El Ayuntamiento de Madrid acumula 423.900 euros de multas por ruido que se ha puesto a sí mismo
Durante los últimos cuatro años el Consistorio se ha sancionado 66 veces
El Ayuntamiento de Madrid ha incumplido hasta en 66 ocasiones su propia normativa de ruido durante las fiestas de San Isidro de los últimos cuatro años. Lo ha hecho a través de la empresa pública dependiente del área de Cultura y Turismo, Madrid Destino, el área que organizan los grandes eventos municipales. Las multas, que se han tramitado desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del propio Consistorio, suman un total de 429.900 euros. Algunas, las más graves, lo son por superar con creces el límite de decibelios permitidos en zonas declaradas de especial protección acústica, como la plaza Mayor o la de Gabriel Miró. Hasta este momento, el Consistorio no ha respondido a las preguntas de EL PAÍS sobre este asunto.
Que el Ayuntamiento se multe a sí mismo es una paradoja porque el dinero con el que abonará el importe de las sanciones sale de la partida presupuestaria recogida para la empresa pública Madrid Destino y es ingresado de nuevo en las arcas públicas municipales. Sin embargo, para los socialistas, la trascendencia del asunto va más allá de un problema económico. “El Ayuntamiento tendría que ser ejemplarizante”, critica el concejal del PSOE, Jorge Donaire. “Deberían exigirse lo mismo que exigen a los promotores privados, porque parece que la idea de la normativa está hecha solo para algunos”, añade.
Algunos de los eventos por los que el Ayuntamiento se ha sancionado contaban con un permiso especial para superar el límite establecido de decibelios, algo que se hace de manera habitual en las fiestas patronales o en eventos puntuales. Pese a que el límite de ruido en condiciones normales es de 45 decibelios y el Consistorio autorizó conciertos en los que se permitía alcanzar los 75, algunas mediciones en fachadas de edificios detectaron que se superaron los 100. La medición del ruido no es lineal, sino que es exponencial. Cada tres decibelios el volumen total se ha duplicado. Por tanto, que se haya llegado a los 100 decibelios cuando el límite era de 75 supone que el sonido era 323 veces más intenso de lo permitido.
Al menos hay 66 actas de incumplimiento de la normativa municipal de ruido por el propio Ayuntamiento y todas vinculadas a eventos celebrados por las fiestas de San Isidro. De ellas, nueve son de 2022, 27 de 2023, 18 de 2024 y 12 de este año. No todas las actas han terminado en sanción porque el Consistorio solo multa el acto celebrado por día con mayor nivel de ruido.
La manera en la que Madrid Destino ha ido reaccionando a las sanciones ha cambiado. En los primeros años, 2022 y 2023, las recurría, pero desde 2024 las acepta y se acoge al “reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario” para beneficiarse de una reducción del 40% del importe a pagar. Aun así, el Ayuntamiento se ha desembolsado a sí mismo 429.900 euros durante estos últimos cuatro años.
En la normativa municipal están recogidas medidas contra las infracciones por superar el límite de ruido más allá de pagar multas. Son, por ejemplo, la clausura del acto, la retirada de los “focos emisores” (los altavoces) o, incluso, la suspensión de licencia para hacer eventos de ese tipo hasta de cinco años. En los casos en los que ha sido el propio Ayuntamiento el que ha incumplido su normativa solo se han puesto sanciones económicas. Según está estipulado, las consideradas “graves” van desde los 12.000 a los 300.000 euros. En este caso, a pesar de que hay algunas que figuran como “muy graves”, la multa más alta ronda los 24.000 euros.
Desde el Grupo Municipal Socialista señalan que, a mayores, el Ayuntamiento de Madrid presentó en octubre de este año el llamado Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica, que contempla como “una de las principales causas de reclamaciones en el ámbito del ruido” los “grandes eventos” que se celebran en la ciudad. Desde el PSOE critican que, a pesar de ello, no se plantean casi medidas para hacer frente a esa situación. Algunas de las que figuran son mantener “constante comunicación con los promotores de los eventos”, condicionar “su celebración al cumplimiento de una serie de medidas correctoras”, como pantallas de insonorización, o establecer “unos horarios de funcionamiento compatibles con los periodos de descanso de los residentes”.