Los directivos del fondo Elix se defienden en el juzgado y niegan acoso inmobiliario contra los vecinos de un edificio en Lavapiés
Los representantes del fondo de inversión aseguran que con las obras iniciadas en el edificio ubicado en el número 7 de la calle de Tribulete no están buscando presionar a los residentes para que abandonen la propiedad
Es la primera vez en España que los representantes de un fondo de inversión tienen que declarar en un juzgado por una querella colectiva por presunto acoso inmobiliario. Los protagonistas de esta batalla judicial son un grupo de vecinos que resiste en el edificio ubicado en el número 7 de la calle de Tribulete, en el barrio madrileño de Lavapiés, y la socimi Elix Rental Housing, el fondo de inversión que compró la propiedad en marzo de 2024. La jueza que instruye el caso ha interrogado este jueves a directivos y empleados del fondo de inversión, quienes han negado la existencia del acoso inmobiliario del que se les acusa. También han negado que con las obras iniciadas después de haber comprado el edificio busquen presionar a los vecinos para forzar su salida, como lo denuncia la querella en su contra que fue admitida para trámite.
La sesión se ha celebrado en los juzgados de Plaza de Castilla y ha tardado alrededor de cuatro horas. La magistrada ha interrogado a cinco representantes de Elix Rental Housing: el responsable de la compañía, el director de inversiones, dos trabajadores y el arquitecto, según ha resumido Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas y quien representa a los vecinos querellantes. La letrada ha comparecido ante los medios de comunicación y ha dicho que el representante legal de Elix “ha reconocido que hay un plan de negocio que pasa por vaciar el edificio”. Al término de la cita en el juzgado, los representantes de Elix no ofrecieron declaraciones.
Jacinto ha criticado que los directivos de Elix “han echado balones fuera” al asegurar que los vecinos de Tribulete 7 “tienen suerte” porque pueden “empezar de nuevo y tener una segunda oportunidad”, destacando los acuerdos económicos a los que han llegado con inquilinos que ya abandonaron el edificio. Sin embargo, ha anotado Jacinto, “no han sabido contestar a las preguntas sobre cómo es posible que caigan cascotes encima de las camas o que se realicen ruidos insoportables todos los días hasta el punto de que los niños tengan miedo de pasar por el portal”. Los representantes del fondo han dicho que no les consta este tipo de incidencias.
Los vecinos de Tribulete denuncian que, desde que comenzaron las obras en noviembre de 2024, se les ha hecho “la vida imposible”. Los querellantes alegan la presencia permanente de andamios, boquetes abiertos y obras que han provocado ruido constante, filtraciones de agua, humedades y episodios de inseguridad por la posible caída de cascotes. “A través del acoso inmobiliario, el fondo ha conseguido ejecutar su cometido. De 55 viviendas en el edificio, ahora apenas quedan habitadas 15 viviendas y 3 de ellas tienen previsto el desalojo en los próximos días. Estas prácticas han conseguido el fin para el cual se ejecutan: vaciar el edificio y sustituir a estos vecinos de toda la vida en el barrio madrileño de Lavapiés por otros que sean más rentables económicamente”, ha explicado Jacinto .
Pero la socimi Elix Rental Housing niega la existencia de la campaña de acoso inmobiliario que denuncian los vecinos de Tribulete, 7 y precisa que “las obras acometidas en el edificio están orientadas a la mejora de la accesibilidad, el refuerzo estructural del arranque de los pilares y la renovación de la cubierta. El fondo asegura que se trata de “acciones imprescindibles para garantizar la seguridad y habitabilidad del inmueble” y afirma que los trabajos se desarrollan “en línea con las especificidades técnicas del Ayuntamiento de Madrid”. “Como propietarios, existe la responsabilidad legal de ejecutar estas mejoras para proteger a los residentes y mantener el inmueble en condiciones de uso y, para dichas obras, la compañía cuenta con todos los permisos necesarios según la normativa vigente”, ha respondido por escrito a EL PAÍS.
Adicionalmente, subraya que la propiedad ha alcanzado acuerdos con más de 30 vecinos de ese edificio. “Conscientes de las molestias que pueden ocasionar este tipo de intervenciones, y para reducir al máximo el impacto en la vida de los vecinos, la propiedad ha ofrecido desde el inicio alternativas para los vecinos con afección directa de las obras, poniendo a su disposición opciones de reubicación temporal en otras viviendas y alojamientos adaptados a sus necesidades”.
Las declaraciones se retomarán el próximo 3 de marzo con las comparecencias del portero de la finca, el arquitecto de los vecinos de Tribulete y el jefe de obra. El Sindicato de Inquilinas, además, prevé solicitar más diligencias, como requerir a la Policía Municipal y a los bomberos los informes que hubiesen elaborado como consecuencia de las llamadas que han realizado los vecinos alertando del daño que han provocado las obras en el edificio. La letrada ha asegurado que, en este momento, “queda acreditado suficientemente que las intenciones de Elix eran y son desalojar el edificio y para ello han estado dispuestos a hacer lo que hiciera falta con tal de vaciarlo rápido”. Jacinto ha subrayado que, al menos de momento, la querella ha servido para “cesar la tortura”, pues ahora las obras no se están produciendo “de esa manera tan salvaje” como se venían desarrollando.