El Senado italiano corrige la política migratoria de Berlusconi
Italia podrá retener a los inmigrantes indocumentados 60 días como máximo en lugar de las 18 semanas propuestas por el Gobierno
El Decreto Ley de Seguridad propuesto por el Gobierno de Silvio Berlusconi, que estipulaba en 18 semanas el máximo que un inmigrante indocumentado podía permanecer retenido en un centro de identificación, ha sufrido un duro revés por parte del Senado.
La cámara alta italiana ha aprobado este miércoles mediante voto secreto una enmienda a este decreto presentada por la oposición, por la que se limita el tiempo máximo de retención en 60 días.
"Con la derogación de esta norma se ha dado una señal muy fuerte a la política de inmigración del Gobierno. Evidentemente sobre la línea imp...
El Decreto Ley de Seguridad propuesto por el Gobierno de Silvio Berlusconi, que estipulaba en 18 semanas el máximo que un inmigrante indocumentado podía permanecer retenido en un centro de identificación, ha sufrido un duro revés por parte del Senado.
La cámara alta italiana ha aprobado este miércoles mediante voto secreto una enmienda a este decreto presentada por la oposición, por la que se limita el tiempo máximo de retención en 60 días.
"Con la derogación de esta norma se ha dado una señal muy fuerte a la política de inmigración del Gobierno. Evidentemente sobre la línea impuesta por (el ministro de Interior Roberto) Maroni no hay ni siquiera mayoría", ha comentado Felice Casson, promotor de la enmienda aprobada por el Senado. Casson, senador del PD,ha explicado que el voto secretose solicitó porque algunas de las propuestas iban contra los artículos 13, 24 y 29 de la Constitución italiana.
Los varapalos de la cámara alta al Gobierno de Berlusconi se han repetido este miércoles en tres ocasiones, y estuvo a punto de suceder una cuarta, con la enmienda propuesta por un senador del opositor Partido Democrático (PD), liderado por Walter Veltroni, que pedía la revocación de la polémica tasa por el permiso de residencia.
Esta derrota parlamentaria del Gobierno llega en un momento en el que el ministro de Interior es cuestionado por su política de inmigración y, sobre todo, por su decisión de abrir un centro de identificación y expulsión de inmigrantes en la pequeña isla de Lampedusa, considerada por muchos la puerta de entrada a Europa.
El Decreto Ley de Seguridad propuesto por el Gobierno italiano preveía entre otras medidas castigar el delito de inmigración ilegal con multas de 5.000 a 10.000 euros; prohibir registrar sus matrimonios y nacimientos a los sin papeles; tasa anual de 125 euros por el permiso de residencia; elaboración de un censo nacional de personas sin techo, y obligación de tener una vivienda digna.