Estudiantes y personal de las universidades públicas de Madrid convocan una huelga de dos días por “la asfixia económica”

La coordinadora de las plataformas de las universidades públicas, integrada por trabajadores y estudiantes, prepara dos días de huelga en noviembre para reclamar una financiación total ante la crítica situación que afrontan los campus en Madrid. Así lo ha trasladado la asociación UCM por la Pública en un comunicado. A falta de definir la fecha concreta de la protestas, la entidad carga contra la Comunida de Madrid por “querer hacer creer que la larga asfixia económica” que sufren los centros universitarios “es culpa de quienes trabajan en las públicas”.

En este sentido, la asociación asegura que de las 49 universidades públicas que hay en España, las cuatro que menos porcentaje de financiación reciben por estudiante son la Rey Juan Carlos, la Autónoma, la Carlos III y la Complutense. “Mientras el PIB de la Comunidad de Madrid ha subido en un 8,8% en los últimos 15 años, el presupuesto dedicado a personal en la Complutense ha disminuido en un 15,5%”, denuncia.

UCM por la Pública critica el desequilibrio entre el crecimiento económico de la región y la inversión en personal universitario. En su comunicado, resalta que “más allá de las mentiras y justificaciones de los recortes”, Madrid es la comunidad autónoma que menos proporción de presupuesto aporta a sus universidades públicas, con las tasas más altas de grado y máster y los salarios más bajos de las 17 comunidades autónomas.

“No podemos admitir que el derecho a la educación dependa de préstamos o de una financión por objetivos propia del negocio privado”, denuncia la entidad en referencia al reciente anuncio de la Consejería de Educación en el que comunicaba que se supeditará esta cuantía económica de forma anual a las universidades que cumplan una serie de requisitos. Así lo recogerá la futura Ley regional de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que por ahora solo es un borrador, aunque la Comunidad de Madrid pretende llevarla en diciembre a la Asamblea para que entre en vigor el próximo curso.

Su resultado final parece asemejarse poco al proyecto que se anunció hace más de dos años. Uno de los grandes cambios incluye esta financiación por méritos, un concurso anual con un premio de 10 millones de euros a repartir entre las seis universidades públicas de Madrid. Si todas alcanzasen las metas propuestas, les tocaría a cada una poco más de un millón y medio de euros.

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades creen que es una cantidad muy escasa. “La nueva ley autonómica que Ayuso pretende imponer exige que las universidades capten al menos un 30% de sus fondos de fuentes externas. Este modelo erosiona la autonomía universitaria, favorece la dependencia de capital privado y vulnera el carácter público de la universidad”, aclaran.

Desde 2018, el Gobierno de España ha incrementado en más de un 50% las transferencias a las comunidades autónomas respecto a la etapa del Gobierno anterior, con la expectativa de que ese esfuerzo repercuta en servicios públicos esenciales como la universidad o la sanidad. Sin embargo, lamentan que, en el caso de Madrid, ese refuerzo no se ha traducido en una mejora de la financiación universitaria.

“Ha aplicado durante los últimos años una política de asfixia financiera a las universidades públicas y ahora ofrece un rescate condicionado a recortes de gastos y cumplimiento de objetivos”, espetan desde ministerio.

Ante esta situación, UCM por la Pública reclama “una educación superior plenamente pública y financiada al 100%, sin someterla a criterios de rentabilidad". Reitera que “no aceptarán ser señalados como culpables del estrangulamiento financiero que sufren desde la crisis de 2008”.