Maricarmen, la mujer de 87 años que está a punto de perder su casa por una ley machista de la época de Franco

Las calles del barrio madrileño de Ibiza están empapeladas esta semana con carteles naranjas y blancos en los que se lee: “Maricarmen se queda. 70 años en el barrio”. Por ahora, ahí sigue, aunque puede que le quede poco. Porque, en efecto, en el número 46 de la calle Sainz de Baranda ha vivido toda su vida María del Carmen Abascal, de 87 años. Su edificio es una buena muestra de los nuevos tiempos que corren: el ascensor conserva por dentro la madera original, pero su exterior es ya de frío metal. En la sexta planta, en un piso de 60 metros, Maricarmen, como la llaman desde siempre los vecinos, nació, vio morir a sus padres y a su hermano y ahora espera poder hacerlo ella también cuando le llegue el momento. Pero es posible que no pueda: un fondo de inversión aspira a romper su contrato de renta antigua para quedarse con el inmueble.

Para entender el conflicto hay que remontarse a casi 70 años. Su padre firmó en 1956 el contrato de arrendamiento que aún la mantiene en esa casa. A la muerte de este, pocos años después, su esposa, que no pudo firmar el primer contrato por ser mujer, se subrogó a lo pactado por su difunto esposo, lo que le permitió seguir viviendo en el domicilio junto a su hija hasta su fallecimiento en 2005. Finalmente, Maricarmen heredó el contrato de ambos subrogándose a las mismas condiciones: una renta que se actualizaba cada año basándose en el IPC, más otros gastos como el IBI. Así ha vivido durante casi 20 años.

Ahora, el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L. pretende desahuciarla el próximo 29 de octubre. “Voy a luchar hasta el final”, asegura. No tiene familiares ni dinero para buscar otra vivienda. Paga 500 euros de alquiler al mes y cobra una pensión de 1.450 euros. El fondo quiere triplicarle el alquiler. “Que alguien me explique cómo, con 1.450 euros, puedo pagar 1.650. Cuando me mandaron la carta, me sentí humillada”, relata.

Entre 1950 y 1985, la legislación española establecía que los contratos de arrendamiento de vivienda tenían carácter vitalicio y podían heredarse por el cónyuge y los descendientes que habitasen el domicilio. El decreto Boyer de 1985 acabó con esta medida de protección para los alquileres suscritos a partir de entonces, aunque se mantuvo el régimen indefinido para los contratos anteriores, conocidos desde entonces como contratos de renta antigua.

El caso de Maricarmen, sin embargo, es especial por toparse con el machismo de unas leyes franquistas, que no consideraban a las mujeres como personas con plenos derechos. Si el contrato se hubiese firmado en la actualidad, los dos padres de Maricarmen serían titulares del primer contrato, y el suyo sería una primera subrogación, es decir, seguiría en vigor. Al existir, sin embargo, una primera subrogación pactada por la madre, Maricarmen ha perdido ese derecho. “Si hubiera firmado ese primer contrato también mi mamá, esto no sería un problema. En realidad, es culpa del machismo de Franco que yo esté ahora en posibilidad de perder mi casa”, comenta.

Hoy, Maricarmen recuerda cada rincón de su piso como si fuera una extensión de sí misma. “Aquí tengo todos mis recuerdos. Mi papá murió muy joven, en el año 60, con 51 años. Y mi mamá murió en 2005, en esta casa. Yo he vivido aquí desde el año 56 hasta el día de hoy”. Cada pintura y objeto de colección de su mesita del té le traen recuerdos de una vivencia de la que no quiere desprenderse.

Estudió profesorado de taquimecanografía, luego secretariado y finalmente comenzó a trabajar en una empresa farmacéutica americana, donde estuvo 34 años como secretaria del consejo de administración. Se jubiló en 1998. “He trabajado toda mi vida”, repite con orgullo. Hoy sus días son rutinarios. Se levanta a las nueve, da una vuelta por un barrio que se ha transformado por completo, limpia el polvo, hace ejercicios para su maltrecha espalda y acude con frecuencia al hospital Gregorio Marañón, que es el que más cerca le queda. Después, merienda, ve la televisión e intenta dormir. Pero hace meses que no concilia el sueño sin pastillas. “Me llegan pesadillas de verme desahuciada de la única casa que he conocido en mi vida, sin ningún tipo de alternativa habitacional”, confiesa. “Yo estoy luchando porque quiero seguir viviendo en mi casa, porque es mi casa, es mi vida, estos son mis recuerdos.”

En 2018, la familia propietaria del edificio vendió la finca a Renta Corporación, uno de los grandes grupos inmobiliarios del país. Los nuevos dueños contactaron a Maricarmen en 2020 para ofrecerle la compra del piso, pero su pensión no le permitía afrontarlo. “Me mandaron una carta diciendo que me respetaban todos los derechos que mi papá había firmado en el contrato indefinido, y entonces quedé tranquila”. Al día siguiente de rechazar la oferta, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., una empresa especializada en asesoramiento de inversiones inmobiliarias. Y con Urbagestión llegaron los problemas. Sus administradores, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes —titulares de más de una docena de empresas en los ámbitos agroalimentario e inmobiliario—, notificaron a Maricarmen que el contrato subrogado a su favor debía haberse extinguido en 2007. La empresa no ha respondido a las preguntas de este periódico. “Yo no tengo ninguna conexión con los propietarios ni con el fondo buitre de Urbagestión, en absoluto. Yo abono la renta en una cuenta corriente que ellos me dieron y les mando un correo diciendo que he efectuado la transferencia, pero no los conozco ni los he visto personalmente”, lamenta.

Poco después, la llevaron a los tribunales. En primera instancia, la justicia dio la razón a Maricarmen, pero el fondo recurrió una y otra vez hasta que el Tribunal Supremo falló a su favor el pasado marzo. El motivo: la segunda subrogación del contrato (una vez fallecidos el primer titular y su cónyuge) solo puede tener una duración de dos años, salvo en el caso de que el descendiente conviviente tenga una discapacidad superior al 65%. Maricarmen, con 87 años y movilidad reducida por operaciones de cadera, tiene reconocida una discapacidad del 50%. De nada le han servido los derechos adquiridos durante 15 años de subrogación sin disputa. “No es miedo lo que tengo. Lo que tengo es un sentir de lo poco que se valora al ser humano, de la poca humanidad que existe ahora”, dice.

El Sindicato de Inquilinas, que la acompaña en este proceso, considera que la sentencia es inédita: prioriza los requisitos formales de la subrogación por encima del espíritu de la ley y de la realidad social del tiempo, como recoge el artículo 3 del Código Civil. Urbagestión exige ahora a Maricarmen un alquiler mensual de 1.650 euros —a modo de “favor”, ya que el resto de los pisos se alquilan a unos 2.650—, aun sabiendo que su pensión es de solo 1.450 euros. En caso contrario, le dan de plazo hasta el 31 de mayo para abandonar la vivienda donde ha residido casi siete décadas.

“He estado en el servicio social de Retiro. Me entrevisté con una persona y le dije que no tengo dinero; si me obligan a moverme, no tengo para una mudanza, ni hijos que me ayuden. Pregunté si tenía algún tipo de ayuda: no tienen ninguna más allá de ponerme en una larga lista de espera. Entonces dije: si yo, por mala suerte, me tengo que ir, ¿dónde me voy?”, se pregunta. Aún no ha empezado a hacer cajas, pues confía en que la justicia pueda rectificar. Según los últimos datos del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), hasta septiembre de 2024, seis personas son expulsadas de su casa en la capital cada día. Unas 60 a diario en toda España

“Las leyes siguen siendo, en cierta medida, injustas con las mujeres. Pero más allá de eso, creo que para solucionarlo la ley actual de vivienda debería corregirse y frenar la cantidad de desahucios que hay. Se pone a la gente en la calle porque un fondo buitre ha comprado. No, perdóneme: si usted está viviendo en su casa, usted tiene además un derecho a un techo. Eso se tiene que garantizar”, reclama Maricarmen serena. Y acaba con una última convicción: pese a su edad y su soledad, se niega a rendirse.