El ejecutivo de Ayuso salvó con 33 millones al hospital de Torrejón por el coste de fármacos y pacientes: “Está en práctica insolvencia”

Es 28 de marzo de 2023, y hasta la Comunidad de Madrid llega una reclamación millonaria: el gestor privado del hospital público de Torrejón, que pertenece a Ribera Salud, pide que se le compense con 53.581.170 euros por los gastos que está teniendo en su negocio y que no aparecen reflejados en su acuerdo original con la administración regional. Poco se sabe de lo que ocurre en los más de dos años que tarda el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en contestar oficialmente al requerimiento. Lo que sí se conoce es la respuesta final: el 16 de julio de 2025, Madrid decide rescatar al hospital de Torrejón con 32.788.391,29 euros, como adelantó este diario, con el argumento de que ofrece servicios, tecnologías y fármacos que no recogía el acuerdo inicial. Apenas dos meses después de recibir esa lluvia de dinero público, el CEO del grupo, Pablo Gallart, azuzaba a los mandos del centro a mejorar la cuenta de resultados durante una reunión celebrada el 25 de septiembre: “Seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA de la sociedad (...) y qué actividad nos interesa más hacer”, dijo.

EL PAÍS reconstruye ahora con documentación oficial los pasos que da el gobierno autonómico para salvar al hospital con una decisión firmada de su puño y letra por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y la propia presidenta regional.

Todo arranca con una argumentación inesperada. “Nunca se ha dejado de llevar a cabo la asistencia sanitaria que ha sido necesaria”, escribe José Nieves, el Consejero Delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en la memoria justificativa con la que el gobierno regional aprueba el reequilibrio. Y apostilla: “Pese a las dificultades”.

Que se valore esa circunstancia da cuenta de la tensión que trasladan los gestores del hospital al equipo de Sanidad de la Comunidad. La primera petición de restablecimiento del equilibrio económico de la concesión llega el 28 de diciembre de 2022. El 28 de marzo se actualiza. Y el 23 de enero y el 11 de abril se reitera. La aceleración del ritmo de los reclamos resume la urgencia de la situación. Hay otra pista: la concesionaria quiere que se revise el balance cada cinco años, para que se la compense periódicamente por ofrecer nuevos servicios, tecnologías o fármacos, según la documentación del expediente. Y con todo eso delante, la Administración acaba haciendo un diagnóstico de gravedad.

“Concurre una situación extraordinaria”, escribe Nieves. “En su escrito de recurso, Torrejón Salud puso de manifiesto la existencia de un desequilibrio que determina que el adjudicatario se sitúe en la actualidad en una situación de práctica insolvencia”, sigue. “En base a la situación patrimonial de la sociedad, con presencia de Patrimonio negativo y acumulación de pérdidas durante los últimos años, consideramos que sí se encuentra en una situación de práctica insolvencia”.

¿Qué está pasando? La concesión de la explotación de este hospital es en la modalidad de “riesgo y ventura”. Es decir, ganar dinero no está asegurado, y perderlo es una opción. Y nada se dice de que la matriz del centro arrastra problemas económicos en forma de deuda (124 millones en 2022) por, entre otras razones, haber apostado por el modelo hospitalario impulsado durante la presidencia de Esperanza Aguirre (2003-2012). Este consistía en que la concesionaria construyera gratis el edificio y lo explotara durante 30 años a cambio de recibir un pago anual de la administración, que será la dueña de la infraestructura cuando acabe la concesión.

Sin embargo, a juicio de las partes implicadas, las razones de la enfermedad son otras. “Un fuerte crecimiento de la inflación”. “Los factores demográficos”, ya que, se argumenta, “aunque la población ha tenido una tendencia incremental, la cápita de financiación (lo que se cobra) por habitante ha experimentado un crecimiento mínimo”. Se cita también “el coste de los medicamentos nuevos y de alto impacto”. Y ahí el gestor del hospital aporta un buen puñado de tablas de excel y datos con los que defender su postura.

“Se evidencian unos sobrecostes evidentes por nuevas prestaciones en la cartera de servicios, por innovación terapéutica fundamentalmente en el área de farmacia, por la asunción de nuevas tecnologías no contempladas en el momento inicial del contrato (como son los sensores medidores de glucosa intersticial), o por asumir el reembolso de pagos a clínicas concertadas para la realización de procedimientos y técnicas incluidos en la cartera de servicios pero no realizados en la sede del centro, como es el caso de las interrupciones voluntarias del embarazo”, argumenta la Comunidad de Madrid.

Ejemplo uno: en derivaciones para abortos se gastan 914.377,23 en el periodo 2017-2024.

Ejemplo dos: la incorporación de nuevos medicamentos que se han financiado con posteridad a la concesión ha supuesto pasar de un gasto de cero euros en 2018 a siete millones en 2024 solo en esta partida, que suma 24 millones entre 2019 y 2024.

Ejemplo tres: se pasa de gastar cero euros en sensores de glucosa para diabéticos en 2017 a 633.000 euros en 2024 porque se ha incluido esa prestación en la cartera de servicios.

Ejemplo cuatro: en medicina nuclear se gastan más de cinco millones entre 2017 y 2024. Con todos esos argumentos se justifica el tratamiento: hay que pagar 32,7 millones.

“El SERMAS no debe negar la necesidad y obligación legal de restablecer el equilibrio económico de este contrato, cuando, como ocurre en este caso, se ha roto efectivamente debido a causas imprevistas que suceden con posterioridad a su formalización, y que hacen que su ejecución sea mucho más onerosa y costosa para una de las partes”, se lee en la memoria justificativa. El hospital de Torrejón acaba de ser rescatado.