Egipto condena a 20 años de cárcel al expresidente islamista Morsi
El tribunal le acusa de promover unos incidentes en 2012 que causaron 10 muertes
El expresidente egipcio Mohamed Morsi, el primero en ser elegido democráticamente en la historia del país árabe, fue condenado este martes a 20 años de cárcel por incitación a la violencia en unos enfrentamientos callejeros sucedidos bajo su mandato. Junto a Morsi, también fueron condenados a penas similares una docena de dirigentes de los Hermanos Musulmanes, el histórico movimiento islamista egipcio. La sentencia se enmarca en la política de represión de la Hermandad lanzada despué...
El expresidente egipcio Mohamed Morsi, el primero en ser elegido democráticamente en la historia del país árabe, fue condenado este martes a 20 años de cárcel por incitación a la violencia en unos enfrentamientos callejeros sucedidos bajo su mandato. Junto a Morsi, también fueron condenados a penas similares una docena de dirigentes de los Hermanos Musulmanes, el histórico movimiento islamista egipcio. La sentencia se enmarca en la política de represión de la Hermandad lanzada después del golpe de Estado militar del verano de 2013, que se ha saldado con la muerte de miles de manifestantes islamistas, así como severas y polémicas condenas a sus dirigentes.
Morsi fue absuelto de los cargos más graves a los que se enfrentaba, entre ellos el de asesinato premeditado, que podía implicar la pena de muerte. Sí fue declarado culpable de haber ordenado intimidar y torturar a manifestantes opositores. La fiscalía y algunos abogados de la defensa tienen intención de recurrir el fallo.
Los incidentes enjuiciados sucedieron la noche del 5 de diciembre de 2012, en las protestas contra el Gobierno de Morsi frente al palacio presidencial de Ittihadia, en El Cairo. Al menos 10 personas perdieron la vida. Entre las víctimas, había tanto simpatizantes islamistas como de la oposición laica, además de un periodista.
Los Hermanos Musulmanes rechazaron la legitimidad del tribunal y consideraron la sentencia “politizada”. “Según la Constitución, esta Corte no está autorizada legalmente a juzgar al presidente electo del país. Por eso, la sentencia es nula”, defendió Abdel Maugud Dardery, un exdiputado del brazo político de la Hermandad que vive exiliado en Estados Unidos.
Diezmados después de casi dos años de dura represión, no hubo reacción de los seguidores de Morsi en las calles. Con la estrategia de disolver cualquier manifestación sin contemplaciones, el Ministerio del Interior egipcio ha conseguido recuperar un control casi completo de las calles.
El expresidente Morsi, de 63 años, tiene pendientes otros cuatro juicios por diversos cargos. Se le acusa de facilitar secretos de Estado a entidades extranjeras, conspirar con la milicia palestina Hamás y la libanesa Hezbolá para llevar a cabo ataques contra las fuerzas de seguridad egipcias e insultar a la judicatura. Toda la cúpula de la organización se enfrenta a una retahíla de juicios. Por ejemplo, el guía supremo de la Hermandad, Mohamed Badie, ha sido imputado en más de 40 procesos, y la semana pasada ya fue condenado a la pena de muerte.
ONG de derechos humanos denuncian la politización de los procesos judiciales
Numerosas organizaciones de derechos humanos han criticado la falta de garantías en los procesos judiciales contra líderes o simpatizantes de los Hermanos Musulmanes, que se han saldado con varios centenares de condenas a la pena de muerte, algunas de ellas en juicios masivos. En concreto, se ha criticado la influencia del Ejecutivo en la selección de los jueces y la habitual aceptación por parte de estos de las pruebas contra los islamistas presentadas por la fiscalía.
“El hecho de que personas que cubrieron y difundieron las matanzas de 2013 puedan ser condenadas a cadena perpetua o ejecutadas mientras los asesinos permanecen libres muestra la abyecta politización de la justicia en Egipto”, declaró recientemente Joe Stork, miembro de la ONG Human Rights Watch, en relación con un juicio contra varios responsables de comunicación de un movimiento contra el golpe de Estado. El Gobierno sostiene que la justicia egipcia goza de una plena independencia.