“Colombia nunca nos ha negado nada”

A sus 42 años, Eduardo Rodríguez está a punto de ser abuelo. Este ayudante de obra venezolano no desatiende su celular, incluso en medio de su jornada de trabajo en un edificio en Galerías, un céntrico sector de Bogotá, pues se mantiene expectante sobre las noticias de su hija Roselis, de 22, próxima a dar a luz en un hospital de la capital colombiana mientras conversa el pasado miércoles con EL PAÍS. A diferencia de él, ella no tiene permiso de permanencia, es decir que sigue indocumentada. Aun así, “la han atendido de maravilla”, cuenta agradecido sobre la ciudad que los acoge.

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A sus 42 años, Eduardo Rodríguez está a punto de ser abuelo. Este ayudante de obra venezolano no desatiende su celular, incluso en medio de su jornada de trabajo en un edificio en Galerías, un céntrico sector de Bogotá, pues se mantiene expectante sobre las noticias de su hija Roselis, de 22, próxima a dar a luz en un hospital de la capital colombiana mientras conversa el pasado miércoles con EL PAÍS. A diferencia de él, ella no tiene permiso de permanencia, es decir que sigue indocumentada. Aun así, “la han atendido de maravilla”, cuenta agradecido sobre la ciudad que los acoge.

“Con la situación en Venezuela ya no alcanzaba para comer”, relata sin amarguras Eduardo, que se dedicaba a manejar una gandola, como le dicen allá, o una tractomula, como le dicen de este lado de la frontera. Sin embargo, en los casi tres años que lleva en Bogotá no ha podido obtener la licencia para conducir, y desde entonces se ha sostenido con diversos oficios. Fue ayudante de mecánica y vigilante antes de dedicarse a la construcción. Ese fue uno de los primeros sectores que la Alcaldía reactivó en medio de las restricciones provocadas por la pandemia, que en su caso han podido sobrellevar gracias a su trabajo y el de su esposa, una manicurista que atiende a domicilio.

Primero vino él –”si voy a pasar hambre, paso hambre yo solo”, pensó– y después fueron llegando su esposa, sus dos hijas y su yerno. “Mi familia es pequeña, humilde, trabajadora, echados pa’lante”, dice al usar una expresión popular a lado y lado de la línea limítrofe que repite como mantra. “Salimos siempre con la frente en alto a representar nuestro país y nuestro pueblo, Carola, en el estado Lara, a hora y media de Barquisimeto”, cuenta con orgullo en un flamante dúplex de paredes blancas, por estrenar, en el piso 5 del edificio que levantaron varios obreros venezolanos como él y su paisano Armando Blanco, de 33. “Nos ha ido bien”, apunta.

Eduardo se enteró de la regularización masiva que anunció el pasado lunes el Gobierno de Iván Duque por las redes sociales, las noticias y las llamadas de amigos que se multiplicaban. “Es una emoción para todos los venezolanos que estamos aquí. Yo me alegro por mis hijas. Va a ayudar a que consigan un buen trabajito”, vaticina. Debido a la parálisis de las autoridades venezolanas para emitir documentos, ellas nunca pudieron sacar su pasaporte. “De verdad lo necesitamos… aunque te digo, Colombia nunca nos ha negado nada”, señala. Su nieto, Samuel Alejandro, nació por cesaría el jueves a las 4.45 de la madrugada. “Va a tener su cedulita colombiana”, dice con una sonrisa.

Con una vigencia de diez años, el estatuto temporal de protección se propone registrar a los 1,7 millones de migrantes venezolanos que están en el país, regularizarlos y que los que quieran quedarse puedan optar por una visa de residencia. Incluye a todos los regulares, a los irregulares que llegaron antes del pasado 31 de enero y a los que ingresen por un puesto de control migratorio durante los primeros dos años.

Más de cinco millones de personas han salido de Venezuela en busca de oportunidades en los últimos años. La pandemia ha retratado con crudeza las precarias condiciones en que viven muchos. En Colombia, el principal país de acogida, el nuevo estatuto beneficia a todos los venezolanos, pero en especial al millón que permanece sin papeles. Ahora tendrán mayores posibilidades de acceder a la oferta de servicios del Estado. Después de haber cruzado páramos y montañas para afincarse en alguna ciudad colombiana, casi uno de cada cinco (19,5%) vive en Bogotá, la fría capital a más de 500 kilómetros de la frontera, que acoge a 337.000. El acento se escucha en cada esquina.

Empujados a huir por la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación o la inseguridad, hay tantas historias como migrantes. Yoleibys Pérez y Juan Colmenares, originarios de Valencia, en el estado Carabobo, atienden un pequeño local de arepas venezolanas en Chapinero, un tradicional barrio bogotano que se reactiva tímidamente en una capital que acaba de superar la segunda ola de la pandemia.

“Allá estábamos pasando necesidades”, cuenta Yoleibys, de 27 años, quien hace tres años emprendió el camino poco después de graduarse como sicóloga y tiene en orden su permiso de permanencia. Juan, su novio de 34, siguió sus pasos, pero no tenía pasaporte y tuvo que pasar por las trochas, como se conocen la infinidad de pasos informales que abundan en la porosa línea limítrofe de más de 2.200 kilómetros. Como es músico, atravesó con los parales y los platillos de su batería. “Yo no quería venirme ilegal, pero pasaron los meses y me vine”, relata después de haber servido un par de arepas de pabellón criollo. Inspiradas en el plato típico venezolano, llevan carne desmechada, frijol negro, plátano maduro y queso costeño. Ya lleva dos años indocumentado.

Cuando vieron la noticia sobre la regularización en su apartamento, a una cuadra del local, ella saltó y gritó de la emoción, cuenta con los ojos iluminados: “Es una esperanza para todos nosotros”. La medida despeja su peor temor: que deportaran a Juan por encontrarlo en la calle, así no estuviera haciendo nada malo. “Me contentó. Tengo muchísimos planes que estaban interrumpidos por el hecho de estar ilegal”, añade Juan. “Hay algo que los venezolanos que migraron no se atreven a decir. La Venezuela que uno vivió ya no existe”, razona al explicar por qué no piensa en regresar.

“El estatuto definitivamente es una referencia para la región de lo importante que es tender la mano en procesos humanitarios”, valora Lian De Gouveia, politóloga de 26 años que vive en los límites de Cedrizuela, como apodan al barrio Cedritos por el alto número de venezolanos. Originaria de Los Teques, estado Miranda, formó parte de la última camada del movimiento estudiantil y quería hacer política, pero salió de su país después de las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro en 2017. Estuvo en las calles para buscar un cambio que nunca llegó. Cuenta que en tres meses bajó cerca de ocho kilos. Se casó con su novio, José David, el día antes de partir. Desde entonces ha armado zapatos, hecho donuts, vendido minutos de celular o atendido un call center, entre muchos otros oficios. “Para nosotros Colombia fue un destino de emergencia, pero nuestra intención es ir a Europa”, pues quieren seguir estudiando y sus ancestros son portugueses. Aunque se declara “eternamente agradecida” por el estatuto, reflexiona que la vigencia de diez años es “agridulce”, pues quiere decir que “la solución para Venezuela no está nada cerca”.