El Ejército despliega tanques en las principales ciudades de Myanmar para reprimir las protestas

Las fuerzas de seguridad de Myanmar (antigua Birmania) continúan su escalada de violencia contra los cientos de miles de manifestantes que protestan contra el golpe de Estado que el pasado 1 de febrero puso fin a casi una década de transición democrática. Mientras este domingo abrían fuego para dispersar a una multitud concentrada en una planta energética en el Estado de Kachin, tanques y vehículos militares eran desplegado...

Las fuerzas de seguridad de Myanmar (antigua Birmania) continúan su escalada de violencia contra los cientos de miles de manifestantes que protestan contra el golpe de Estado que el pasado 1 de febrero puso fin a casi una década de transición democrática. Mientras este domingo abrían fuego para dispersar a una multitud concentrada en una planta energética en el Estado de Kachin, tanques y vehículos militares eran desplegados en varias ciudades del país, entre ellas Yangón. La tensión se ha incrementado en la víspera de que este lunes expire el periodo de detención de la jefa de facto del Gobierno civil, Aung San Suu Kyi, cuya liberación exigen los manifestantes.

En la capital de Kachin, Myitkyina, imágenes transmitidas en directo a través de redes sociales como Facebook mostraban a las fuerzas de seguridad birmanas abriendo fuego contra los manifestantes —sin que quedase claro si se trataba de balas reales o pelotas de goma— para dispersar una de las concentraciones en una planta energética. Grupos de soldados habían sido desplegados en zonas industriales de Kachin—–frecuente escenario de tensión entre el Ejército y grupos separatistas— donde había protestas, y en algunos casos llegaron a enfrentamientos con los manifestantes, que creían que el Ejército intentaba cortar la electricidad de los alrededores, según Reuters.

La escalada de violencia empleada por la policía y los militares aumenta cuando se cumplen casi dos semanas de la asonada, la primera desde 1988. Entre docenas de personas, el Ejército arrestó el 1 de febrero a Aung San Suu Kyi, cuyo partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND, por sus siglas en inglés), había arrasado en las elecciones del pasado noviembre, alegando un fraude electoral no respaldado por ninguno de los organismos que supervisaron los comicios.

Desde el pasado fin de semana, cientos de miles de personas han protestado día tras día contra el golpe en varias ciudades del país, entre ellas la principal, Yangón. Los manifestantes exigen la liberación de Suu Kyi y la restauración del orden democrático. Este domingo, a medida que caía la tarde, tanques y vehículos armados ocupaban las calles de Yangón y de ciudades como Myitkyina y Sittwe (la capital del estado occidental de Rajine, donde habita la minoría musulmana rohingya, víctima de un supuesto genocidio por parte del Ejército), en lo que supone el primer despliegue relevante de este tipo desde el golpe.

Ante estos últimos acontecimientos, la Embajada de Estados Unidos en Myanmar, así como la española, urgía a sus ciudadanos a permanecer en casa y buscar cobijo, y advertía de la posibilidad de que se interrumpieran las telecomunicaciones durante la noche, entre la una y las nueve de la mañana, hora local, despertando el temor de que el apagón se aproveche para llevar a cabo más persecuciones. Residentes citados por Reuters y el observatorio NetBlocks confirmaron el corte de Internet desde la una de la madrugada, horal local.

La junta militar que ha quedado al mando declaró el pasado 8 de febrero la ley marcial en varias ciudades, impuso un toque de queda entre las ocho de la tarde y las cuatro de la mañana y prohibió las reuniones de más de cinco personas.

Una orden que la sociedad birmana ha desafiado en masa. A las multitudinarias protestas se suman huelgas organizadas por el cuerpo de funcionarios, como parte de un movimiento de desobediencia civil contra el golpe. Según medios locales, trenes de varias zonas del país dejaron de circular durante el fin de semana ante la negativa de muchos trabajadores a ocupar sus puestos, un acto de rebeldía al que la junta respondía con amenazas de pasar a la acción.

Aunque la orden de detención contra Suu Kyi expira el 15 de febrero, es muy improbable que sea liberada, pues está acusada de violar la ley de importación y exportación tras hallarse en su vivienda unos aparatos de rastreo de ondas de radio (unos walkie talkies), por lo que podría ser condenada hasta a tres años de cárcel. Antes de la transición democrática, que arrancó en 2011 tras medio siglo de dictadura militar (desde 1962), Suu Kyi pasó 15 años bajo arresto domiciliario.

El miedo de que aumente la represión se incrementó también a raíz del anuncio de la junta el viernes de liberar a 23.000 prisioneros, pues en el pasado, durante las manifestaciones pro democracia de 1988 —que acabaron con miles de muertos— el Ejército fue acusado de infiltrar criminales en los ataques contra la población. Desde el golpe, más de 384 personas han sido detenidas, según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos, sobre todo durante arrestos nocturnos.