Jueces de paz en peligro de extinción

Francisco Ocaña rebusca entre una decena de libros del Registro Civil. Su firma se repite una y otra vez en miles de páginas, testigos del paso del tiempo del municipio de Cádiar (Granada, 1.469 habitantes). A sus 89 años sigue trabajando como juez de paz de este pueblo escondido en las montañas de la Alpujarra. Entre sus funciones están el registro de los nacimientos y las defunciones —que figuran en los libros que sostiene—, o la resolución de conflictos vecinales mediante conciliación. Unas funciones que podrían estar en peligro de extinción si el anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia ...

Francisco Ocaña rebusca entre una decena de libros del Registro Civil. Su firma se repite una y otra vez en miles de páginas, testigos del paso del tiempo del municipio de Cádiar (Granada, 1.469 habitantes). A sus 89 años sigue trabajando como juez de paz de este pueblo escondido en las montañas de la Alpujarra. Entre sus funciones están el registro de los nacimientos y las defunciones —que figuran en los libros que sostiene—, o la resolución de conflictos vecinales mediante conciliación. Unas funciones que podrían estar en peligro de extinción si el anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, aprobado en Consejo de Ministros en abril, llega a buen término.

La sala en la que Ocaña se mueve con un impecable traje de color negro, camisa blanca y corbata, tiene unos 10 metros. Detrás de su mesa, que preside el espacio, la foto del Rey, las banderas de España y Andalucía, un ordenador, varios sellos y un letrero en el que se lee Justicia y paz. En España hay 7.600 juzgados de paz como este, una figura de casi dos siglos de antigüedad que en la actualidad permanece en pequeños municipios en los que no hay juzgado de primera instancia. En total dan servicio a más de 14 millones de habitantes. Sus titulares son vecinos elegidos cada cuatro años por la Corporación local y se encargan de asuntos menores de Derecho civil. Su retribución, a cargo del Ministerio de Justicia, depende de la población a la que atiendan. En el caso del juez de paz de Cádiar, es de unos 1.200 euros al año.

Desde 2015, con la reforma del Código Penal impulsado por Mariano Rajoy, sus funciones se redujeron a la mínima. Antes de esa fecha resolvían juicios de faltas mediante conciliación, pero ahora solo les queda la resolución de juicios civiles de hasta 90 euros y los trámites del Registro Civil. Pero el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno en abril quiere además sustituir a esos juzgados de paz por las nuevas oficinas de justicia. Estos centros aglutinarán más competencias y pretenden digitalizar los trámites y procesos burocráticos. “El sentido originario con el que surgió el juzgado de paz ya se ha perdido. Ya apenas tenían competencias, pero es verdad que hay un componente humano, de referente en el pueblo, que se pierde”, explica Fernando Martín, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca.

Ocaña fue nombrado juez de paz de Cádiar en 1981 y desde entonces ha sido elegido ininterrumpidamente por todos los Gobiernos que han ocupado el Ayuntamiento, donde también se ubica el juzgado. “Hace 40 años al juez de paz lo elegía una terna formada por el alcalde, el párroco y el comandante de la Guardia Civil. Escogían siempre a una persona que fuera honorable, que no tuviera problemas de ninguna clase. Y, en fin, me escogieron a mí”, recuerda con rubor. Los jueces de paz no necesitan ninguna titulación específica. Ocaña aprendió a leer gracias a su padre, maestro del pueblo. Trabajó como dependiente y más tarde abrió una tienda de confección. También fue edil del Partido Popular 24 años: “A mí me han elegido siempre juez estuviera el partido que estuviera en el Ayuntamiento, tanto socialistas como populares. Estoy agradecido por ello, aunque yo muchas veces no tenía muchas ganas de continuar, pero por circunstancias y por colaborar con el poder público, he seguido”, explica.

El Ministerio de Justicia ya ha empezado a trabajar con las comunidades autónomas para dar forma a la futura estructura judicial, en el marco del Programa Justicia 2030. El pasado 24 de septiembre, Pilar Llop, titular de Justicia, presentó en Avilés (Asturias) algunas de las novedades: “No se trata de revolucionar la justicia, sino de evolucionarla y de alinearla con la transformación, haciendo el servicio de justicia más accesible, sostenible y eficiente”. Fuentes de Justicia explican que en las reuniones sectoriales de trabajo las partes están de acuerdo en llevar a cabo esta transformación y que, aunque sea un anteproyecto, ya se toman medidas tendentes a “modernizar los procesos” para que luego en el futuro la transición sea menos abrupta. “En los países modernos como Alemania se hace lo contrario de lo que se hace aquí. Se concentran órganos judiciales en las cabezas de comarca, en lugar de tantos juzgados diversificados. La reforma era necesaria. Ahora con las comunicaciones electrónicas llegas a muchos sitios muy rápido”, aporta Carlos Pérez, exmagistrado y catedrático Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo.

― Usted, ¿cómo se lleva con las nuevas tecnologías?

― Bien, bueno, las cosas del ordenador las lleva la secretaria del juzgado. Pero sí, tengo móvil, leo las noticias y veo las cosas del banco y a mis hijas les hablo a veces por Whatsapp.

Ocaña solo se ausentó una temporada por una baja. No ha pasado ninguna enfermedad importante y salvo por un audífono y una pastilla para la tensión, está “como un roble”. El anteproyecto de ley propone que, con el cese de los jueces de paz, el conocimiento de los asuntos en trámite se traslade a la Sección Única o, en su caso, a la Sección Civil de su partido judicial. La idea es que en estos centros, con más competencias, los ciudadanos puedan recibir también información general sobre el estado de tramitación de sus casos, hacer gestiones de índole procesal con los órganos judiciales y de acceso a personal judicial, de forma telemática.

Por ahora es solo un anteproyecto que inició José Carlos Campo, predecesor de Llop, y aún tiene que pasar por Congreso y Senado. El escaso margen hasta que acabe la legislatura no garantiza que salga adelante, advierten fuentes de Justicia. “Si sale adelante la ley, la dotación presupuestaria puede ser muy alta, tengo mis dudas de que se pueda instaurar una oficina de justicia en cada juzgado de paz”, advierte Fernando Martín. La reforma ha recibido críticas de por parte de asociaciones de jueces de paz, como la de Málaga, que en mayo emitió un comunicado: “No a estas nuevas Oficinas donde desaparece por completo la figura de juez de paz cuya existencia data de más de 100 años. Por otro lado, nos negamos rotundamente a que se siga perjudicando a esa España vaciada limitando aún más servicios básicos para la ciudadanía”.

Tras acabar la jornada, a Ocaña lo asalta una vecina por la calle para pedirle mediar en un conflicto con la dueña de otra casa. “Siempre he estado para colaborar con todo el que me ha llamado, a la hora que sea, lo que sea al servicio del pueblo”. En la memoria de este juez de paz, uno de los más longevos de España, se acumulan todo tipo de casos, como cuando tuvo que separar a dos vecinos que casi acaban a garrotazos por una linde. “Empezaron a discutir y vi que de repente se exaltaban mucho. Uno sacó un bastón para darle al otro en la cabeza. Entonces me metí por medio y digo ‘oiga, si siguen ustedes en ese plan, llamo a la Guardia Civil’. Me hicieron caso y acabamos todos echando una cerveza”, narra con una enorme sonrisa. Ocaña también ha celebrado innumerables bodas, muchas de extranjeros que viven por la zona. “Hay que decir las mismas palabras siempre, pero a mí me gusta también darles mi propio discurso sobre el matrimonio”, subraya.

Ocaña lleva más de 50 años casado y vive con su esposa en el pueblo. “Me gusta subir a la terraza a escuchar a Antonio Machín o Julio Iglesias”, añade. Le gusta leer clásicos como Julio Verne o Miguel de Cervantes y dar paseos por la montaña. A Cádiar se llega por una sinuosa carretera de unos 40 kilómetros tras dejar la autovía, que el juez de paz ha recorrido en cada una de las elecciones generales para llevar las urnas a la Junta Electoral Central, otra de sus funciones. Tanto Ocaña como la secretaria del juzgado de paz no confían en que la reforma llegue a término. “El juzgado de paz es importantísimo, creo yo, porque es el eslabón primero para la cadena de la cadena judicial. Somos la primera escalera de la justicia”, subraya desde su silla.