El abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, envió el 2 de febrero a la Fiscalía un documento de ocho páginas donde admite que su cliente cometió dos delitos fiscales y detalla la sanción a la que se compromete para evitar entrar en prisión. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS por medio de fuentes conocedoras de la investigación, es un ...

El abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, envió el 2 de febrero a la Fiscalía un documento de ocho páginas donde admite que su cliente cometió dos delitos fiscales y detalla la sanción a la que se compromete para evitar entrar en prisión. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS por medio de fuentes conocedoras de la investigación, es un anexo al correo electrónico ya conocido en el que reconoció que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública” y contiene en detalle la pena que está dispuesto a aceptar: ocho meses de cárcel (con lo que podría evitar la prisión al ser menos de 24 meses y carecer de antecedentes penales), el abono de la cuota defraudada (350.951 euros), los intereses de demora y una sanción del 40% de lo debido a Hacienda, lo que sumaría 520.000 euros.

Esta propuesta de conformidad penal de González Amador se conoce después de las maniobras de la Comunidad de Madrid para presentar a la pareja de Ayuso como víctima de una cacería política, con las que han pretendido confundir a la opinión pública desde que estalló el caso el 12 de marzo. Como parte de esa ofensiva, la presidenta presentó la semana pasada como supuesta prueba una devolución tributaria de 620.000 euros, que formaban parte de un intento de regularización durante la investigación que no fue aceptado por Hacienda. En este escrito, el abogado reconoce que ese pago voluntario “no puede operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad”. Y añade: “Con lo cual estamos completamente de acuerdo”.

El abogado de González Amador, Carlos Neira, envió este escrito el 2 de febrero a las 12.45 bajo el asunto “Propuesta conformidad penal delito contra la HP (Hacienda Pública)”. En el escrito se detallan en seis apartados la postura de González Amador sobre el fraude, que había sido investigado por los inspectores de Hacienda durante 18 meses y que correspondía a los ejercicios fiscales del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021.

En la primera frase, la pareja de Ayuso reconoce los hechos: “Alberto González Amador acepta íntegramente los hechos contenidos en la Liquidación Vinculada a Delito que adjuntamos a esta propuesta, así como la existencia de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021, y su autoría como administrador único y socia (sic) de la sociedad Maxwell Cremona”.

Es más, en otro epígrafe, sobre el castigo de cárcel, acepta “una pena de prisión de 4 meses por cada delito a imponer a Alberto González Amador”. Es decir, que aceptaría ocho meses de cárcel. A esto le suma “la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 9 meses”.

Respecto a la multa, y conforme al artículo 305.6 del Código Penal, el letrado propone la imposición de “una multa del 40% de la cuota defraudada, atendiendo al resarcimiento del daño, y al reconocimiento de los hechos”. Además, el escrito también incluye el compromiso de pago de las costas.

En el último apartado, de suspensión de la pena, el abogado recuerda que “en todo caso, esta propuesta de conformidad penal está condicionada a la suspensión de la pena de prisión que se le incluya en la conformidad penal definitivamente alcanzada”.

Este tipo de pactos deben ser aceptados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado y ratificados ante un juez. Para llegar a este acuerdo será necesario que González Amador declare el 20 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

Tras la publicación de que la pareja de Ayuso aceptó íntegramente el fraude fiscal, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, ha asegurado tener “la sensación de que el Fiscal General del Estado terminará en la cárcel”. “Es opinión mía, desde mi teléfono personal. La cacería de Sánchez contra Díaz Ayuso les va mal. España no es Venezuela”, ha publicado en la red social X.

La defensa del PP de Madrid y el equipo de la presidenta

El PP y el Gobierno de la Comunidad han activado desde el principio de este caso una maquinaria mediática para cambiar la dinámica de la crisis política y reputacional que rodea a la presidenta tras el escándalo de su pareja. Esta es una cronología con las fechas clave.

12 de marzo. La Fiscalía denuncia a la pareja de Ayuso por defraudar 350.951 euros a Hacienda. La Fiscalía firmó una denuncia por dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil contra un grupo de cinco personas que incluye a González Amador, según publicó elDiario.es el 12 de marzo. El total de lo defraudado a través de una trama de facturas falsas asciende a 350.951 euros, según los cálculos de Hacienda.

Para que un presunto fraude como este acabe en la Fiscalía requiere que se haya defraudado 120.000 euros o más y que los inspectores de Hacienda aprecien voluntariedad y deliberación para defraudar, como en este caso, donde se presentan hasta 15 facturas falsas con ocho empresas.

13 de marzo. Ayuso defiende a su pareja en Leganés 24 horas después. “Buscan desestabilizarme a través de mi destrucción personal”. “Pedro Sánchez está sentado en la corrupción política y económica y esto no lo va a tapar”. 24 horas después de que estallara el caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid se presentó ante los medios como víctima de una operación de desestabilización política pergeñada por el PSOE para tapar el escándalo del caso Koldo, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, y la tramitación de la ley de amnistía. El informe de Hacienda detalla que la investigación de los inspectores fiscales comenzó en mayo de 2022. Es decir, dos años antes de que se conociera el escándalo del caso Koldo.

Ayuso también afirmó sentirse víctima de una “inspección fiscal salvaje y sacada de quicio”. La realidad es que la Agencia Tributaria inspeccionó en 2022 a casi 29.000 contribuyentes, pero solo denunció ante la Fiscalía 184 casos, que son los más graves y entre los que se encuentra González Amador, tal y como contó elDiario.es el 24 de marzo.

13 de marzo. MÁR entra en escena. Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MÁR, jefe de gabinete de la presidenta, filtró el 13 de marzo al diario El Mundo, y luego a otros medios, el contenido de un correo electrónico con la aparente idea de confundir sobre quién propuso inicialmente el acuerdo.

El principal colaborador de Ayuso no solamente difundió ese correo, sino que contó a los periodistas, y a través de sus redes sociales, que se ofreció ese acuerdo al novio de la presidenta, pero después el fiscal encargado del caso recibió “órdenes de arriba para retirar la propuesta de acuerdo... todo sucio”.

Al día siguiente, la Fiscalía Provincial de Madrid, a través de una nota pública y escueta, explicaba que fue al revés, que el abogado de González Amador se dirigió el 2 de febrero por correo electrónico a la Fiscalía proponiendo un pacto y reconociendo los hechos delictivos que se atribuían a su cliente. Es decir, el correo enviado por Miguel Ángel Rodríguez era parte de una cadena. Ese intento de aclaración de la Fiscalía le ha valido a la pareja de Ayuso para querellarse por revelación de datos confidenciales.

Rodríguez fue fichado por la presidenta de Madrid en enero de 2020. Desde entonces y hasta el 12 de marzo de 2024 había publicado ocho mensajes. Desde que estalló este escándalo, lleva ocho en un mes, difundiendo bulos y acusaciones graves a periodistas que investigan el caso González Amador.

3 de abril. El número dos de Ayuso se reúne con el novio de Ayuso. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se citó el miércoles 3 de abril con González Amador en un bar de Madrid, según adelantó la Cadena SER. El encuentro tuvo lugar en una cafetería del distrito de Barajas (Madrid) pocas horas después de que la defensa de González presentara su querella contra la Fiscalía. La oposición a Ayuso ha criticado este encuentro como parte de los esfuerzos de la Comunidad de Madrid por defender a un presunto defraudador fiscal.

5 de abril. El equipo de Comunicación de Ayuso distribuye a la prensa un presunto ‘hackeo’ en el correo del abogado. De nuevo, el equipo de Comunicación de la presidenta distribuyó a medios afines una denuncia sobre un presunto hackeo sufrido por los abogados de González Amador. Este correo fue previamente modificado por el jefe de gabinete de Rodríguez, según comprobó este periódico al consultar las propiedades del documento.

17 de abril. Ayuso y su equipo revelan que Hacienda devolverá 552.000 euros a González Amador. El mensaje no aclaraba el motivo del reintegro ni venía acompañado de pruebas documentales. La presidenta lo presentó como prueba de la “cacería”. Sin embargo, horas después se supo que esa devolución correspondía con la cuantía que su pareja desembolsó de modo irregular para dar carpetazo a la investigación, un pago que fue rechazado por la Agencia Tributaria y que el abogado de González Amador reconoce como inválido para exonerarle de responsabilidad, como prueba el documento publicado este martes por EL PAÍS.

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