El acoso de un fondo buitre a los vecinos de Lavapiés termina en el juzgado

Al fondo de inversión Elix Rental Housing se le está atragantando Lavapiés. Lo que iba a ser una operación rápida: comprar, expulsar a los vecinos, reformar y convertirlo en pisos turísticos va camino de terminar en los juzgados, casi dos años después de que los inquilinos supieran que tenían un nuevo casero. La culpa la tienen ocho vecinos que, como si fueran la vieja aldea gala de Asterix, resisten unidos la embestida especulativa.

Tras 20 meses de lucha contra la socimi Elix Rental Housing los vecinos de Tribulete 7 han conseguido que el Juzgado número 17 de Madrid admita a trámite su querella contra el fondo por acoso inmobiliario. “Es la primera vez que se imputa a un fondo de estas características por acoso a los inquilinos “, señala Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas. “Se ha abierto una investigación y se ha citado a declarar como presuntos responsables a cuatro cargos de la empresa, entre ellos uno de los socios fundadores, el arquitecto o el jefe de obra”, ha detallado Jacinto.

Los vecinos de Tribulete llevan luchando contra Elix Rental Housing desde marzo de 2024, fecha en la que la empresa compró el bloque de viviendas de Lavapiés con 54 vecinos dentro. A todos ellos se les comunicó que sus contratos de alquiler no serían renovados y poco a poco se fueron marchando, pero once de ellos dijeron que no, que tenían una serie de derechos adquiridos y que seguirían pagando el alquiler hasta que un juez resolviera el problema, resume Nacho, uno de los vecinos ‘en resistencia’, que prefiere no dar su apellido.

Así que Elix Rental Housing comenzó a torturarles la existencia: obras durante todo el día, paredes y cañerías dañados en las zonas comunes, desprendimientos en el tejado y un portal que se inunda periódicamente. Todo hasta lograr que poco a poco se fuera yendo. “La intención era conseguir que se fueran por su propio pie y que así les saliera más rentable, ahorrándose los costes y el tiempo que les llevaría desalojarlos por la vía judicial”, insiste la abogada.

El mes pasado lo hizo un matrimonio de octogenarios y el mes anterior otra pareja de ancianos que llevaban toda la vida viviendo en Tribulete 7, decidió también que no aguantaba más. Los ocho vecinos que quedan decidieron unirse y aguantar y con la ayuda del Sindicato de Inquilinas.

El comprador que tendrá que pasar por el juzgado el 19 de febrero es Elix Rental Housing,un fondo inmobiliario propiedad de AltamarCAM Partners, del que es presidente Claudio Aguirre, primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, esa familia que lo mismo termina en los juzgados por la venta irregular de un cuadro de Goya que por comprar un edificio con inquilinos dentro a los que hace la vida imposible.

Tribulete 7, es el caso más conocido de una embestida especulativa que afecta al barrio entero. Antes que ellos, los fondos compraron los edificios de Buenavista, 25, Zurita, 22 o Argumosa, 11 y uno tras otro fueron expulsando a los vecinos al adquirir el edificio completo.

Más de cinco vecinos dejan cada día Lavapiés ante el aumento del precio de los alquileres. Según el último informe de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, el barrio ha perdido 10.000 en los últimos cinco años, una situación que altera por completo el ecosistema.

“Han sido meses insoportables. Elix ha intentado negociar, pero no quieren que sea en grupo, sino de manera individualizada”, explica Cristina Gómez, otra de las vecinas asediadas. “Su objetivo es dividirnos”, insiste. Las familias que resisten en el edificio acusan a Elix de incurrir en lo que se conoce como mobbing inmobiliario. Una práctica que está provocando daños materiales en sus viviendas, pero también sometiéndolos a una presión psicológica inaguantable. “Esta práctica de acoso y hostigamiento a través de unas obras de supuesta mejora es moneda común por parte de todos los fondos buitre para hacer imposible la vida a las vecinas y que se vayan incluso antes de la finalización de sus contratos”, insisten desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

“El juzgado ha entendido que los indicios que hemos apartado son suficientes como para citarles como investigados”, dice la abogada. Si prospera la demanda podría llegar a sentar a un fondo buitre en el banquillo “y la pena prevista en el código penal por acoso inmobiliario es de presión, pero hay también una responsabilidad penal de la propia empresa que podría llevar aparejada la disolución de la sociedad”, añade.

En Madrid los alquileres han subido un 60% en los últimos 10 años frente a los salarios que solo han subido el 3%. Desde el sindicato de inquilinas buscan justicia y que además de que se investigue, “el fondo se corte a la hora de hacer la vida imposible a estos vecinos y vecinas. Al fin y al cabo, ellos estaban viviendo tranquilamente en su casa hasta que este fondo de inversión compró el edificio y decidió sustituirlos por otros más rentables a futuro”, dice Lucas Vaquero, portavoz del sindicato. Según los afectados, en el Madrid de los precios imposibles en vivienda, a los grandes tenedores les llegó esta semana un mensaje claro: “se les acabó la impunidad y utilizar las obras para amedrentar y vaciar un edificio para especular con él”, añade Jacinto.