La ONU alerta a México por la detención de un defensor de desaparecidos en Nayarit

El activista mexicano Santiago Pérez cumple este jueves 14 días en prisión. La noche del pasado 28 de enero, un grupo de policías encapuchados irrumpió en su casa de Tepic, la capital del Estado de Nayarit, para llevárselo preso. Le acusaban de haber violado a dos menores de edad y, con una orden de arresto emitida en 2006, lo metieron en la cárcel. Nayarit, la perla turística del Pacífico mexicano, lleva varios años inmersa en un escenario de múltiples secuestros, asesinatos y desapariciones. La detención ...

El activista mexicano Santiago Pérez cumple este jueves 14 días en prisión. La noche del pasado 28 de enero, un grupo de policías encapuchados irrumpió en su casa de Tepic, la capital del Estado de Nayarit, para llevárselo preso. Le acusaban de haber violado a dos menores de edad y, con una orden de arresto emitida en 2006, lo metieron en la cárcel. Nayarit, la perla turística del Pacífico mexicano, lleva varios años inmersa en un escenario de múltiples secuestros, asesinatos y desapariciones. La detención de uno de los defensores de derechos humanos más importante de esa entidad se da en un contexto de crecientes denuncias contra las autoridades estatales. Los detalles del caso han inquietado al Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas que ha solicitado a México garantizar que se preserve la vida del activista y que se le someta a un juicio imparcial y justo.

Santiago Pérez se volvió activista en junio de 2017, tras la desaparición de su hijo. El régimen de terror había llegado a Nayarit cuatro años antes, con el nombramiento de Édgar Veytia como fiscal general y jefe de la Policía. En aquellos años, la línea que separaba a las autoridades estatales y los cárteles de droga se volvió borrosa. “Empiezan los despojos, el robo de ganado y se oyen muchos rumores de secuestros. Los agentes arrestaban personas, se las llevaban y aparecían muertas dos o tres días después, algunas con visibles huellas de torturas”, contaba Pérez en entrevista con EL PAÍS en agosto de 2019.

Veytia fue detenido en marzo de 2017 en un aeropuerto en Estados Unidos y terminó condenado a 20 años de prisión por narcotráfico. Su detención no frenó las desapariciones en el pequeño Estado de Nayarit, donde entre 2018 y 2019 se registraron más de un millar de personas desaparecidas. “Se calmaron las balaceras, pero sigue habiendo ejecuciones y levantones, y se lo siguen atribuyendo a gente armada en vehículos de la Fiscalía”, decía entonces a este diario el activista. Pérez pasó meses buscando a su hijo hasta dar con el cuerpo en una fosa clandestina. Su trabajo lo enfiló como uno de los líderes de los colectivos de familiares de víctimas, que en el último mes había alcanzado la veintena de fosas localizadas.

“Santiago encontró a Eloir [su hijo] en enero de 2018 y la narrativa de él fue ‘no voy a parar hasta encontrarlos a todos’. Ahí empieza una ola de búsquedas y se encuentran más cuerpos”, dice Cristina Lozano, de la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos. La abogada, que ha acompañado el caso, asegura que los días previos a la detención de Pérez se registraron ataques contra otros activistas.

El 29 de enero, horas después del arresto, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU exhortó al Gobierno mexicano que adoptara “las medidas necesarias” para que los colectivos de familiares de víctimas de Nayarit puedan “desarrollar sus actividades como defensoras de derechos humanos”. El Comité de Naciones Unidas alertó además de una “campaña de persecución y falsos señalamientos iniciada por el Gobierno de Nayarit en contra de personas y colectivos que han denunciado la impunidad, la corrupción y los crímenes cometidos por la Fiscalía del Estado”. Cinco días después comunicó su preocupación por las condiciones en las que se había dado la detención de Pérez.

Según la Fiscalía de Nayarit, al activista se le imputa el delito de “violación agravada” de dos chicas de 15 años. Los supuestos hechos ocurrieron entre marzo y abril de 2006, cuando Pérez estaba a cargo de un centro de recuperación para adictos. En un comunicado un tanto confuso, las autoridades aseguran que el detenido cometió abusos contra cuatro menores de edad, a las que les obligó “a desnudarse”, les hizo “tocamientos” y les forzó a tener sexo “en diversas ocasiones y de forma grupal”. Se le arresta con base en una orden emitida el 9 de octubre de 2006.

Lozano afirma que hay muchas inconsistencias en la información que ha dado hasta ahora la Fiscalía. “Lo detienen con una orden de detención de hace 14 años. Podemos estar en presencia de algo maquinado para mandar un mensaje de intimidación a los defensores de derechos humanos”, dice. El arresto a Pérez ha dejado un clima de tensión y miedo entre los colectivos de familiares de víctimas. “Ya no saben si es conveniente presionar a las autoridades o no”, agrega la abogada. Este periódico consultó a la Fiscalía sobre las inconsistencias, pero evitó comentar sobre el caso porque “el sigilo de las investigaciones así lo establece”.

El Comité de Naciones Unidas ha pedido a México además que explique por qué se le detiene 14 años después de emitir la orden de aprehensión, “precisamente en un momento cuando han ocurrido varios actos de intimidación y represalias en contra de actores de derechos humanos en Nayarit”. Para dar respuesta, la Secretaría de Gobernación envió a principios de este mes un equipo a la cárcel a visitar a Pérez y corroborar que se encuentra en buen estado de salud. En un comunicado que emitió el 8 de febrero, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, cree que “su encarcelamiento podría estar vinculado con su actividad” como defensor y pide “una investigación imparcial de los hechos” que se le acusan.

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