Egipto aprovecha la crisis sanitaria para extender de forma sistemática la prisión preventiva de presos

El pasado 15 de junio, el Tribunal Criminal de El Cairo tenía cita para revisar las detenciones preventivas de dos prominentes abogados de derechos humanos egipcios que permanecen en prisión desde 2019. Como suele ocurrir en casos como el suyo, ampliamente considerados de naturaleza política, el trámite se saldó con sendas detenciones renovadas de forma casi automática. Pero, esta vez, con el añadido de que ninguno de los dos apareció ante el juez. Casos como el de Mahienour al-Masry y Haitham Mohamedin, relatado por su abogado, se han producido de forma sistemática en Egipto desde la llegada ...

El pasado 15 de junio, el Tribunal Criminal de El Cairo tenía cita para revisar las detenciones preventivas de dos prominentes abogados de derechos humanos egipcios que permanecen en prisión desde 2019. Como suele ocurrir en casos como el suyo, ampliamente considerados de naturaleza política, el trámite se saldó con sendas detenciones renovadas de forma casi automática. Pero, esta vez, con el añadido de que ninguno de los dos apareció ante el juez. Casos como el de Mahienour al-Masry y Haitham Mohamedin, relatado por su abogado, se han producido de forma sistemática en Egipto desde la llegada del coronavirus en el país. Abogados y grupos de derechos humanos calculan que hasta la fecha, las autoridades egipcias han renovado la detención preventiva de miles de personas sin permitirles acudir ante el juez. Una violación de sus derechos de defensa que no se ha detenido pese a que la actividad judicial en el país ha ido recobrando su normalidad en las últimas semanas.

“Según la ley y la jurisprudencia egipcias, si hay alguna violación de procedimiento en un caso, se anula el debido proceso de detención y el detenido debe ser puesto en libertad hasta que la violación sea corregida”, señala Yasmin Omar, experta legal del Instituto Tahrir para la Política de Oriente Próximo (TIMEP), con sede en Washington. “Pero esto no es lo que está ocurriendo, y como se ha replicado en centenares de casos, a la larga se ha convertido en la norma”, alerta.

La situación en los tribunales y las cárceles de Egipto dio un vuelco inédito a principios de marzo, cuando, en el marco de las medidas del Gobierno para frenar la propagación del coronavirus, se interrumpieron las audiencias judiciales y las visitas a prisión. Desde aquel momento y hasta principios de mayo, las sesiones para renovar las detenciones preventivas se detuvieron en los casos de la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, tal y como señalan cinco abogados a EL PAÍS. Esta rama de la Fiscalía General ha sido considerada por organizaciones de derechos humanos como uno de los principales brazos represivos del poder judicial del régimen.

Esta drástica suspensión de la actividad provocó que muchos acusados siguieran detenidos sin base legal porque sus órdenes de detención habían expirado, lo que obligó luego a la Fiscalía y a los tribunales criminales a renovar en pocos días y de forma retroactiva dichas detenciones. Estas extensiones masivas, ilegales pero amparadas por el Tribunal de Apelaciones de El Cairo, ya se produjeron sin la presencia de los acusados y, en gran medida, sin la de sus abogados.

Una vez reanudada la actividad, jueces y abogados pueden acudir de nuevo a la mayoría de las audiencias, pero los acusados siguen sin hacerlo salvo en contadas excepciones y en casos no políticos, según señala un abogado de la Comisión Egipcia para los Derechos y Libertades. Además, desde inicios de marzo no se les ha permitido tampoco comunicarse en privado con sus defensas. “Es inútil para nosotros [ir a las sesiones] porque sin mi acusado no puedo hacer ni decir nada”, afirma un abogado de derechos humanos en condición de anonimato para poder hablar libremente. Un responsable de prensa del Ministerio del Interior egipcio declinó comentar sobre los motivos del cambio.

“Las preocupaciones en materia de salud pública no pueden justificar la erosión de las garantías de un juicio justo,” señala Hussein Baoumi, investigador para el norte de África en Amnistía Internacional, “por lo que las autoridades deben asegurar que todos aquellos que permanezcan en detención preventiva pueden desafiar la legalidad de su arresto o ser liberados.”

Esta nueva violación del derecho de defensa de los acusados ha devuelto el foco a los abusos de la detención preventiva en Egipto, en particular a manos de la Fiscalía de la Seguridad del Estado. En este sentido, grupos de derechos humanos han documentado que, siguiendo el golpe de Estado ejecutado en 2013 por el actual presidente Abdelfatá Al Sisi, las autoridades egipcias han erosionado significativamente las garantías legales del régimen de detención preventiva. Ahora, esta medida cautelar es utilizada de forma sistemática para retener a miles de personas, en muchos casos supuestos opositores, durante largos períodos de tiempo, sin que se respeten los beneficios a los que tienen derecho y sin que nunca se lleguen a remitir sus casos a los tribunales.

“En todos los sistemas legales la detención preventiva se utiliza para proteger la investigación y mantener al acusado en un lugar seguro si existe un peligro de fuga o sobre las pruebas”, observa Omar, del TIMEP. “Sin embargo, en Egipto se utiliza no para proteger la investigación sino para mantener en prisión a tanta gente como sea posible durante tanto tiempo como se pueda”.