Se abre un nuevo frente en Montecarmelo: Almeida se enfrenta también a dos demandas del Colegio Alemán

Al Ayuntamiento de Madrid se le abre un nuevo frente con el que lidiar en medio de su cruzada por construir un cantón de limpieza y una base del Servicio de Limpieza Urgente (Selur) en el barrio de Montecarmelo. El Colegio Alemán de Madrid, que queda justo al frente de la parcela donde se proyectan las obras, ha presentado dos demandas por la vía contencioso-administrativa contra el Consistorio: una, por el cantón y otra, por la base del SELUR. La del cantón ya ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid y, en octubre, habrá una vista para que ambas partes presenten sus pruebas y para que se realice el interrogatorio.

Los directivos del colegio Alemán fueron de los primeros en enterarse de que en la parcela 26.2b se construiría esta instalación. El 26 de julio de 2023, el delegado del Área de Limpieza del Ayuntamiento, José Antonio Martínez Páramo, convocó a una reunión por la aplicación Teams a representantes del colegio para notificarles de un proyecto que consistía en la construcción de un cantón próximo al campus educativo. Una vez los alumnos comenzaron las clases tras las vacaciones de verano, el colegio informó a los padres de las intenciones del Consistorio y aclaró que ellos habían rechazado el proyecto. Comenzaba, entonces, un discreto frente de batalla en medio de la polémica que ha levantado el proyecto, que ha incluido una férrea oposición vecinal y hasta una disputa con el Gobierno central por la posible presencia de una fosa común de la Guerra Civil a escasos 12 metros del futuro cantón.

El Colegio Alemán, a su vez, está a apenas 60 metros de la vía de entrada al cantón y a unos 80 metros del muro del futuro edificio, si se toman las mediciones en Google Maps a partir del mapa del proyecto publicado en El Mundo. El proyecto no está cerca de un lugar cualquiera. Este centro escolar es la edificación civil más grande que ha construido Alemania en el extranjero. Cerca de 1.700 niños y adolescentes estudian en ese centro, ubicado en un terreno cedido por el Ayuntamiento de Madrid e inaugurado en 2015. Las instalaciones costaron 55 millones de euros, fueron financiadas por Alemania y son de su propiedad. Asimismo, la institución recibe subvenciones y asesoría del Gobierno alemán, como ocurre con todos los 140 colegios oficiales alemanes que están en el exterior. Por eso, no es de extrañar que la embajadora alemana, Maria Margarete Gosse, se reuniera con el alcalde José Luis Martínez Almeida en octubre para manifestarle su preocupación por la construcción de las dos instalaciones de limpieza.

Para ese entonces, el Gobierno municipal ya había adelantado algunos detalles al colegio sobre el proyecto con el objetivo de tranquilizar a los directivos y a los padres. En uno de los documentos, al que ya había tenido acceso EL PAÍS, se les aseguraba que en el cantón no se iban a tratar residuos orgánicos, tóxicos ni peligros. “Lo único que se va a hacer es aparcar vehículos [26, dice en otro apartado] y transferir, desde camiones pequeños a otros más grandes para su transporte, los residuos que abandonan indebidamente algunos vecinos de Fuencarral”, dice el informe que, luego, explica cómo se van a minimizar las emisiones de ruido, gases y olores. Aunque el Ayuntamiento les pedía su apoyo en el proyecto, en la comunidad educativa no hubo confianza, sino aún más preocupación.

En marzo, el colegio optó por ir por la vía judicial, según han confirmado a EL PAÍS fuentes conocedoras del caso. Tras encargar informes periciales sobre los posibles efectos del cantón sobre los estudiantes, a principios de ese mes, el colegio presentó un escrito de demanda contencioso-administrativa. Una demanda de este tipo se usa para denunciar que una administración pública ha vulnerado los derechos de una persona o entidad. El proceso relativo al cantón está en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 9 de Madrid y, ahora, está pendiente la vista en octubre. Después de esa cita, el juez estudiará el caso y emitirá su sentencia.

Sin embargo, esto no detendrá al Ayuntamiento en el proyecto. El Área de Urbanismo ha confirmado a este diario la existencia del proceso contencioso administrativo, pero matiza que, de momento, no hay medidas cautelares y, por tanto, “no afecta a los planes del Ayuntamiento respecto a la instalación del cantón de limpieza en la parcela prevista”. El Colegio Alemán ha contestado a EL PAÍS, vía correo electrónico, que próximamente se pronunciará sobre la demanda.

El Colegio Alemán no es el único que ha acudido a la vía judicial. A mediados de junio, la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI) denunció a Almeida y a cuatro funcionarios ante la sección de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía por un delito de prevaricación al “ocultar indebidamente” el contenido del informe de la empresa que contrató Cibeles para verificar si en la parcela donde se proyecta la obra hay o no una fosa con los restos de 451 brigadistas internacionales. El alcalde calificó de “estrambótica” la denuncia y aseguró que la Fiscalía tenía “cosas más importantes que investigar” que los señalamientos de la asociación de memoria.

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