La Sareb ejecuta al tercer intento un macrodesahucio de siete familias en un solo bloque en Vallecas

Varios furgones de la policía, un portal acordonado, dos funcionarios del juzgado y un grupo de vecinos gritando a las puertas. La escena que se repite seis veces al día en las calles de Madrid permite localizar a simple vista donde hay un vecino que pasará a vivir en la calle. La novedad este martes es que no fue una familia, sino siete, las desahuciadas de forma simultánea en un mismo bloque de viviendas. En concreto del número 12, 14 y 16 de la calle El Yesero de Vallecas, de donde esta mañana fueron expulsados siete vecinos cuyas viviendas pertenecen a la Sareb, el banco malo creado por el Estado y que este martes dio un giro de tuerca a su apellido. Era el tercer intento y el definitivo.

A las 12 de la mañana, la Sareb recuperaba las viviendas mientras en la calle, unas treinta personas protestaban megáfono en mano ante lo que consideran una “inmoralidad” del banco de viviendas creado en el marco del rescate de las entidades financieras españolas que quebraron tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. “Pedro Sánchez que prometió hacer de la Sareb el mayor parque público de vivienda acelera así la venta de su mejor parque de vivienda mientras continúa con su política de realojo en casas inhabitables, situadas fuera de los núcleos urbanos y con alquileres ilegales”, denuncian desde el PAH de Vallecas, una plataforma que lucha contra los desahucios en el barrio.

Llovía copiosamente este martes, pero Alejandro observaba desde la calle en mangas de camisa todo lo que sucedía frene a él: los policías desplegados, el movimiento de funcionarios del juzgado, la camioneta del Samur... Había bajado al garaje, pero la policía no le deja volver a su casa. Su hermana y sus sobrinas, en la vivienda de al lado, tampoco querían dejar una vivienda en la que lleva viviendo cinco años y por la que pagaba 500 euros de alquiler. También en la calle, Carlos, con más de diez años viviendo en el 3ºE de EL Yesero 14, acaba de quedarse con sus últimas pertenencias sobre la acera.

De las siete viviendas que la Sareb recuperó este martes, cuatro quedaron vacías el día anterior y otras tres son de familias que siguen el ajetreo frente al portal. “No ha sido posible negociar. La Sareb no responde al teléfono y el ambiente en el edificio se ha hecho irrespirable”, reconoce Alejandro, del 1ºB. No hemos dejado antes las viviendas porque hasta el último momento esperábamos que la Sareb negociara un alquiler, pero con nosotros no han querido por la campaña que han hecho otros vecinos contra nosotros”, resume.

En este bloque de edificios de Vallecas la Sareb tenía 27 viviendas. Quienes ahí vivían ni eran okupas ni entraron con una patada en la puerta. Pagaban el alquiler mensual hasta que la inmobiliaria quebró y entraron en un limbo legal. La Sareb llegó a un acuerdo con varios vecinos para el pago de un alquiler social (por un importe no superior al 30% de sus ingresos) pero no así con estos siete vecinos desalojados, principalmente colombianos y venezolanos. ¿La razón? El conflicto que mantienen con otros vecinos ha llevado la convivencia al límite.

Una de las más beligerantes, Carmen, denuncia que son ruidosos, que hacen fiestas por la noche y que dejan la piscina sucia. “Es insoportable el escándalo que hacen, este verano dejaron cristales en las zonas comunes de la piscina y nos amenazan”, explica. “Simplemente, clasismo”, añade Alejandro. “No nos quieren aquí porque el precio de sus pisos se devalúa”. El caso es que el conflicto vecinal ha ido subiendo de tono y desde las plataformas de inquilinos argumentan que la Sareb está haciendo caso a estos argumentos para lograr que se marchen y poner las viviendas a la venta en portales como Idealista con la participación de fondos buitre a los que se ha encargado su venta, denuncia Diego Sanz de la PAH de Vallecas.

La Sareb argumenta que antes de ejecutar un desahucio llevan a cabo un protocolo que incluye hasta cuatro visitas y el diálogo con las familias afectadas. Cuando se trata de personas vulnerables o que han firmado un contrato con “una empresa explotadora”, por ejemplo, “si colaboran y aportan la documentación”, señalan, arranca el programa de alquiler social. Pero, si no lo hacen, “se tiene que seguir adelante con el desalojo”. Según la Sareb, “para que el juez permita lanzar, o no hay vulnerabilidad acreditada, o no hay colaboración”. Colaboración, sin embargo, es un término que se presta a la ambigüedad y añade oscurantismo a una entidad de la que se desconoce hasta el número exacto de viviendas que controla, con una cifra que oscila entre las 30.000 y 50.000 viviendas.

Formalmente, el mandato de la Sareb es ”gestionar y liquidar los activos deteriorados procedentes de las entidades y con ello repagar la deuda que Sareb emitió con el aval del Estado”, dice su página web. Desde las Asociaciones en defensa de los inquilinos, denuncian que el objetivo real de estas viviendas es la venta. Según Celia Otero, en primera fila de la concentración contra el macrodesahucio “la Sareb está presionando a la gente para que deje los pisos y se puedan vender mediante prácticas cuestionables, sobre todo, para un ente público”, dice mientras ayuda a poner en la calle algunos de los últimos objetos de los vecinos que no volverán a la calle El Yesero.