Un juzgado procesa al alcalde de Arroyomolinos por presunta prevaricación, falsedad y malversación

El juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero ha procesado este martes al alcalde del municipio de Arroyomolinos (Comunidad de Madrid), Luis Quiroga (PP), por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación. La magistrada sostiene que hay ...

El juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero ha procesado este martes al alcalde del municipio de Arroyomolinos (Comunidad de Madrid), Luis Quiroga (PP), por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación. La magistrada sostiene que hay “indicios suficientes” de que Quiroga falseó actas de una empresa municipal para nombrar a varias personas como directivas de esta entidad y cobrar sueldos diferentes a los aprobados en los estatutos.

En el auto, citado por Europa Press y Efe, el juzgado acuerda continuar el procedimiento contra Quiroga y María Isabel Santamaría Alonso, secretaria de la Empresa Municipal de Gestión de Servicios de Arroyomolinos (Emugesa). Detalla que Quiroga, en su condición de concejal del Ayuntamiento y como presidente del Consejo de Administración de Emugesa, y Santamaría “modificaron el acta de la sesión del Consejo de dicha mercantil”, celebrada el 19 de julio de 2019 en la que se cesó como secretario del Consejo a Ignacio Rodríguez de la Riva y se nombró en sustitución a la investigada.

También detalla que los investigados introdujeron que Santamaría sería la adjunta a la presidencia de Emugesa, cobrando un salario diferente al de secretaria, y nombraron a otros dos adjuntos. “Todo ello, prescindiendo de cualquier tipo de procedimiento y no estando establecidos dichos puestos en los estatutos sociales” de la entidad, recoge el auto.

Los indicios a los que el juzgado ha hecho referencia se desprenden de los documentos recogidos en los autos, como el acta de la reunión del Consejo de Administración de la entidad Emugesa, S.A.U., firmado por la investigada como secretaria del Consejo y, por el investigado, como presidente del Consejo. También se sustenta en el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Documento de liquidación y finiquito, así como de las nóminas aportadas por la representación procesal de la investigada.