Amnistía pide una nueva investigación sobre la masacre indígena de Acteal

Amnistía Internacional (AI) reclamó ayer al Estado mexicano una nueva investigación sobre la matanza de 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, en Acteal, en el Estado de Chiapas, en 1997, después de que 20 personas condenadas por el crimen, también indígenas, fueran liberadas por irregularidades en el proceso. Los detenidos, llevaban 11 años en prisión. "Esta es otra muestra de las graves deficiencias del sistema de justicia mexicano, que parece incapaz de investigar, procesar y sancionar por medio de un juicio justo a los responsables de violaciones de derechos humanos", aseguró Ruper Knox...

Amnistía Internacional (AI) reclamó ayer al Estado mexicano una nueva investigación sobre la matanza de 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, en Acteal, en el Estado de Chiapas, en 1997, después de que 20 personas condenadas por el crimen, también indígenas, fueran liberadas por irregularidades en el proceso. Los detenidos, llevaban 11 años en prisión. "Esta es otra muestra de las graves deficiencias del sistema de justicia mexicano, que parece incapaz de investigar, procesar y sancionar por medio de un juicio justo a los responsables de violaciones de derechos humanos", aseguró Ruper Knox, investigador sobre México de AI, en unas declaraciones a Notimex. "Es esencial que la masacre del Acteal se esclarezca inmediatamente, que se sancione a todos sus responsables y que se reparen los daños ocasionados", agregó.

El presidente de México, Felipe Calderón, de visita oficial en Colombia, aseguró que el Gobierno respeta la decisión judicial, acata el fallo y se compromete a que nunca más ocurra otra matanza como la del 22 de diciembre de 1997.

A la barbarie de quienes perpetraron la masacre del grupo que tranquilamente rezaba aquella tarde de hace casi 12 años, siguió la de los cuerpos de "procuración de justicia". Los Gobiernos priístas de entonces, tanto el de Chiapas como el federal, presidido por Ernesto Zedillo, se vieron sacudidos: cayeron el gobernador chiapaneco y el secretario de Gobernación. Pero, lejos de comprometerse a resolver el caso de acuerdo a derecho, la autoridad montó una farsa que el martes recibió el tiro de gracia por parte de la Suprema Corte, después de que abogados, académicos y periodistas denunciaran durante años que los procesos hacían agua por todas partes, que se habían inventado culpables, testimonios y móviles.

"No hay peor injusticia que tratar de enmendarla cometiendo otra", afirmó durante la vista en la Corte el magistrado Juan Silva Meza. La votación final fue de cuatro votos a favor frente a uno en contra de la liberación inmediata de 20 indígenas. Otros 31 podrían salir cuando se resuelva un trámite legal y a 6 más se les repetirá el proceso. El fallo de los magistrados establece que muchas de las pruebas de los procesos se obtuvieron de forma ilegal y que hasta la Procuraduría General de la República había inventado pruebas.

Fallos jurídicos

La lista de aberraciones jurídicas sería motivo de risa si uno perdiera de vista por unos segundos que decenas de familias vieron destruida su tranquilidad los últimos 11 años debido a que, por ejemplo, un testigo que declaró formalmente no saber ni escribir ni hablar castellano la primera vez que fue interrogado, poco después fue el autor de una "lista de culpables". O cómo la policía elaboró un álbum de fotografías para que sus testigos reconocieran a los que debían señalar como culpables. O el juez que agregó delitos al expediente que el fiscal no había incluido. O cuando otro juez basó su resolución en la Wikipedia...

El abogado Javier Cruz Angulo, quien desde 2007 lleva la defensa de los encarcelados, aseguró ayer a EL PAÍS que "las víctimas tienen derecho a la reparación del daño. Que intervengan los mejores peritos en la materia para que se reabra la investigación y se castiguen a los culpables sea quien sea". Una de sus propuestas es que se invite al equipo de antropología forense argentino que compareció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha revisado casos similares a los de Acteal.

Con machetes y balas, mientras oraban en Acteal, fueron abatidas 14 niñas, 4 niños, 4 mujeres embarazadas, otras 15 mujeres y 8 hombres. Se acusaba a la comunidad de ser simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Se cree que algunos de los verdaderos autores de la matanza, atribuida a grupos paramilitares financiados por el Gobierno, fallecieron en libertad.

El caso llegó al Supremo en agosto del año pasado, cuando aceptó revisar la solicitud de amparo demandada por 57 presos. En la vista del martes, los magistrados establecieron claramente que no se puede saber si entre los que obtendrán su libertad hay alguno o algunos que sí son culpables, porque lo único que determinaron es que, además de violación de las garantías de los procesados, hubo invención de pruebas.

Fuera del tribunal el fallo fue recibido con júbilo por los familiares de los acusados y sus abogados, pero también con recelo por los líderes de la Sociedad Civil Las Abejas, a la que pertenecían los tzoltziles asesinados: ellos, naturalmente, siguen esperando justicia.