Chile debate un posible indulto a los presos de las revueltas sociales de 2019

Un grupo de parlamentarios de izquierda y centro izquierda de la oposición chilena ha presentado en el Congreso un proyecto de ley de indulto general en beneficio de los investigados, imputados y condenados por delitos cometidos en el marco de las revueltas sociales de octubre de 2019, marcadas por niveles inéditos de violencia. El presidente, Sebastián Piñera, anunció que vetará la iniciativa, en caso de prosperar, porque dejaría sin castigo delitos como homicidio frustrado, tráfico de armas...

Un grupo de parlamentarios de izquierda y centro izquierda de la oposición chilena ha presentado en el Congreso un proyecto de ley de indulto general en beneficio de los investigados, imputados y condenados por delitos cometidos en el marco de las revueltas sociales de octubre de 2019, marcadas por niveles inéditos de violencia. El presidente, Sebastián Piñera, anunció que vetará la iniciativa, en caso de prosperar, porque dejaría sin castigo delitos como homicidio frustrado, tráfico de armas, incendio, uso de cócteles molotov, saqueos, atentados contra la red de metro de Santiago y el transporte público y lesiones graves a los carabineros.

El Ministerio del Interior cuenta 232 personas en prisión preventiva acusadas de delitos graves en esos meses. Tanto el Ejecutivo como varios expertos en derechos humanos han rechazado la existencia de presos políticos en Chile, como sí hizo José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).

“Todas las personas que hoy están detenidas por los graves delitos que el proyecto de un grupo de senadores intenta indultar, están privadas de libertad no por decisión del Gobierno ni la Fiscalía, sino por decisión del poder judicial, que es un poder autónomo en el país”, dijo Piñera el lunes pasado en el Palacio de La Moneda. “Atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el Estado de derecho”.

La iniciativa ha sido impulsada por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, y de la senadora socialista Isabel Allende, hija del exmandatario, entre otros congresistas de la izquierda y centroizquierda. La propuesta ha generado un profundo debate en la sociedad chilena y entre las máximas autoridades del país. El fiscal nacional, Jorge Abbott, aseguró que con el proyecto “se normaliza la violencia y la delincuencia común en la convivencia social”, lo que considera “de una gravedad absoluta”. La ministra portavoz de la Corte Suprema, la juez Gloria Ana Chevesich, afirmó que “se debe tener la certeza y tranquilidad de que los jueces no fallan según la postura política o ideológica que puede tener un imputado”. Incluso parte de la propia oposición ha rechazado un proyecto de ley de estas características. “No me parece correcto”, indicó el expresidente de la República entre 1994 y 2000, el democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle. “Estas personas están detenidas no por razones políticas ni porque salieron a las calles a expresar sus ideas. Si fueron detenidas, deben ir a los tribunales y tienen que ser condenadas”.

Los autores del proyecto de ley se basan en “razones humanitarias” para conceder el indulto excepcional y general a los presos del estallido social chileno, por hechos cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y la presentación de esta iniciativa. En el texto, los congresistas argumentan que las revueltas se explican “por las graves desigualdades y abusos que vive la población chilena” y apuntan a las “detenciones y uso desproporcionado de la fuerza para enfrentar estos conflictos por parte de los agentes estatales”, que fueron informadas por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW).

Para los senadores, “los actos que revisten características de delito, cometidos por ciudadanos y ciudadanas, son punibles desde la perspectiva penal”. Pero añaden: “Se ha vivido un proceso distorsionado por una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales, abusos y vulneraciones a las garantías procesales de las personas imputadas, lo que ha significado la privación preventiva de la libertad en plazos injustificados que no tomarían lugar en circunstancias de normalidad”. De acuerdo al proyecto, “el perfil social y económico de las personas afectadas por las reclusiones y procesamientos judiciales, corresponde a jóvenes que han vivido en la pobreza o en la marginalidad social”, por lo que resulta “a lo menos cuestionable la exigencia formalista que se formula o reprocha a esos jóvenes por parte del sistema político y judicial, de una conducta socialmente adecuada”.

El proyecto será discutido el próximo lunes en la comisión de derechos humanos del Senado, donde se escuchará tanto a autoridades, activistas y familiares de detenidos. En el Congreso, la oposición al Gobierno de Piñera es mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Pero, aunque la iniciativa de los senadores no genera consenso incluso entre los opositores, con lo que se dificulta que alcance los 22 de los 43 votos que requiere para su aprobación, la actuación del Congreso resulta impredecible, como se ha demostrado en los últimos meses. Ni el Gobierno ni los partidos controlan actualmente sus propios parlamentarios.

El fiscal nacional aseguró que tiene “la certeza total de que no existen personas actualmente en prisión preventiva producto de alguna convicción de carácter político o por haber participado simplemente en desordenes”. Según el Consejo General de Fiscales, la iniciativa de los parlamentarios de oposición “podría constituir una gravísima señal para la convivencia social”, según una declaración difundida el lunes.

Los fiscales citaron un ejemplo: “Dejaría sin efecto, entre otras causas, la condena a 11 años de presidio impuesta a John Cobin, por homicidio frustrado y Ley de Control de Armas”, tras disparar el 10 de noviembre de 2019 en plena vía pública en la ciudad de Viña del Mar, a unos cien kilómetros de Santiago de Chile.

Entre octubre y noviembre de 2019 se registraron niveles inéditos de violencia en el marco de las revueltas sociales, aunque estos hechos se extendieron al menos hasta marzo de este año, cuando se desató la pandemia y las restricciones de movilidad. “Ni el tránsito de la dictadura de Pinochet a la democracia tuvo estos niveles de destrucción”, aseguró a fines del año pasado el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) en entrevista con EL PAIS.

Lo describe el arquitecto Iván Poduje en su libro Siete Kabezas, crónica urbana del estallido social: “…27 estaciones incendiadas afectaron la movilidad de dos millones de personas. Luego vinieron saqueos y disturbios que se extendieron a más de 40 ciudades del país, dejando miles de manifestantes y policías heridos. Unos 500 monumentos nacionales fueron vandalizados y cerca de 100 edificios recibieron ataques incendiarios, incluyendo museos, iglesias, centros culturales, galerías comerciales ubicadas en lugares centrales y simbólicos”. De acuerdo al autor, “los ataques no respetaron credos ni ideologías”.