Ayuso se abre a cobrar a los colegios concertados que engorden su negocio en parcelas públicas con cursos de etapas no obligatorias

La Comunidad de Madrid ha cambiado su política educativa y se ha abierto a cobrar a los colegios concertados construidos sobre parcelas públicas que quieran engordar su negocio ampliando su oferta educativa a etapas no obligatorias (como Infantil, Formación Profesional o Bachillerato) impartidas en régimen privado puro. Así lo especifica el Gobierno autonómico en contestación a una s...

La Comunidad de Madrid ha cambiado su política educativa y se ha abierto a cobrar a los colegios concertados construidos sobre parcelas públicas que quieran engordar su negocio ampliando su oferta educativa a etapas no obligatorias (como Infantil, Formación Profesional o Bachillerato) impartidas en régimen privado puro. Así lo especifica el Gobierno autonómico en contestación a una solicitud de información de EL PAÍS registrada al amparo de la ley de transparencia, en la que se detalla que en mayo se estaba trabajando en que el centro concertado de Villa de Vallecas del grupo GSD Gredos pagara por ese concepto en el curso 2024-2025.

La cláusula que permite el cobro se recoge en los pliegos de condiciones de los tres últimos colegios concertados que ha sacado la Comunidad a licitación, una operación que ha supuesto ceder gratuitamente tres terrenos públicos valorados en un total de 30 millones para que las empresas ganadoras los exploten durante 40 años, prorrogables a 75, a cambio de construir las instalaciones.

Hasta ahora, el negocio de las empresas concesionarias se engordaba por una triple vía. Primero, facilitando la entrada de los alumnos en el centro con las polémicas becas de Educación Infantil a las que optan familias con ingresos de más de 100.000 euros. Segundo, asegurando la continuidad de esos estudiantes cuando acaban las etapas concertadas (en estos casos Infantil, Primaria y ESO) al financiar con esas mismas ayudas, por ejemplo, el Bachillerato. Y tercero, y fundamental, permitiendo que puedan ofrecer enseñanzas privadas puras en etapas no obligatorias como esas dos. Esto último es, precisamente, lo que va a empezar a cobrar Madrid a partir de ahora.

“En el supuesto de que el concesionario amplíe la oferta educativa del centro, como posibilidad prevista en la Cláusula Segunda del presente Pliego, solicitando la autorización de otras enseñanzas no obligatorias, que funcionarían en régimen privado, se revisará el establecimiento de una tasa por ocupación o aprovechamiento de bienes de dominio público”, se lee en los pliegos de condiciones de los tres concursos licitados en los últimos años para construir colegios privados concertados en Valdevebas, Vallecas y El Cañaveral. Una disposición que hasta ahora nunca se había recogido, ni aplicado, según el Ejecutivo.

“Los primeros pliegos que han regulado el establecimiento de una tasa por ocupación o aprovechamiento de bienes de dominio público conforme a lo establecido en el Texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, son los que rigen las concesiones demaniales para la construcción y gestión de centros docentes privados concertados en las parcelas ubicadas en el (...) Barrio de Valdefuentes, distrito de Hortaleza y en el (...) distrito de Villa de Vallecas, ambas en el municipio de Madrid, que fueron licitadas públicamente en noviembre de 2022 y adjudicadas y formalizadas en abril de 2023″, se lee en la respuesta gubernamental. Este diario ha comprobado que la tasa también se recoge en los pliegos de la licitación abierta para construir otro concertado en El Cañaveral. En ningún caso se recogen cifras, por lo que no se puede cuantificar a cuánto ascenderían los posibles pagos.

“Actualmente se están realizando los trámites para determinar la tasa del colegio de Villa de Vallecas para el curso 2024-2025″, añade el Gobierno en su respuesta de mayo.

En este centro concertado, explicó entonces un portavoz del grupo GSD, que lo gestiona, se quieren abrir nuevas plazas de Formación Profesional, y por ello en primavera se estaba a la espera de que la Administración comunicara a cuánto ascendía el pago de la correspondiente tasa. En la web del grupo ya se recoge la oferta educativa, aunque “pendiente de confirmar”.

“Nos consta [la novedad de la tasa]. No tenemos opinión al respecto, es un criterio de la Comunidad”, dijo entonces un portavoz de otro de los principales grupos educativos de la región, Educare.

Preguntado sobre si la tasa por incluir enseñanzas no obligatorias en régimen privado afectaría a partir de ahora a los cursos de Infantil, Bachillerato o Formación Profesional Superior que se abran en los nuevos concertados, un portavoz gubernamental respondió por oposición: “Lo obligatorio es educación primaria y secundaria”.

Punto de inflexión

La decisión supone un punto de inflexión en la política educativa del PP, que ha revitalizado su tradicional apuesta por los conciertos educativos desde la llegada al poder de José Luis Martínez-Almeida, alcalde capitalino, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, en 2019.

Así, tras un decenio sin construir este tipo de centros privados en los que hay plazas financiadas con dinero público, son ya tres las cesiones de terrenos pactadas entre ambas partes desde 2020. Los nuevos privados concertados se sitúan en los distritos de Villa de Vallecas y Hortaleza, donde la explotación de las parcelas públicas fue cedida gratis a una empresa, el grupo GSD, y Vicálvaro, donde ganó la oferta de Humanitas Centros de Educación.

Para hacerlo, el Ayuntamiento y la Comunidad han tenido que encontrar una vía por la que regatear la ley estatal de educación. La norma nacional prohíbe de facto a los municipios ceder terrenos públicos para construir centros privados concertados, pues restringe esa posibilidad “a los centros docentes públicos”. Como las Comunidades no están afectadas por esa medida, Martínez-Almeida cede la parcela a Díaz Ayuso (en los tres casos gratuitamente) y es la Comunidad quien organiza el concurso para que un privado afronte la construcción y explotación del centro concertado.

El Ejecutivo regional no culminaba una concesión como estas desde 2013, cuando puso en marcha el colegio Pasteur Arroyomolinos para el curso 2013-2014, según información proporcionada por la Consejería de Educación. En 2018 se licitó otro concertado, pero la tramitación no llegó a cerrarse. Y en 2022, el actual Ejecutivo regional reactivó un concierto durmiente (concedido pero no ejecutado) de 2005 en Villalbilla. De esta manera, si los Gobiernos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido hicieron una apuesta explícita por no crear nuevos colegios privados concertados, Díaz Ayuso ha vuelto ahora a la política de los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González. Pero con una novedad: incluir la opción de cobrar a las concesionarias por engordar su negocio.

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