El allanamiento al gobernador de Río por una supuesta malversación eleva la sospecha de la interferencia política de Bolsonaro

Este martes, Río de Janeiro ha sido, una vez más, el trasfondo de una operación contra la corrupción. Entre los objetivos de los agentes de la Policía Federal se encontraba el actual gobernador del Estado, Wilson Witzel, investigado por el Tribunal Superior de Justicia por participar en un supuesto sistema de malversación de fondos destinados a la Secretaría de Sanidad. Específicamente, se habrían producido irregularidades en la contratación de una institución sin fines lucrativos para instalar hospitales de campaña que deberían recibir pacientes con síntomas de coronavirus. Por orden de la Fi...

Este martes, Río de Janeiro ha sido, una vez más, el trasfondo de una operación contra la corrupción. Entre los objetivos de los agentes de la Policía Federal se encontraba el actual gobernador del Estado, Wilson Witzel, investigado por el Tribunal Superior de Justicia por participar en un supuesto sistema de malversación de fondos destinados a la Secretaría de Sanidad. Específicamente, se habrían producido irregularidades en la contratación de una institución sin fines lucrativos para instalar hospitales de campaña que deberían recibir pacientes con síntomas de coronavirus. Por orden de la Fiscalía, la policía ha incautado el móvil y el ordenador de Witzel, que niega haber cometido ningún delito. Es el sexto gobernador de Río de Janeiro implicado en investigaciones policiales. Hay indicios de que el Gobierno, en Brasilia, ya conocía la llamada Operación Placebo. Jair Bolsonaro, que está siendo investigado por el Tribunal Supremo Federal por, supuestamente, haber interferido en la Policía Federal y es un enemigo político del gobernador de Río, ha felicitado a la policía cuando se le ha preguntado por la operación.

La investigación, abierta el 13 de mayo, la llevan en conjunto el Ministerio Público Federal y la Fiscalía del Estado de Río y tiene en el punto de mira un contrato de emergencia firmado entre el Gobierno de Witzel y la institución Iabas por 835 millones de reales (156 millones de dólares) para construir y administrar siete hospitales de campaña. En la orden judicial, el Ministerio Público declara que existe “una probable participación de la cúpula del Poder Ejecutivo de Río de Janeiro”. La acción la autorizó el magistrado Benedito Gonçalvez y tenía como objetivo 12 direcciones, incluido el Palacio das Laranjeiras (la residencia oficial del gobernador), el Palacio Guanabara (la sede del Ejecutivo), la antigua residencia del gobernador en el barrio de Grajaú y el bufete de abogados de su esposa, Helena Witzel.

La operación forma parte de una investigación por la que, a principios de mes, se arrestó al exsubsecretario de Sanidad de Río, Gabriell Neves, y a otras tres personas sospechosas de malversar fondos públicos en la compra de emergencia de respiradores. El caso, revelado por el periodista Rubens Berta, destapó sospechas de fraude en contratos sin licitación que sumaban un total de 1.000 millones de reales (187 millones de dólares), que debían destinarse a combatir el coronavirus. El mayor, de 835 millones (156 millones de dólares), era un contrato con Iabas. El juez Marcelo Bretas —que coordinó la parte de la megaoperación anticorrupción Lava Jato correspondiente a Río de Janeiro— autorizó el arresto del director de la institución, el empresario Mário Peixoto, el 14 de mayo. Días después, en plena crisis por las denuncias de fraude, Witzel destituyó al entonces secretario de Sanidad, Edmar Santos.

Las pruebas recopiladas por los investigadores federales y estatales se enviaron a la Fiscalía Federal, y la investigación empezó a apuntar directamente al gobernador. En el bufete de su esposa, se encontró un contrato de 540.000 reales (100.000 dólares) con la compañía investigada, que sería uno de los indicios de la malversación de fondos, según el periódico Folha de S. Paulo. El valor debería pagarse en 36 cuotas de 15.000 reales. Witzel niega las irregularidades y acusa al presidente Bolsonaro de persecución política.

Posible interferencia política en la Policía Federal

El día antes de la operación contra Witzel, la diputada bolsonarista Carla Zambelli afirmó en una entrevista que se estarían llevando a cabo operaciones policiales contra los gobernadores. La diputada es esposa de un agente de la Fuerza Nacional, subordinada, así como la Policía Federal, al Ministerio de Justicia. La Federación Nacional de Policías Federales ha solicitado este martes que se investigue la filtración, debido al vínculo “conocido y notorio” de Zambelli con algunos comisarios. Ella ha negado que la hubieran avisado de la operación de este martes. En un comunicado de prensa, el gobernador Witzel ha afirmado que estaba “extremamente sorprendido e indignado porque, claramente, los diputados bolsonaristas han anunciado en las redes sociales, estos últimos días, una operación de la Policía Federal dirigida a mí, lo que demuestra claramente que hubo una filtración”.

Bolsonaro, por su parte, ha felicitado a la Policía Federal por la operación. La superintendencia de la Policía Federal de Río está en el centro del desacuerdo entre el presidente y el exministro de Justicia Sergio Moro, que dejó el cargo acusando a su jefe de querer interferir en el mando de la institución. Debido a esas acusaciones, el fiscal general, Augusto Arasse, solicitó al Tribunal Supremo Federal que abriera una investigación. Tras la dimisión de Moro, el presidente destituyó al director de la Policía Federal y, el mismo día, cambió la superintendencia de Río. En el vídeo de la reunión ministerial del 22 de abril, Bolsonaro también dio a entender que quería interferir en la institución para evitar que las investigaciones involucraran a familiares y amigos. También se especula que el presidente tiene la intención de utilizar la institución contra sus adversarios políticos, algo que él niega.

Durante las elecciones de 2018, Witzel se embarcó en el discurso bolsonarista y contó con el importante apoyo de Flávio Bolsonaro para ganar. El año pasado, el gobernador se convirtió en adversario político de Bolsonaro, que lo acusa de utilizar la policía local para perjudicarlo él y a su familia, con vistas a las elecciones presidenciales de 2022. Un reportaje de la revista Crusoé publicado el pasado 22 de mayo mostró que el contenido de un expediente que pasó por el Palacio del Planalto es el mismo que sirve de base para la investigación contra Witzel. Este martes, el blog de la periodista Andreia Sadi ha informado de que el Ejecutivo hacía días que esperaba la operación contra Witzel.

Este martes, Witzel ha acusado al senador Flavio Bolsonaro, su antiguo padrino político. “Al contrario de lo que se ve en la familia del presidente Bolsonaro, la familia archiva investigaciones, filtra información. El senador Flávio Bolsonaro, con todas las pruebas que tenemos en su contra, ya debería estar en prisión. Él sí”, ha afirmado el gobernador, refiriéndose a las investigaciones abiertas contra el hijo del presidente sobre la presunta malversación de fondos en su gabinete. “La Policía Federal debería hacer su trabajo con la misma serenidad que lo hace en Río de Janeiro, porque el presidente cree que estoy persiguiendo a su familia y cree que la única alternativa es perseguirme políticamente”, ha añadido.

El senador ha respondido a Witzel en directo en su canal de Instagram. “Cuando dices que ya debería estar en la cárcel, ¿en la cárcel por qué? No he hecho nada malo. Me han estado investigando durante más de dos años y no hay ninguna denuncia contra mí porque no pueden denunciarme. Ahora bien, no es tu caso”, ha afirmado. “Pido disculpas a quienes hayan votado al gobernador Wilson porque me creyeron a mí, a Bolsonaro. A mí específicamente, porque el presidente estaba viajando por otros estados y dejó la campaña de Río de Janeiro a mi cargo”, ha concluido.