hicieron estos exmilitares para llegar a Haití, vía República Dominicana, aún no es claro su nivel de participación en el magnicidio. Según fuentes anónimas del periódico EL TIEMPO, los exmilitares habrían caído en una trampa. “La hipótesis de que los exmilitares pudieron ser engañados nace de varios interrogantes que se han planteado expertos en el tema. El principal: ¿por qué no se fueron de Puerto Príncipe tras asesinar al presidente?”, dice el diario. Y se suma a las voces de políticos haitianos que cuestionan por qué ninguno de los guardias de seguridad del presidente resultó herido.

En Quindío, Yenny Capador espera claridad sobre el caso de su hermano. Como prueba de que había sido contratado -dice- solo tiene una foto en la que se lo ve con la camiseta de CTU Security, una empresa de seguridad con sede en Miami, otra ciudad que se suma al rompecabezas de la investigación.

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