El PP intenta acallar en la Asamblea una referencia a los 7.291 ancianos muertos en las residencias: “Si no puedo hablar, me voy”

La orden de cambiar del tema llega apenas un minuto y 31 segundos después de que Carmen López, representante de la Marea de Residencias y de la Asociación para los Derechos de los Mayores y sus Familias, tome este lunes la palabra en la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid. ...

La orden de cambiar del tema llega apenas un minuto y 31 segundos después de que Carmen López, representante de la Marea de Residencias y de la Asociación para los Derechos de los Mayores y sus Familias, tome este lunes la palabra en la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid. Miguel Ángel Rumayor, diputado del PP y presidente del organismo, no necesita escuchar más. En esos pocos segundos, ya ha oído que los 7.291 ancianos muertos en las residencias durante la pandemia fueron “víctimas”, en tanto que “persona sacrificada”, “persona que padece daño o muere por culpa ajena” o “padece las consecuencias dañosas de un delito”, según definición de la RAE. Que “murieron abandonadas en las residencias”.

Y por eso Rumayor interrumpe a López y se lanza a aplicar estrictamente el reglamento, tan cargado de razón como falto de cintura, para reclamarle a la compareciente que se ciña a la situación actual de las residencias, como si el hoy se pudiera entender sin el ayer. Una muestra más de que el PP ha decidido usar su poder para echar todo el agua que pueda en el fuego de una polémica que no cesa.

—Le tengo que llamar a la cuestión, tiene que hablar usted de la situación de las residencias, está usted hablando de un suceso de hace cuatro años—, la interrumpe Rumayor.

—Considero que para hablar de las residencias en la actualidad y el futuro es preciso analizar el pasado y el presente, le responde López (...) Si usted considera que no puedo hablar, me voy.

—(...) Lo que ocurrió hace cuatro años, ocurrió hace cuatro años (...) Ha hecho política—, remata el presidente de la comisión.

Da igual que López haya sido convocada por el PSOE cumpliendo con todas las normas. Tampoco parece importar que ella sepa desgraciadamente de lo que habla, pues perdió a su madre, cuenta, en medio de las circunstancias que denuncia. Son estas: más de 7.000 residentes fallecieron en lo peor de la pandemia como resultado de unos protocolos de triaje que impidieron su traslado a hospitales. Ese veto fue más intenso entre el 9 de marzo y el 5 de abril de 2020 y especialmente significativo entre el 16 y el 29 de marzo. Conforme los hospitales liberaron camas, los geriatras dejaron de actuar de filtro y los residentes enfermos volvieron a ser admitidos, aunque esa situación varió de un hospital a otro.

Sin embargo, esclarecer los detalles de lo ocurrido en la Asamblea es, por ahora, una quimera. Entre 2021 y 2023, el PP y Vox sumaron mayoría. Desde 2023 y hasta 2027, el PP la tiene en solitario. Eso se ha traducido en que la oposición haya intentado sin éxito en ocho ocasiones investigar lo ocurrido en las residencias, o estudiar mejoras en los centros. Y cuando algo se escapa a ese férreo control, como la compareciente de Amnistía Internacional, Carmen Miquel Acosta, que hace dos semanas denunció que se violaron los derechos humanos de los residentes, tiene consecuencias.

Primera: la semana pasada, el PP y Vox tumbaron la petición de un pleno monográfico sobre las residencias solicitado por Más Madrid. Segunda: este lunes, los dos partidos de derechas se han vuelto a unir en su rechazo a una comisión de estudio sobre estos centros propuesta por el PSOE. Tercera: la misma comisión, que escuchó el relato escalofriante de la experta de Amnistía Internacional sin ninguna cortapisa o freno, ha intentado impedir este lunes que López hablara con la misma libertad.

La oposición, salvo Vox, reacciona protestando. Pero el tono ya está marcado, los límites están puestos, y el aviso está dado.

—No es posible saber dónde estamos sin saber de dónde venimos—, dice la socialista Lorena Morales.

—Sin un buen diagnóstico, no podemos hacer una mejora—, añade luego Diego Figuera, de Más Madrid.

—El PP y Vox están obstaculizando ese diagnóstico—, lamenta Figuera.

Sin embargo, las palabras que marcan el resto de la sesión son las del diputado de Vox José Ignacio Arias, que también perdió a su madre en una residencia durante lo peor de la pandemia. “Olvidar no, pero revancha tampoco”, dice.

López escucha en silencio mientras todos los diputados hablan. Llega entonces su segundo turno. “Me ha indignado mucho escuchar el tema de la revancha. Las víctimas tienen derecho a justicia, eso no es revancha. Eso es un derecho que tenemos todos los españoles, a la justicia”, se despide con dolor. Y, mirando al diputado de la extrema derecha, le dice: “No soy hija de una víctima de covid, como usted, sino de una víctima de una serie de decisiones políticas que se han llevado a cabo en las residencias. Lo digo alto y claro. Morir por covid no es lo mismo que morir porque no te han dejado ir al hospital, o te han dejado cuando ya estabas muy grave”.

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