Francia estrecha el cerco sobre las redes sociales tras el asesinato del profesor
El Gobierno quiere crear una unidad de “contrapropaganda” del discurso islamista radical
¿Habría logrado Abdouallakh Anzorov asesinar brutalmente al profesor Samuel Paty si no se hubiera revelado en las redes sociales la dirección de su colegio? ¿Se habría podido evitar su muerte si hubieran existido frenos, como algún tipo de sanción, a quienes intentan presionar a funcionarios públicos como el profesor de secundaria decapitado por enseñar en clase unas caricaturas de Mahoma? Cuando se cumple una semana del terrible ataque islamista que ha convulsionado ...
¿Habría logrado Abdouallakh Anzorov asesinar brutalmente al profesor Samuel Paty si no se hubiera revelado en las redes sociales la dirección de su colegio? ¿Se habría podido evitar su muerte si hubieran existido frenos, como algún tipo de sanción, a quienes intentan presionar a funcionarios públicos como el profesor de secundaria decapitado por enseñar en clase unas caricaturas de Mahoma? Cuando se cumple una semana del terrible ataque islamista que ha convulsionado a toda Francia, el Gobierno no quiere volver a plantearse este tipo de preguntas. El primer ministro, Jean Castex, ha anunciado este viernes la intención de reforzar la protección de trabajadores públicos y de ejercer un mayor control en las redes sociales ante posibles amenazas.
“Se reforzará la vigilancia de las redes sociales y la lucha contra el odio online”, prometió el jefe de Gobierno después de celebrar una nueva reunión del consejo de defensa centrado en la amenaza del “separatismo islamista”. El Ejecutivo de Emmanuel Macron quiere luchar contra esa amenaza en la nueva ley que presentará a finales de año.
Aunque aún se desconocen los contenidos de la norma en detalles, Castex ha adelantado dos de sus principales puntos.
La normativa incluirá “la posibilidad de sancionar a los que suben en Internet informaciones personales que pongan en peligro la vida de terceros, por ejemplo la de un profesor”, dijo el primer ministro en su corta alocución. En declaraciones a l’Obs, la ministra delegada de Ciudadanía, Marlène Schiappa, explicó que se está trabajando “en un delito de puesta en peligro de vida ajena en Internet para quienes publiquen datos privados, como una dirección o número de teléfono”.
La futura ley abordará, asimismo, “el refuerzo de la protección de funcionarios y agentes públicos, penalizando a quienes ejercen presión sobre ellos, como sucedió en Conflans-Sainte-Honorine (la localidad en las afueras de París donde se produjo el ataque) contra Paty y la directora del colegio”.
En cuanto a acciones más concretas e inmediatas, Castex ha adelantado que la plataforma Pharos, una herramienta en línea para denunciar contenidos y comportamientos ilícitos en Internet, será “reforzada en materia de efectivos sin más dilación”. Para facilitar además la tramitación de las denuncias, se creará un “centro especializado en el seno de la Fiscalía de París para centralizar las acciones judiciales y mejorar su eficacia”.
Según ha revelado el primer ministro, una semana después del “dramático atentado” contra Samuel Paty, Pharos recibió 1.279 nuevas denuncias, “que han permitido 27 detenciones”. Además, Castex ha anunciado que en el mismo periodo se han realizado 56 controles domiciliarios de los 123 que se decidieron tras el asesinato del profesor.
Poco después de la decapitación de Paty, Macron anunció un “plan de acción” contra “las estructuras, asociaciones o personas cercanas a los círculos radicalizados” que propagan llamamientos al odio. El miércoles, se procedió al cierre de la mezquita de Pantin, en las afueras de París, acusada de haber distribuido en sus redes uno de los vídeos contra el profesor y de permitir que predique un imam considerado radicalizado. A pesar de que la medida ha sido denunciada como un golpe de comunicación, Castex ha asegurado este viernes que “en los próximos días” otras instalaciones serán clausuradas en todo el país, aunque tampoco ofreció más detalles.
Schiappa sí adelantó en l’Obs la creación de una “unidad de defensa del discurso republicano en las redes sociales”. El objetivo, explicó, es “responder” a la propaganda islamista “de victimización sistemática sin que nadie los desmienta”. La antigua responsable de Igualdad puso el ejemplo del reciente registro policial de la asociación islámica BarakaCity, que el Gobierno ha anunciado que quiere desmantelar. “Inmediatamente después, vimos aflorar mensajes como: ‘pobres, eso es islamofobia’… Pero estamos en un Estado de derecho. Si hay un registro bajo la autoridad de un juez, es porque había elementos en un caso judicial. Hemos dedicado varios días a responder, la portavoz de Interior ha hecho un vídeo. La próxima vez, el contradiscurso estará listo para defender nuestros valores”, explicó Schiappa. La ministra apuntó que Francia se inspirará en acciones similares que ya llevan a cabo países como el Reino Unido o Alemania.