Los Quince acuerdan unificar los derechos sociales de los inmigrantes regularizados
Los ciudadanos de terceros países podrán beneficiarse de sus derechos en materia de seguridad social cuando se desplacen de un país a otro de la UE
La propuesta de reglamento pretende poner fin a la discriminación que sufren los ciudadanos de terceros países que actualmente no pueden beneficiarse de sus derechos en materia de seguridad social cuando se desplazan de un país a otro de la UE por motivos de residencia o trabajo.
Como ejemplo, la futura normativa permitirá que un ciudadano ruso que reside legalmente en España y decide trasladarse a Francia pueda acumular sus derechos de seguridad social adquiridos en España a los que logre en Francia, e incluso en un tercer o cuarto estado miembro, si sigue cambiando de residencia.
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Los ministros de Asuntos Sociales de la UE han alcanzado un acuerdo unánime para extender los derechos sociales de que gozan los europeos a los extranjeros que residen legalmente en un estado miembro y deciden cambiarse a otro.
La propuesta de reglamento pretende poner fin a la discriminación que sufren los ciudadanos de terceros países que actualmente no pueden beneficiarse de sus derechos en materia de seguridad social cuando se desplazan de un país a otro de la UE por motivos de residencia o trabajo.
Como ejemplo, la futura normativa permitirá que un ciudadano ruso que reside legalmente en España y decide trasladarse a Francia pueda acumular sus derechos de seguridad social adquiridos en España a los que logre en Francia, e incluso en un tercer o cuarto estado miembro, si sigue cambiando de residencia.
Una resolución inesperada
Se trata de un "acuerdo político" que, en principio, no estaba previsto por las reservas que presentaban Alemania y Austria al apartado sobre ayudas familiares que se incluye en la propuesta, según fuentes de la Comisión.
Finalmente, se ha logrado un acuerdo unánime con una "derogación" para estos países, que concederán las ayudas familiares cuando, según sus respectivas legislaciones, los beneficiaros de las mismas sean considerados residentes permanentes, han precisado las fuentes.
Según las previsiones de la Comisión Europea, su puesta en marcha afectará a unos 13 millones de ciudadanos no comunitarios que residen legalmente en el territorio de la Unión.
Fuentes comunitarias han precisado que la aplicación de esta iniciativa no va a implicar "ningún derecho de entrada, estancia o residencia en un estado miembro, ni tampoco de acceso a su mercado de trabajo", ya que se concentra en "garantizar la igualdad de trato" para todos los ciudadanos que se desplacen legalmente en el seno de la UE.