Seis de cada 10 presos federales de Argentina esperan una condena

Las cárceles de Argentina son un submundo muchas veces oculto para la opinión pública que goza de libertad. Así, muchos piden cárcel efectiva y rápida para quien comete un delito sin detenerse en el eslabón más importante del proceso penal: los juzgados. Un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), realizado con datos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), señala que durante el mes de junio se ha marcado el récord de detenidos en cárceles federales, con 10.529. El problema es que sólo tiene condena firme el 39% de los internos; el crecimiento de la cantidad de detenidos con prisión preventiva respecto de los condenados viene en ascenso desde 2006, cuando ambas variables registraban 45% y 55%, respectivamente.

La cantidad de detenidos en el pasado semestre representó una suba del 2% con respecto a diciembre 2015, según los guarismos auditados por la oficina que depende del Ministerio Público Fiscal. Del total de 10.529 son 6.422 las personas que se encuentran privadas de su libertad sin condena firme, a pesar de que el principio de presunción de inocencia es uno de los principales axiomas del Derecho Penal argentino. La evolución semestral se fijó en 2,4%, teniendo en cuenta que el número a diciembre de 2015 era de 6.271. Si se desglosa esa cifra por variables de género, y teniendo en cuenta que recién ahora la población trans es relevada junto con las mujeres, se puede ver que el 61% del total de detenidos varones están sin condena firme, pero que en la población femenina, ese indicador es aún mayor y ya alcanzó el 70%.

En tanto, el censo realizado por el SPF para 2015 precisó que el 57% de la población carcelaria estaba detenida por infracción a la Ley 23.737 (drogas), el 23% por delitos contra la propiedad, el 6% por delitos contra las personas, el 5% por delitos contra la libertad y el 9% por otros tipos de delitos. “La retórica política que afianza el fracaso de la guerra contra las drogas y demanda adictivamente por mayor punición, tiene su correlato en los elevados índices de encarcelamiento en Argentina respecto a delitos menores cometidos por los eslabones más débiles de la cadena de tráfico (mulas, vendedores por subsistencia, etc.). Ello conlleva una dilapidación absurda de los recursos estatales en la persecución y encierro masivo de personas en contextos de hacinamiento, violencia y tortura impuesta por el Estado con supuestos fines readaptatorios”, opinó el abogado Mariano Fusero, de la Asociación de Pensamiento Penal, en diálogo con EL PAÍS.

“La situación se agrava cuando observamos que un 75% de tales personas ni siquiera fueron declaradas culpables en el fuero federal y aún esperan un proceso judicial que desvirtúe su inocencia”, especificó Fusero, “Son presos ‘por las dudas’, ‘por si acaso’, porque el sistema penal los ha seleccionado conforme sus apariencias, vestimentas, hábitos, lugares de residencia y concentración de melanina en piel, para excluirlos de la sociedad. Se recicla así el ‘algo habrán hecho’ (expresión usada durante la dictadura militar por quienes negaban el terrorismo de Estado), mediante reforzadas estrategias de control social amparadas en la retórica punitiva de la política de drogas vigente”.

“A nivel mundial se están debatiendo y llevando adelante alternativas a la prisión para tales delitos, generalmente cometidos por personas condenadas previamente a vivir en contextos de violencia, exclusión social y necesidades desatendidas. Argentina va en contramano, ni siquiera avanzando en una norma que impida criminalizar a los usuarios de drogas como lo viene demandando la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace 30 años”, finalizó Fusero haciendo referencia al fallo Bazterrica que data de 1986.

En otro tramo de su informe, la Procuvin se refirió a los detenidos “jóvenes adultos”, que en junio pasado llegaron a 442 (93,2% de sexo masculino), lo que significó un incremento semestral del 8,8%.