Seducción electoral
Una cosa es la independencia judicial. Otra, la inoperancia de jueces incapaces protegidos por sus superiores
Muchos expertos en campañas electorales opinan que las elecciones no se ganan hablando del Consejo General del Poder Judicial porque solo se seduce al votante hablando de los sentimientos que se comparten (El País Semanal, 12 de febrero). Sin embargo, hay pocas cosas que amarguen más a los ciudadanos y que afecten más profundamente a sus sentimientos que el mal funcionamiento de la justicia. Y resulta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ...
Muchos expertos en campañas electorales opinan que las elecciones no se ganan hablando del Consejo General del Poder Judicial porque solo se seduce al votante hablando de los sentimientos que se comparten (El País Semanal, 12 de febrero). Sin embargo, hay pocas cosas que amarguen más a los ciudadanos y que afecten más profundamente a sus sentimientos que el mal funcionamiento de la justicia. Y resulta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano constitucional encargado de ejercer el gobierno de los jueces con la finalidad de garantizar su independencia, pero también de vigilar por su eficacia, mantener el régimen disciplinario judicial y sancionar sus errores, efectuar nombramientos, ascensos y traslados. Y es obvio que todo eso está funcionando mal.
Es difícil soportar el recuento reciente de errores judiciales, provocados la mayoría de ellos por dilación indebida en la práctica de pruebas. Un hombre del que existen grandes indicios de haber matado y descuartizado a su mujer ha sido puesto en libertad porque han pasado ¡cuatro años! sin que se practicaran las pruebas solicitadas y quedaran cuestiones previas sin resolver. Sigue sin haber fecha para el juicio y, según el informe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no hubo responsabilidad de las tres juezas instructoras sucesivas y el encargado de la investigación cree que la causa no estuvo nunca paralizada. ¿No tiene nada que investigar el CGPJ? Los abogados defensores creen que se trata de un claro caso de encubrimiento de fallos sucesivos. Una cosa es la independencia judicial y otra la absoluta inoperancia de jueces incapaces, protegidos por sus superiores.
No es un caso único, desde luego. Que se sepa, el CGPJ tampoco ha investigado lo ocurrido en Baleira (Lugo), donde se produjo durante años la violación de una menor por su cuñado y el hermano de éste (quedó embarazada a los 13 años). Al final se ha llegado a un acuerdo de solo tres años de condena por “dilaciones indebidas en el proceso”, paralizado “durante tiempo indeterminado, sin que los acusados fueran responsables de la dilación”. En A Coruña se produjo hace poco un caso similar, otro acuerdo de tres años para un hombre que violó a la hija de su pareja desde que tenía 8 años y hasta los 13. Una vez más, “atenuante muy calificada de dilación indebida”. La causa se abrió en 2014 y la instrucción duró ¡cinco años!, pese a “no tener una complejidad especial”. Durante tres años “no se practicó ninguna diligencia de investigación”.
No todo son casos tan dramáticos, pero la ineficacia y la dilación, a veces justificada por falta de medios y a veces totalmente injustificada, destrozan la vida de muchos ciudadanos afectados y desprotegidos. Recientemente, el Tribunal Constitucional ha comenzado a conceder amparo a ciudadanos claramente afectados por la desorganización que provoca el bloqueo del CGPJ y la imposibilidad de renovar las plazas. Hace bien poco, un juzgado señaló tan ricamente el día del juicio por un despido laboral para dentro de tres años y cinco meses, y eso reconociendo que el litigio “carece de especial complejidad”. El afectado no puede cobrar el seguro de paro ni ningún tipo de prestación porque estará en el limbo. ¿Y el CGPJ?
Según la memoria del CGPJ de 2021, las quejas relativas a funcionamiento de juzgados y tribunales no cesan de aumentar: ese año llegaron a 10.368, unas 2.270 más que dos años antes. Las quejas aluden sobre todo a la dilación indebida, falta de atención, escasa responsabilidad, actuaciones profesionales incorrectas, falta de actuaciones necesarias…
Según la memoria mencionada, la Comisión Disciplinaria tomó 145 acuerdos, de los que 15 fueron resoluciones de carácter sancionador, la mayoría por desatención, pero, salvo una, todas de muy poca gravedad: advertencias y multas de 200 a 300 euros. Los retrasos indebidos, explican, solo son detectables si son objeto de denuncia “por quien lo sufre o quien lo conoce”. Parece que quienes “lo conocen” son muy pocos, dadas las poquísimas denuncias presentadas por colegas o superiores de esos jueces tan extraordinariamente ineficaces o tan extraordinariamente sobrepasados por un trabajo en el que las vacantes son cada vez más graves. Unas ausencias que, al menos en parte, podrían remediarse si el Consejo General del Poder Judicial, bloqueado, pudiera acelerar los nombramientos en las vacantes producidas. Pero, por lo que se ve, a nadie le importa, porque ese no es tema de seducción electoral.
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