El ejemplo de Rocío y Andrés

Hace una década, Rocío Luque, malagueña de 38 años, sufrió un accidente en el que casi pierde la mano derecha. "Gracias a Dios la salvé", explica. "Pero perdí mi trabajo de enfermera. Estaba a una semana de que me hicieran fija. Era vocación". Andrés Alonso, por su parte, abandonó el mundo de la construcción tras la crisis de los 2000. El desempeño de su oficio le produjo tres hernias discales que le incapacitaron para cualquier esfuerzo físico. "Me llegaron a decir que dónde iba a trabajar yo con mi edad y mis lesiones", recuerda este madrileño de 56 años. Ambos solicitaron el grado por discapacidad y ambos tienen un 33% concedido. Forman parte de los 1,8 millones de españoles en edad de trabajar que tienen una discapacidad reconocida, según los últimos datos recogidos en el Informe Olivenza del Observatorio Estatal de la Discapacidad. Ellos han conseguido un trabajo, algo que en España solo puede afirmar una de cada cuatro personas de este colectivo.

Son dos casos de inserción laboral que no abundan en España. Según estima el INE, solo el 25,6% de las personas con discapacidad tiene un empleo, un porcentaje lejano al 64% que alcanzan la población general. "El déficit viene arrastrado de una situación histórica de discriminación de las personas con discapacidad", contextualiza Pepa Torres, responsable de la Comisión de Empleo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). "Las tasa de empleo y de actividad van creciendo, pero muy poco a poco".

La situación la agrava el incumplimiento de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que exige a las empresas con más de 50 trabajadores una cuota mínima de contratación del 2%, algo que en la práctica no suele suceder. "Los pocos estudios y datos que hay denotan que hay un incumplimiento", amplía Torres. "Pero es cierto que en los últimos años hay una mayor concienciación y paulatinamente empieza a cubrirse este porcentaje". Una de las causas principales, según CERMI, es la desinformación de las compañías y el desconocimiento de esta obligación legal.

Un cambio de vida radical

"Me costó bastante asumir un cambio tan radical de vida", rememora Rocío Luque, que desde los 19 años estuvo trabajando como técnica de enfermería en varios hospitales de la provincia de Málaga. Durante la rehabilitación de su mano, que no le amputaron "porque los tendones y la arteria estaban bien", no perdió la esperanza de retornar a su oficio de siempre. Pero las limitaciones físicas le impedían desarrollar las tareas con soltura. "Tuve que empezar a escribir con la mano izquierda, por ejemplo. Fui día a día y poco a poco. Al principio me ponía nerviosa, de mal humor. Luego ya convives con ello", explica. Andrés Alonso, por su parte, también pasó por un periodo de incertidumbre. Tras el cierre de la pequeña empresa que poseía y una operación de la espalda para tratarse las hernias, estuvo buscando trabajo cuatro años. "Cuando llevas tanto tiempo sin hacer nada parece que con 56 estás acabado", reflexiona. "Pero nunca me he echado para atrás".

Rocío Luque encontró trabajo hace seis años. Una amiga le habló del centro especial de empleo Integra, perteneciente a la compañía Clece. Tras un proceso de varias entrevistas, obtuvo un empleo como vigilante en una aseguradora de Málaga. Andrés Alonso trabaja desde 2017 en el servicio de limpieza del madrileño Hospital Ramón y Cajal, gestionado también por la misma compañía. Empezó haciendo suplencias y hoy es fijo en el turno de noche. La contratación mediante centros de especiales de empleo, una de las vías más frecuentes de inserción, dio trabajo el año pasado a 82.981 personas, según el Informe Olivenza.

La batalla del trabajo y la formación

Además de la escasez de empleo dentro de este colectivo, las condiciones también distan de lo que reivindican expertos y asociaciones. Según el Informe Olivenza, en 2017 se contrataron a 308.376 personas discapacitadas, tanto en la empresa ordinaria como en los centros especiales de empleo, lo que representa un 1,4% del total de contratos firmados en España. A ello se suma la alta temporalidad y un salario medio de 19.297 euros, un 17,1% inferior al de la población general. El panorama se agrava entre los jóvenes, un segmento que registra 23.393 personas: de ellas, el 36,9% se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y su inserción apenas supera el 25%. "Nuestra reivindicación esencial en el empleo es conseguir una ley de inclusión que dé un impulso definitivo a esta situación", resume Torres.

Otro caballo de batalla es el nivel formativo. Tan solo el 15% de las personas con discapacidad poseen estudios superiores por el 33,9% de las personas sin discapacidad. Además, la ausencia de formación es del 6% en este colectivo, mientras que entre la población general es residual. "Este fenómeno tiene un impacto tremendo en el empleo", incide Torres. "Las personas que tienen formación, independientemente de la tipología de discapacidad, tienen muchas más probabilidades de participar en el mercado de trabajo". A este factor se le suma una población activa muy envejecida. "Si la edad es un factor de exclusión general, imagínate en nuestro colectivo", lamenta.

Tanto Luque como Alonso consideran fundamental haber encontrado un empleo para continuar con su vida. Alonso limpia de noche las cocinas del hospital con una máquina adaptada para que su espalda no sufra. Agradece la comprensión de sus compañeras. "Me ayudan y han sido lo suficientemente pacientes para apreciar mis progresos", valora. Luque necesitó tiempo para volver a sentirse ubicada. "Como estoy en una mutua de accidentes, cada vez que entra un paciente al que le tienen que dar puntos me sale atenderlo como la enfermera que era", relata con humor. "Pero aparte de eso me siento útil, con buenos compañeros, con una vida plena. Siempre he intentado que mi incapacidad no me limitase".