Nacho Cano declara como imputado después de denunciar a su denunciante, a los policías y a la jueza

El promotor musical Nacho Cano acude este lunes a las diez de la mañana al juzgado a declarar como imputado, junto a tres de sus colaboradoras. Desde que el excomponente de Mecano fuera detenido el pasado 9 de julio, acusado de haber cometido presuntamente un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y de favorecer la inmigración irregular, ha querido presentarse como víctima de una conspiración político-policial. Nada más salir aquel día de la comisaría, el músico convocó una rueda de prensa en la que aseguró que estaba siendo objeto de una suerte de persecución político-policial por ser “amigo de Isabel Díaz Ayuso”, la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Trató, en aquel momento —flanqueado por abogados, por sus supuestos becarios (traídos desde México como turistas) y por sus más estrechas colaboradoras—, de justificar la situación legal de esos estudiantes en España por una dilación administrativa. Pero el asunto se fue complicando. La investigación policial, iniciada a raíz de la denuncia —en enero de 2024— de una de esas becarias, enfadada con Cano, Lesly Ochoa (de 28 años), había concluido que esos jóvenes bailarines que actuaban en su espectáculo Malinche habían sido adoctrinados para entrar en España en diciembre de 2023 haciéndose pasar por turistas y, posteriormente, habrían permanecido ajenos a la tramitación de un visado de estudios denegado por la Delegación de Gobierno de Madrid y que los dejaba en situación irregular en España. Todos ellos, a excepción de Ochoa, solicitante de asilo, retornaron a su país a finales de agosto de 2024.

La principal defensa de Cano ha sido en todo momento el ataque. Un ataque que lo ha llevado tanto a los platós de distintas televisiones como a torpedear la instrucción de la jueza del juzgado número 19 de la plaza de Castilla con sucesivos recursos, denuncias y escritos que han sido desestimados, pero que han dilatado meses el procedimiento judicial, además de envolverlo en un sonoro ruido mediático.

En el último medio año, Cano ha denunciado a la propia denunciante ―por amenazas―, ha denunciado a los policías investigadores de la comisaría de Centro ―por presuntas “coacciones, falsedad documental y detención ilegal”― y difamado al comisario Alberto Carba, a cargo de las pesquisas ―calificándolo de “discípulo del ministro del Interior”―; ha denunciado a la propia jueza, María Inmaculada Iglesias Sánchez, y la ha acusado de “prevaricar” y pseudo-amañar el reparto para que este asunto recayera en “el mismo juzgado que dirige la causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso”; y ha solicitado la expulsión del procedimiento de la acusación popular ejercida por el sindicato Comisiones Obreras (CC OO). La semana pasada, cuando comenzó el juicio oral y las declaraciones de testigos, la jueza ya imputó a dos de ellos, por considerar que podían estar compinchados con Cano y sus colaboradores.

Además, en un giro rocambolesco, los mismos abogados de Cano pretendieron (y propusieron al juzgado) ejercer también (y al mismo tiempo) la defensa de las supuestas víctimas del promotor musical, es decir, del resto de becarios que no lo denunciaron. Todo ello ha llevado a la acusación popular a entender que “la defensa mantiene un comportamiento procesal estrambótico, rayando el exabrupto y la insolencia, e impropio de una representación letrada cabal”.

En un primer momento, Nacho Cano, su equipo y su bufete de abogados, Cremades, centraron todos sus esfuerzos en desacreditar a la denunciante. Tanto él, como miembros de su equipo, como la directora de operaciones del espectáculo Malinche, Roxana Drexel (también imputada), acusaron a Lesly Ochoa de ser “una mala persona”, “mala compañera”, una “chingada local” y de chantaje.

Hasta el punto de que presentaron como prueba una serie de mensajes de WhastApp intercambiados con la denunciante en los que ella aceptaba el pago de 6.000 euros a cambio de no acudir a la comisaría. Sin embargo, la magistrada consideró que esos mensajes no aportaban nada al esclarecimiento de los presuntos delitos investigados, es decir, no servían para dilucidar por qué y cómo habían llegado esos (finalmente 17) becarios a bailar en el espectáculo de Malinche sin tener ni visado de estudios, ni contrato de trabajo, ni estar dados de alta en la Seguridad Social, y con los visados de turistas caducados hacía meses.

En mitad del procedimiento judicial, se conoció el informe de la inspectora de trabajo, que acompañó a los agentes de la Policía Nacional a la parroquia donde ensayaban los 17 supuestos “becarios” del espectáculo Malinche el 27 de junio pasado. La inspectora concluye que “realizaban prácticas no laborales en la empresa” del artista, al “amparo de una beca” para completar su formación, aunque fuese una “formación no reglada”, “ni incluida en el sistema educativo”.

Sin embargo, fue precisamente ese hecho, el que se tratara de una educación no reglada ni oficial la que se les ofrecía a esos jóvenes traídos desde México, lo que llevó a la Delegación de Gobierno de Madrid a denegarles los permisos por estudios que solicitaron. Y, precisamente, la ausencia de esa autorización, hizo que los investigadores policiales concluyeran en su atestado que los supuestos estudiantes no lo eran y, en consecuencia, se encontraban ensayando y trabajando de manera irregular en España en el espectáculo de Nacho Cano, tras haber sido traídos a España como turistas.

La magistrada tendrá ahora que determinar si hubo un voluntario intento de engaño a las autoridades españolas cuando se les indicó a los estudiantes —explícitamente y mediante los mensajes por WhastApp que constan en la causa— que se hicieran pasar por turistas, portando incluso guías de viaje. Además, deberá aclarar si las condiciones en las que posteriormente se encontraban los supuestos becarios en Madrid respondían o no a las previamente acordadas con ellos, como denunció Ochoa. Y si eran conscientes los bailarines mexicanos de encontrarse en España —bajo el paraguas de la empresa Malinche The Musical Spain S.L.— en situación irregular por la falta de visados de estudiantes, con los riesgos que eso conllevaba para ellos.

De momento, el pasado jueves la jueza imputó a dos personas más en la causa, dos de los testigos citados a declarar ese día: el director de la escuela Jana Producciones (donde supuestamente realizaban los estudios) y el administrador del hotel en el que se alojaban los becarios de Malinche, que también es accionista de la producción de Cano. La magistrada cambió la condición de ambos testigos al inicio de su declaración, al considerar que podrían haber participado en una falsedad al simular que los becarios tenían una relación de formación con Malinche, en lugar de una relación laboral. Previamente, la jueza tomó declaración a una de las becarias del espectáculo, la primera que declara en la causa para respaldar a Nacho Cano, quien aseguró que todo se hizo legalmente y que “no hay mentiras en nada de esto”, ya que ellos fueron becarios en buenas condiciones.

Tras esas decisiones de la jueza, desde la dirección de Malinche se emitió un comunicado en los siguientes términos: “Es una verdadera vergüenza ver que, una vez más, este Gobierno corrupto y su entorno utilice la estrategia del fango para generar dudas sobre un caso que es meridianamente claro. El fiscal archivó el caso días antes de la irrupción de los policías de la comisaría de Leganitos en nuestra escuela de musicales. La inspección laboral ha dictaminado claramente, a pesar de toda la presión en su contra, que los becarios eran efectivamente eso, estudiantes y no trabajadores. En cuanto a la acusación de fomento a la inmigración, no hay delito de ningún tipo, ya que se ha gestionado por profesionales que han seguido el mismo criterio que el 90% de las solicitudes de visados estudiantiles que indica la normativa europea aplicable desde el 2018. La fiscal, CC OO y la jueza demuestran querer mantener este caso vivo durante más tiempo para intentar sembrar dudas y atacar a personas de intachable reputación que se dedican a generar empleo y vivir de su esfuerzo. Nuestro crimen para ellos es la disidencia, la rebeldía frente a su abuso, no obedecer al pensamiento único. Quieren usar las herramientas del Estado para atacar a los empresarios que no sean de su cuerda. Acudiremos a todas las instancias judiciales necesarias, nacionales o internacionales, hasta que haya justicia”.