La ministra de Vivienda escribe a la Comunidad de Madrid para que controle los pisos de alquiler turístico: “Pido que no miréis para otro lado”

Hace un año se celebró una conferencia entre todas las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Vivienda para tomar cartas en el asunto de las viviendas de alquiler de corta duración que proliferan por las ciudades de España. El encuentro terminó con la creación del Registro Único de Arrendamientos y de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, dos herramientas para controlar todos los datos relativos y regular la actividad, y con el compromiso de que cada consejería regional acataría la ley. Con estas nuevas plataformas, cada inmueble debería solicitar una matrícula antes de tener la posibilidad de promocionarse en una plataforma digital de alquileres. Sin embargo, un año después, el mismo ministerio ha enviado una carta a la Comunidad de Madrid criticando el poco rigor con el que ha aplicado la medida, aunque portavoces de esta Administración se eximen de la culpa.

“En el caso de la Comunidad de Madrid los datos presentan una situación excepcional y por eso quiero hacértela llegar de la manera más directa posible”, introduce la ministra, Isabel Rodríguez, en la carta remitida, a la que ha tenido acceso este diario. Sin embargo, la consejería de Turismo se desmarca y asegura que las competencias las tiene la de Vivienda, y en todo caso, el Gobierno de España, que es quien “debe cumplir con su obligación de regular el alquiler de temporada”.

En primer lugar, la ministra señala en la carta que el registro de solicitudes en Madrid es “notoriamente inferior” al del resto de autonomías. Mientras en otras comunidades con cantidad de población similar, como Andalucía, donde hasta el momento 79.519 viviendas de alquiler de corta duración se han acogido a la ley, y en Cataluña, 64.753, en Madrid la cifra es tres o cuatro veces menos. Tan solo 21.043 viviendas han sido registradas a través del sistema.

“Estos datos arrojan una primera conclusión: hay un alto número de propietarios con inmuebles en el mercado que aparentemente han optado por no cumplir con la legalidad”, asevera la ministra en el documento. Y dentro de esa cifra de registros tan baja respecto a otras comunidades, está la otra “anomalía” madrileña. Solo el 16,8% de los pisos censados corresponden a la modalidad turística, mientras que el 83,2% restante son pisos de alquiler de temporada. La región es única en todo el territorio nacional, en el que la media indica que tres de cada cuatro viviendas registradas son turísticas. En Andalucía, ese porcentaje asciende a 95,5%, y en Cataluña a 66,6%.

Pero el responsable de regular el alquiler temporal, según la portavoz de la Consejería de Turismo madrileña, es el Ejecutivo de Pedro Sánchez y “su inacción favorece el uso fraudulento de este tipo de arrendamiento”. Sin embargo, señala que en materia de alquiler vacacional la región “puso en marcha el año pasado un plan de refuerzo de control” de las viviendas turísticas (VUTS), por lo que en lo que va de este año se han registrado “un 75% más de bajas” que en todo el 2024, “hasta las 11.157 VUTS, la cifra más baja desde 2029″.

El Ayuntamiento de Madrid, ciudad donde hay unos 15.000 pisos vacacionales ilegales, aprobó en mayo el llamado Plan Reside, con el que quedaban prohibidas las viviendas de alquiler turístico dispersas en comunidades de vecinos. En teoría, solo podrán funcionar en fincas dedicadas exclusivamente a este fin, aunque esto solo aplica a los que se abran nuevos, porque los que ya estaban en edificios multifamiliares, se podrán quedar. “El problema en Madrid hoy no es la normativa, sino la disciplina”, apuntaba entonces Antonio Giraldo, concejal del PSOE en el municipio.

Al comenzar este verano, los datos recabados por el Ministerio de Vivienda y el INE indicaban que tan solo uno de cada 10 pisos turísticos en la Comunidad de Madrid habían sido censados oficialmente. Por ello, el ministerio saca su segunda conclusión en su carta y es que muchos propietarios de la región “están operando con un código de temporada en fraude de ley”. Más allá de que muchas viviendas no se estén acogiendo al registro, este dato revela que entre los que sí hay propietarios que usan un código de vivienda de temporada para tener un arrendamiento turístico. “Esto se realiza únicamente para eludir los requisitos que exige la normativa de tu comunidad para este tipo de alojamientos”, señala el ministerio al consejero De Paco en la misiva.

Si los propietarios están usando este truco para evadir las responsabilidades que conlleva tener un piso turístico, es porque la Comunidad de Madrid no cuenta con una norma que determine el número de noches por las que un alquiler se considera vacacional o de temporada. En opinión del ministerio, tampoco inspecciona y controla los que ya existen “para asegurar que esas actividades se encuentran enmarcadas en la normativa correspondiente”.

“Te pido, en definitiva, que no miréis para otro lado”, se lee en la carta a la Consejería de Turismo regional, una frase que también ha escrito a otras comunidades. El resto de autonomías también ha recibido escritos similares de parte del ministerio.

Para facilitar la aplicación de la ley, el Ministerio de Vivienda se ha comprometido a compartir con la Consejería de Turismo madrileña los datos de códigos revocados, es decir, de viviendas que están operando de forma ilegal, para que esta región pueda “inspeccionar y clausurar estas viviendas, impidiendo así un uso ilegítimo para actividades que incumplen la legislación”. En definitiva, solicitamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que desarrolléis en profundidad vuestra normativa y que intensifiquéis las actividades de inspección y control como están haciendo otras comunidades y como espera la ciudadanía", concluye en la carta. Y remata: “Confío en que elijáis defender los derechos de la mayoría social”.