El Gobierno de Madrid tendrá que pagar 8.000 euros a una médica que llegó a atender a 64 pacientes al día

A la Comunidad de Madrid se le van acumulando las indemnizaciones a los médicos afectados por la falta de un plan de prevención de riesgos laborales en la atención primaria. La última la ha dado a conocer el sindicato Amyts este miércoles, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya desestimado el recurso de la Consejería de Sanidad contra de una sentencia que daba la razón a una médica del centro de salud El Puerto, en Coslada, que llegó a atender hasta 64 consultas en un solo día. La sanitaria, una de las asistidas por el equipo de abogados de Amyts y AP Se Mueve, manifestó la vulneración del derecho fundamental “a la integridad física y psíquica” comprendido en el artículo 15 de la Constitución, por el que la consejería deberá pagarle 8.000 euros por los daños y perjuicios causados. Esta sentencia favorable se suma a las cerca de 100 que ya han recibido otros médicos madrileños desde que comenzaron a interponerse estas demandas en 2019, de las cuales hay otras 1.000 en curso.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, se lee el desglose de las consultas por mes que realizó esta profesional específicamente entre junio de 2021 y junio de 2022. Durante ese año, solo hubo cuatro meses en los que la demandante cumplió, en promedio, con la ratio de 30 pacientes por día más cuatro urgencias en medicina de familia (20 y cuatro en el caso de pediatría) que acordaron los sindicatos y la consejería para la salida de la huelga de la atención primaria en 2023. Sin embargo, en el resto de ese año hubo meses en los que llegó a atender a 52, a 59 o a 64 pacientes en un solo día, cifras que corresponden en ese mismo orden a los meses de noviembre y diciembre de 2021 y enero de 2022.

En diciembre, el Sermas interpuso un recurso en el que alegaba la prescripción del caso y que “no toda infracción de la normativa sobre prevención de riesgos laborales conduce inexorablemente a la vulneración del derecho a la salud o a la integridad física”, y pedía que, en todo caso, se redujera la indemnización a 2.451 euros por considerarse una infracción “grave” y no una “muy grave”. Sin embargo, la sala ha desestimado los tres motivos y ha zanjado el asunto manifestando que “la conducta omisiva de la Comunidad de Madrid no supuso una mera infracción de las normas en materia de prevención de riesgos laborales, sino una vulneración del derecho fundamental a la integridad de los médicos de atención primaria, contraviniendo el art. 15 de la Constitución”.

La sentencia, además, aclara que el Gobierno regional no cumplió con su obligación de implantar “de forma inmediata” un plan de prevención de riesgos laborales “con la valoración de los puestos de trabajo de los médicos de atención primaria y pediatras, evaluación de riesgos de los mismos y determinación de la carga de trabajo” como se le impuso en una sentencia de marzo de 2021.

Desde entonces, los siete sindicatos que conforman la mesa sectorial de Sanidad ha mantenido una campaña para que la consejería cree un plan acorde a las condiciones de la sanidad madrileña. Sindicatos como Amyts y AP Se Mueve facilitan incluso un equipo de abogados para representar a todos los profesionales de los centros de salud que hayan sido agraviados, por lo que pueden reclamar entre 8.000 y 20.000 euros de indemnización “por daños morales”.

Esos mismos sindicatos se unieron en una demanda conjunta histórica presentada en noviembre de 2024 en la que pidieron que se declarara “un conflicto colectivo por la vulneración de derechos fundamentales” por la falta del plan de riesgos, en la que pidieron una indemnización de cinco millones de euros y 100.000 euros adicionales por cada día que la Comunidad se demore en poner en práctica dicho documento.

Los sindicatos calcularon entonces que, si todos los profesionales denunciaran, teniendo en cuenta que la atención primaria madrileña cuenta con 15.000 sanitarios, el monto total en indemnizaciones podría llegar a ser de 120 millones de euros. Según Alberto Villa, uno de los abogados de Amyts, los juzgados han suspendido por el momento la tramitación de las demandas en curso de médicos de familia y pediatras por este tema a la espera de que se resuelva esta demanda conjunta, con lo cual, dice, “la Comunidad lo que hace es ganar tiempo”.

En aquel momento, un portavoz de la Consejería de Sanidad aseguró que desde 2019 existe un plan de riesgos laborales, pero que su implantación podría demorar “hasta 2027″, ya que sus medidas concretas “se frenaron con la pandemia”. Según informa ahora el portavoz a este diario, la consejería tuvo el pasado 9 de enero una vista con el juez, que determinó un aplazamiento hasta el 10 de abril, “a efectos de poder comprobar la implantación de este plan”. Sostiene que en todo este periodo han mantenido reuniones con los sindicatos “para seguir abonando, explicando y dando a conocer la implementación del mismo y llegar a la fecha señalada por el juez”. Los sindicatos de sanitarios niegan rotundamente la existencia de dicho plan y aseguran que estos documentos que presentan en las reuniones “son un lavado de cara” sin validez, para lo que se remiten a las varias sentencias del TSJM que le dan la razón a los médicos por estar desprotegidos en su día a día.