La pareja de Ayuso recurre ante la Audiencia Provincial su procesamiento por fraude fiscal
Esta es la última carta del empresario para evitar sentarse en el banquillo por el primero de los dos procedimientos contra él
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha hecho uso de su última baza para evitar sentarse en el banquillo. El empresario espera la respuesta de la Audiencia Provincial de Madrid a un recurso contra su procesamiento por supuestos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, una decisión que tomó en mayo la jueza que lo ha investigado durante un año y medio, la magistrada del juzgado 19 de instrucción, María Inmaculada Iglesias. La Fiscalía solicita para él una pena de 3 años y 9 meses de prisión.
El empresario, dueño de dos consultoras de calidad sanitaria, ha sido protagonista de este caso con trascendencia política desde que en marzo del año pasado la Fiscalía le denunció por un supuesto fraude fiscal de 350.910 euros. Amador también está siendo investigado en un segundo procedimiento, por un presunto soborno de medio millón de euros al ejecutivo del grupo sanitario Quirón que ha contratado a sus consultoras desde 2017.
La jueza Iglesias le procesó el 28 de mayo de este año por el primero de los dos procedimientos. El 21 de julio desestimó un primer recurso de Amador contra esa decisión y le respondió que existen indicios claros contra él. Le dio cinco días para presentar este recurso de apelación ante la Audiencia, que se ha conocido este miércoles, adelantado por varios medios y confirmado a EL PAÍS por fuentes judiciales.
La pareja de Ayuso alega que Iglesias no ha tenido en cuenta varias pruebas solicitadas, entre ellas la declaración de dos testigos y un informe pericial. Amador defiende que no tenía intención de defraudar cuando presentó 15 facturas consideradas como falsas por Hacienda, en las declaraciones del impuesto de sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Sus abogados argumentan que el auto de procesamiento, dictado sin haber admitido ninguna de las diligencias de defensa requeridas por González Amador, supone una vulneración definitiva de sus derechos fundamentales.
Fuentes judiciales informan de que la sección tercera de la Audiencia Provincial aún no ha señalado fecha de deliberación y fallo y probablemente la decisión no se conozca hasta dentro de unas semanas. Además de Amador, están procesados cuatro empresarios que supuestamente colaboraron con Amador en la elaboración de esas facturas.
Nueva jueza, en funciones
La jueza Iglesias abandonó en agosto el juzgado 19 tras su jubilación voluntaria. Fuentes judiciales informan de que una jueza de los propios juzgados de plaza de Castilla, Carmen Rodríguez-Medel, se ocupará de este órgano hasta que el Consejo General del Poder Judicial confirme si el magistrado Antonio Viejo, ganador de un concurso de traslados, toma el relevo de Iglesias.
Rodríguez-Medel es titular del juzgado 51 de instrucción. Estas sustituciones internas se producen a menudo cuando un juzgado queda vacante por breves períodos de tiempo, como por ejemplo una baja por enfermedad.
Esta magistrada se hizo conocida por haber acorralado al exlíder del Partido Popular, Pablo Casado, y a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el caso máster por las sospechas de títulos universitarios regalados. También imputó al delegado del Gobierno por la celebración del 8-M en el primer año de la pandemia.
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