Francia y Bélgica desarticulan una red vinculada a la muerte de 39 vietnamitas en un camión en el Reino Unido
Los 26 arrestados se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión y multas de entre 1.000 y 150.000 euros
Francia y Bélgica han desarticulado una red de tráfico de seres humanos vinculada a la muerte de 39 vietnamitas en un remolque frigorífico en Essex (Reino Unido) el 23 de octubre de 2019. Veintiséis personas fueron detenidas el martes en una operación conjunta de ambos países en las regiones de París y la de Bruselas. Son sospechosos de pertenecer a una organización criminal que desde hacía meses transportaba ilegalmente, a diario, y desde el ...
Francia y Bélgica han desarticulado una red de tráfico de seres humanos vinculada a la muerte de 39 vietnamitas en un remolque frigorífico en Essex (Reino Unido) el 23 de octubre de 2019. Veintiséis personas fueron detenidas el martes en una operación conjunta de ambos países en las regiones de París y la de Bruselas. Son sospechosos de pertenecer a una organización criminal que desde hacía meses transportaba ilegalmente, a diario, y desde el continente europeo a las islas británicas, a decenas de inmigrantes sin papeles procedentes del sureste asiático, principalmente Vietnam, según un comunicado del fiscal de la República francesa, Rémy Heitz.
De las 26 detenciones, la mitad se han realizado en Francia y la mitad en Bélgica. Los detenidos en este último país son 11 ciudadanos vietnamitas y dos marroquíes, según fuentes belgas citadas por la agencia France Presse. Un comunicado de Europol, la agencia policial de la Unión Europea, detalla que, en las redadas, las fuerzas policiales encontraron a 21 inmigrantes que “se encuentran a salvo”. “Estas actividades criminales eran particularmente peligrosas debido a las condiciones del transporte, que ponían vidas en riesgo”, describe el comunicado. La urgencia de la operación —después de meses de investigaciones y en un momento en que los controles fronterizos se han reforzado y la libre circulación se ha limitado en casi toda Europa por la lucha contra el coronavirus— se justifica por la necesidad de proteger a las víctimas y evitar la fuga de los sospechosos, añade Europol.
El descubrimiento, el pasado abril, de un remolque frigorífico en un polígono industrial de la localidad inglesa de Grays con los cadáveres de 31 hombres y ocho mujeres —algunos menores de edad— fue un detonante de la investigación que ha desembocado esta semana en la desarticulación de la organización que pudo haber hecho posible la tragedia. Muchas de las víctimas procedían de Ha Tinh, una región agrícola y pobre en Vietnam, y habían pagado sumas cuantiosas de dinero para llegar al destino final del Reino Unido después de cruzar varios continentes. El contenedor que fue su tumba había embarcado en el puerto belga de Zeebrugge y un camionero norirlandés lo había recogido en un puerto británico antes de abandonarlo en un polígono industrial.
Según el fiscal francés Heitz, la operación deriva de dos investigaciones: la que comenzó tras el descubrimiento del remolque y otra iniciada ocho días antes. La organización criminal se encargaba de recibir a los inmigrantes en Francia y Bélgica, darles alojamiento y finalmente transportarlos a través del canal de la Mancha. Los detenidos afrontan cargos por homicidio involuntario y trata de seres humanos, entre otros. En abril, el conductor de camión, el norirlandés Maurice Robinson, se declaró culpable ante un tribunal de Londres de homicidio. Otras cuatro personas afincadas en el Reino Unido están acusadas y esperan juicio por este caso, según la BBC.
En la operación del martes, coordinada por Eurojust (la agencia de cooperación judicial europea) y con el apoyo de Europol, participaron agentes de la policía federal belga, de la agencia francesa de represión de la inmigración irregular y de la policía de fronteras de este país, además de investigadores del Reino Unido e Irlanda. Más allá de la detención de 26 personas y el registro de 27 domicilios, las autoridades se incautaron de tres vehículos, dinero en efectivo y equipamiento electrónico. Los sospechosos afrontan penas que van de uno a 15 años de prisión y multas de entre 1.000 y 150.000 euros, según fuentes de la fiscalía federal belga citadas por France Presse.