Ayuso reconoce que “pueden haberse fraccionado contratos” en el ‘caso FP’ que afecta a su Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este jueves que en su Gobierno “pueden haberse fraccionado contratos” para reformar una docena de centros de Formación Profesional. Esa alusión al caso FP, en el que se investiga la decisión de supuestamente utilizar ilegalmente contratos menores para otorgar las obras a dedo, eludiendo el concurso público, ha sido acompañada del anuncio de que la Administración regional intentará personarse como acusación particular en la polémica. Un reflejo de que la investigación está provocando grandes tensiones en la polític...

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este jueves que en su Gobierno “pueden haberse fraccionado contratos” para reformar una docena de centros de Formación Profesional. Esa alusión al caso FP, en el que se investiga la decisión de supuestamente utilizar ilegalmente contratos menores para otorgar las obras a dedo, eludiendo el concurso público, ha sido acompañada del anuncio de que la Administración regional intentará personarse como acusación particular en la polémica. Un reflejo de que la investigación está provocando grandes tensiones en la política madrileña, como demuestra también que el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, haya intentado impedir en los plenos que se haga referencia a que él estaba al frente de la Consejería de Educación en la etapa investigada, y que Rocío Albert, actual titular de Hacienda, era viceconsejera del área. Una decisión que ha tenido que rectificar este jueves.

Todo ocurre en el pleno de la Asamblea. Isabel Pérez Moñino, la portavoz de Vox, se enzarza con Ayuso a cuenta de las ayudas a la maternidad. “Me han declarado [en Vox] la guerra de una manera insensata. No lo entiendo”, contesta la presidenta. Mar Espinar, del PSOE, lanza una andanada tras otra contra la política de vivienda del Gobierno regional. ”Los precios del alquiler suben como la espuma porque usted no hace absolutamente nada”, dice. “Déjese de tanto victimismo y tanto lloriqueo político y póngase a trabajar”, le recomienda mientras defiende las políticas del Ejecutivo central (por ejemplo, la Operación Campamento, que supondrá construir 11.000 viviendas, la mayoría con protección pública).

Como toda respuesta, Ayuso ofrece críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (”saque sus manazas del Poder Judicial y de la separación de poderes y así todo funcionará”), y el anuncio de que enviará una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para trasladar el caso personal de varias víctimas de la inquiokupación en la región. Llega entonces el turno de Manuela Bergerot, de Más Madrid, y con ella, un inciso excepcional. Raro. Inusitado. Porque Ossorio, que la semana pasada impidió que una diputada de este partido se refiriera a su presunta implicación en el caso FP, toma la palabra.

Primero, parece defender su decisión de entonces, sustentada, asegura, en que no se puede criticar a los miembros de la Mesa, que dirigen el día a día del Parlamento regional, porque ejercen una labor institucional, no pueden “hacer labor de partido”, y, en consecuencia, no pueden defenderse. Pero su siguiente frase es el mejor reflejo de que nada de eso tiene un apoyo en el reglamento: Ossorio anuncia que, excepcionalmente, permitirá que se haga referencias a su pasado, es decir, a que dirigía la consejería de Educación durante la etapa que se investiga en el caso FP.

“He decidido que esas alusiones personales no aplicarlas en mi caso”, anuncia. “Pueden hablar de lo que consideren. Seguro que me trae muy buenos recuerdos”. Pero la oposición no compra el argumento. Quiere subrayar que en la sesión anterior se ha cercenado su derecho a expresarse sobre lo que considere, con el único argumento de que así lo ha acordado la asociación de presidentes autonómicos, una organización privada sin capacidad para cambiar el reglamento de la Cámara. Y por ello, Bergerot se dispara.

“El señor E. Ossorio”, arranca ironizando en referencia al M. Rajoy de los papeles de Bárcenas; “se niega a darnos explicaciones, por eso le tengo que preguntar usted”. Y empieza a preguntar: “¿Es tolerable trocear contratos para ocultar dónde va el dinero de la FP? ¿Qué nuevos o viejos amigos del PP han dado un pelotazo? ¿Quiénes de su bancada se van a sentar en el banquillo por el caso FP? ¿Es tolerable lo que pasó en la consejería de Educación cuando estaba al mando quienes todos sabemos [Ossorio]?”.

Como toda respuesta, Ayuso emite una defensa de las decisiones de su Gobierno que tiene algo de confesión parcial. “Hemos acudido a la Fiscalía para investigar irregularidades detectadas en la construcción de unos centros, al haberse, puede haber sido así, fraccionado contratos”, admite. “Por eso nos vamos a personar como acusación particular cuando la instrucción lo permita”, sigue, aunque eso dependerá de que lo permita la jueza, ya que la administración es parte nuclear de lo investigado. Y añade: “Nosotros somos los que lo hemos llevado a la justicia, y nos podríamos habernos marcado un Errejón, y taparlo y mirar para otro lado, pero no lo hemos hecho, porque no somos como ustedes”.

Como adelantó EL PAÍS, la jueza que instruye el caso FP ha citado el 26 de febrero a declarar como investigados a Alfonso Mateos, que hasta febrero de 2024 fue subdirector general de Centros de Formación Profesional del ejecutivo regional, y a otros dos funcionarios. La magistrada encargada de la instrucción del caso, en el que están personados Podemos y PSOE, ya advirtió en noviembre de “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]” y la Fiscalía describió “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” basada en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por la Consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para poner en marcha enseñanzas extraordinarias de la rama sanitaria y adaptar centros educativos en 2021, 2022 y 2023. En lugar de convocar concursos públicos para realizar esas obras, garantizando la libre concurrencia, supuestamente se acabaron fragmentando las reformas para ejecutarlas a través de contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) otorgados a dedo (principalmente al grupo Virelec).

“Sin guardar las formalidades legales en materia de contratación pública, o más bien apartándolas por completo, se ha procedido a realizar obras relevantes en centros públicos de enseñanza, permitiendo además su realización encubierta, camuflada por diferentes pagos fraccionados que impedirían a priori ver la entidad y trasfondo de las actuaciones”, se lee en un informe de diligencias de investigación preprocesal de la Fiscalía fechado en octubre. “En esta actuación irregular, el dinero procede de partidas presupuestarias previstas para gastos extraordinarios de los centros (no obras), utilizando en esta actuación irregular las cuentas de los centros educativos como cuentas de intermediación o puente”, se añade. “Las obras, al parecer, se habrían llevado a cabo, no existiendo, en principio y según los informes iniciales, perjuicio para la Administración en este punto”, se subraya. “Pero se eludió de forma evidente la normativa de contratos del sector público y los principios inspiradores de la misma, beneficiando a un entorno determinado”.

La Fiscalía divide sus pesquisas en tres bloques que tienen en común la existencia de “posibles irregularidades” pero están en diferente fase de investigación y constatación, entre otras cosas porque se sigue intentando desenredar la madeja de empresas vinculadas a Virelec que también habrían podido hacer obras. El primero afecta a la denuncia original sobre el centro educativo ciudad escolar de San Fernando, que comprende los IES Hotel Escuela y Ciudad Escolar. “La Intervención General de la Comunidad de Madrid ya ha emitido informe constatando las irregularidades”, se señala sobre unas obras por las que el Grupo Virelec presupuestó 2.417.720,5 euros, y cobró 1.281.392,87, según la Intervención regional, y que habrían sido encargadas “de forma verbal, y sin que consten documentos de formal licitación, publicidad, adjudicación, control ni formalización”. Los pagos habrían sido realizados por los directores de los centros tras recibir ingresos extraordinarios de la Comunidad. Estos apuntaron ante la Comunidad a que cumplían órdenes de Mateos, “actuando la cuenta de gestión de los centros educativos con un mero carácter instrumental en la cadena de pagos”.

El segundo bloque comprende a centros en los que la Intervención regional también dice haber detectado irregularidades. Se trata de los IES Antonio Machado, Conservatorio profesional de música de Alcalá de Henares y Escuela de arte Alberto Corazón, “con pagos presuntamente efectuados con la misma mecánica, y sin proceso de contratación y fraccionamiento de contratos, por importe conjunto de 1.013.152,94 euros, con el mismo beneficiario en el entorno de Virelec”. Este bloque también incluye a los IES Virgen de la Paloma, Príncipe Felipe, Tetuán de las Victorias y Ciudad de los Poetas “con pagos por montante total de 904.801,35 euros, al parecer también a sociedades y personas vinculadas a Virelec; cifra de carácter provisional”. El tercer bloque es el que estaba menos trabajado cuando se emitió el informe, en octubre, pues ni siquiera se había pronunciado la Intervención. Son la Escuela de Idiomas y el Centro territorial de innovación y formación sur; y los IES Carlos Bousoño y Pío Baroja.