La crisis sanitaria que ha generado la pandemia ha coronado las que se han venido produciendo desde el principio del milenio. La indignación ciudadana contra las derivas de seguridad, la cólera de los chalecos amarillos frente a las desigualdades sociales, la revuelta de las generaciones jóvenes y de los pensionistas y el llamamiento de los científicos sobre el cambio climático no han sido advertencias suficientes. Ha sido necesario un virus para hacer temblar el mundo, hasta el punto de estremecer -por fin- las certidumbres de nuestros dirigentes.

Frente a un peligro real, los Estados tanto a escala europea como mundial, se esfuerzan penosamente por detener la propagación de la enfermedad y por limitar sus consecuencias. Es como si ese minúsculo ser vivo hubiera venido para desafiar nuestra humanidad mundializada y revelar su impotencia. Lo que hemos visto desde el comienzo de la crisis evidencia que hay que someter la globalización a reglas de Derecho. Pero para concebir un Estado de Derecho sin un verdadero Estado mundial, el universalismo resulta demasiado ambicioso y el soberanismo, replegado sobre las comunidades nacionales, demasiado pusilánime. Para conciliarlos se requiere pensar en ello de forma interactiva: necesitamos a las comunidades nacionales para responsabilizar a los diversos actores, comenzando por los servicios de salud.

Pero solo la comunidad mundial podrá definir los objetivos comunes y las responsabilidades que resulten de ello para los agentes globales: Estados, organizaciones internacionales y empresas multinacionales. Solo su coordinación entrecruzada evitará que las dos dinámicas se enfrenten en un amplio caos. Para inspirar esa nueva gobernanza debemos acudir a los principios de los humanismos jurídicos, que han de ser nuestra brújula en tiempos tempestuosos. Y debemos organizarnos bajo el lema SVP: saber científico, voluntad ciudadana y poderes públicos y privados.

La crisis sanitaria es una demostración casi perfecta del grado de interdependencia alcanzado por nuestras sociedades. Ningún Estado ni comunidad nacional podría en el tiempo mantenerse “solitaria” y ha llegado el momento de que la soberanía se torne “solidaria”, y que cada cual se encargue de su parte de los bienes comunes mundiales, ya se trate del clima, ya de la salud.