Más Madrid recurre el Plan Reside de Almeida sobre pisos turísticos en los tribunales

El grupo municipal Más Madrid ha presentado el pasado lunes un recurso ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Plan Reside aprobado por el actual ejecutivo municipal de José Luis Martínez-Almeida, tal como ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado EL PAÍS. Según esa nueva normativa, las viviendas de uso turístico que operen en el centro de Madrid tienen que concentrarse en edificios exclusivos para ese uso o, de lo contrario, no podrán obtener licencia de actividad. Es decir, que no podrá haber pisos de alquiler a turistas en el mismo bloque en el que haya vecinos y esto, según el partido de Rita Maestre, favorece que se expulse de la zona a muchos residentes que vivan con contratos de alquiler. “Va a provocar que Madrid sea una ciudad sin ley, con pisos turísticos ilegales creciendo como setas”, ha criticado el portavoz en funciones del grupo, Eduardo Rubiño.

Pero esa discrepancia sobre el fondo de la cuestión, según Más Madrid, no es el único problema. También consideran que hay errores jurídicos en la tramitación de la normativa, como la falta de valoración del impacto económico que va a tener, la ausencia de un informe de sostenibilidad económica para el Consistorio y la falta de un plan de disciplina urbanística que garantice que las vivienda turísticas ilegales ―que supone aproximadamente el 96% del total― sigan proliferando. “No hay ninguna medida en el plan dirigida a acabar con los más de 15.000 pisos turísticos ilegales”, ha reprochado Rubiño.

Respecto al impacto que va a tener, desde Más Madrid plantean que con esta normativa se crea el campo de cultivo perfecto para que los fondos de inversión compren bloques enteros y los conviertan en hoteles, un negocio de gran rentabilidad y, ahora, totalmente legal. “Almeida despliega una alfombra roja a los fondos buitre en Madrid”, señala Rubiño. “Solo pretende vaciar el centro para convertirlo en un hotel gigante”. añade.

El plan fue aprobado en un pleno extraordinario en mayo solo con los votos a favor del PP, que tiene mayoría absoluta en el Consistorio. Como implica una modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobado en el año 1997, la Comunidad de Madrid tuvo que dar su visto bueno para que empezara a aplicarse, y lo hizo en agosto.

En Madrid hay varios ejemplos de edificios que pertenecen a un solo propietario o fondo de inversión y que ahora está tratando de vaciar para transformar o bien en viviendas de lujo o bien, en su mayoría, en apartamentos de vacaciones. Son el ejemplo del que hay en la calle de Galileo, 22; en San Ildefonso, 20; en Tribulete, 7 o el caso de Maricarmen, en el Retiro, entre otros. En ellos se repite un mismo patrón: llegan burofaxes en los que se informa a los vecinos de que no se les renuevan contratos, y aquellos que tengan firmados varios años, sufren presiones para irse.

Una vez esto ocurre, operar sin licencia sale barato en casi todos los casos. En Madrid hay más de 15.000 viviendas turísticas ilegales funcionando a pleno rendimiento pero, a lo largo del años pasado, el Ayuntamiento solo impuso 92 sanciones a sus propietarios. Hay algunos casos muy extremos, como el que vivió Jesús Nebreda a finales de abril, cuando el apartamento vacacional ilegal que hay encima de su casa se desplomó sobre su salón y en este momento sigue funcionando sin haber recibido una sola sanción. “No vamos a parar hasta que el Ayuntamiento les eche el cerrojo [a las VUT], blinde su uso residencial, límite las subidas de los alquileres y amplíe el parque público de vivienda”, ha concluido Rubiño.

El recurso presentado por Más Madrid se suma a otro presentado también en el TSJM por el PSOE que ha sido admitido a trámite. Los socialistas también consideran que el nuevo plan de Almeida es “un instrumento para favorecer el negocio de grandes fondos inversores”. Además, el pasado viernes, más de un centenar de propietarios de alojamientos turísticos también han recurrido en conjunto la medida en el mismo tribunal porque tampoco se sienten conformes, aunque por otras razones. Según el abogado al frente de esa demanda, Javier Flores, la actitud del Ayuntamiento de Madrid es “abiertamente agresiva hacia los propietarios locales” porque las medidas restrictivas que se aplican “equiparan injustamente a quienes gestionan una vivienda familiar con grandes operadores mercantiles”. “La existencia de recursos por motivos tan distintos demuestra que el Plan Reside no resuelve el problema del uso turístico, sino que lo agrava, generando incertidumbre tanto para los vecinos como para los propietarios locales”, apuntan los promotores.