Otro desahucio en Lavapiés deja sin techo a una familia vulnerable con un hijo de ocho años
La familia de Zohra ha sido obligada a dejar la casa en la que ha vivido desde 2013, después de que se negaran a pagar el alquiler hasta que los graves daños de la infraestructura no fuesen reparados
Lavapiés terminará el día con tres vecinos menos a causa de un nuevo desahucio contra una familia vulnerable. El lanzamiento ha dejado sin techo a Zohra, su marido y su hijo de ocho años, quienes han vivido en el número 31 de calle de Zurita desde 2013. La familia, que sobrevive con un ingreso mínimo vital, dejó de pagar el alquiler en 2020 debido al avanzado estado de deterioro del inmueble, que el propietario se ha negado a reparar. De poco sirvieron las decenas de personas que han bloqueado el portal para impedir el desahucio o el mecanismo al que se ha atado un activista, de tal forma que, si los efectivos policiales entraban en la casa, él quedaría colgando sobre el patio interior del bloque. Al final, los antidisturbios han desalojado el portal y los bomberos han desactivado el mecanismo de la puerta, antes de que la familia fuera obligada a abandonar el inmueble sin ninguna solución habitacional definitiva. Todo esto, denuncia el Sindicato de Inquilinas, ha ocurrido “a pesar de cumplir con todos los requisitos de vulnerabilidad que marca el Real Decreto que suspende los desahucios”. El lanzamiento se ha producido dos semanas después de que, a 400 metros de la vivienda de Zohra, Marina López, de 94 años, fuera desalojada por impago del piso en el que vivió casi cuatro décadas.
El lanzamiento estaba previsto a las 9.30, pero, desde antes de que saliera el sol, han comenzado a llegar algunos voluntarios para acompañar a Zohra en el interior de su vivienda y para impedir el paso de la policía. Pasadas las 6.00 ha llegado la policía, ha cortado el tránsito por ambas entradas de la calle y ha despejado el portal. Los vecinos se han atrincherado en la entrada del piso de la inquilina, pero no han aguantado la presión de las unidades antidisturbios. A la hora prevista, llegaba la comisión judicial y los bomberos han descolgado a un activista que se había anclado a la puerta con un dispositivo de seguridad que se accionaría en caso de que se abriera la vivienda, dejándolo en el aire a 12 metros del suelo.
El Sindicato de Inquilinas, que acompañó a Zohra durante los dos intentos previos de lanzamiento, ha detallado en una nota de prensa que la familia ha tenido que vivir entre “humedad, infestaciones de chinches y cucarachas, y problemas estructurales graves, como techos a punto de colapsar y filtraciones de agua desde el baño de los vecinos de arriba”. En este contexto, avisaron hace cuatro años al casero —propietario de todo el bloque— que se negarían a pagar los 450 euros de alquiler, hasta que no mejorara las condiciones del inmueble.
El propietario optó por resolverlo en los tribunales. Los bomberos que han asistido al desahucio este miércoles han certificado que la vivienda no reúne las condiciones de habitabilidad y dudan de que el edificio entero lo haga, porque “las vigas están en mal estado”, según ha relatado Carlos Castillo, abogado y portavoz del Sindicato de Inquilinas que ha estado presente durante todo el lanzamiento. “El propietario no está llevando a cabo ningún tipo de reforma para garantizar la seguridad de los inquilinos, mientras se lleva 27 rentas al mes”, ha denunciado Castillo.
Aunque el juzgado ha avalado la vulnerabilidad de Zohra y su marido, quienes padecen una discapacidad moderada, no ha considerado que el propietario sea un gran tenedor, es decir, que tenga más de 10 viviendas a su nombre, a pesar de que posee la totalidad de los inmuebles del bloque. Castillo ha precisado que “el edificio está registrado sin división horizontal como una única finca”. Esto significa que sobre el papel solo figura una propiedad a su nombre, aunque en la práctica sean varias propiedades. En caso de haber sido considerado un gran tenedor, y dada la vulnerabilidad económica de la familia, el desahucio podría haberse frenado, bajo la nueva Ley de Vivienda.
El Real Decreto-ley 11/2020, aprobado durante la pandemia y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2024, faculta a cualquier a juez a paralizar el desahucio de un hogar vulnerable, si no hay de por medio una alternativa habitacional, una solución que la familia ha solicitado durante el último año. Sin embargo, esta normativa no fue aplicada por la Justicia, a pesar de que “Zohra cumple todos los requisitos que establece ese real decreto y el propietario cumple todos los requisitos para que el desahucio se pueda suspender”, según ha indicado Castillo, antes de detallar: “Se trata de una medida potestativa, es decir, el juzgado si quiere la toma o, si no quiere, no. En este caso, el juez la ha interpretado de tal forma que ha beneficiado el inversor”.
Castillo ha justificado que “el propietario quiere reformar los pisos para hacer viviendas turísticas o establecer alquileres más costosos”, como ya ha ocurrido con algunos inquilinos que han entregado las llaves. Tras reformar los pisos, estos han sido ocupados por “personas de rentas altas o se han convertido viviendas turísticas”, ha señalado el portavoz del sindicato. El Samur Social ha brindado un recurso de emergencia temporal a Zohra: permanecer 20 días en el centro Las Caracolas, en Vallecas. El Sindicato de Inquilinas ha resaltado que la familia desahuciada lleva “desde 2018 en la lista de espera para un alquiler social”.
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